EDITORIAL
La vuelta sorpresiva a la política de Pablo Longueira, otro referente UDI, que está acusado por corrupción –se le imputan cohecho y múltiples delitos tributarios, y se halla a la espera de que se inicie juicio oral en su contra–, arguyendo la tesis de que hay que aprobar el cambio de Constitución pero concentrarse en el mecanismo, esto es, lograr una Convención Mixta, trajo de vuelta a la agenda noticiosa los graves ilícitos criminales vinculados a la política que sacudieron al país hace unos años (SQM, Penta, Corpesca, etc.). En estricto rigor, lo de Longueira más parece una intrincada operación de política florentina, llena de recovecos, que otra cosa.
La notoria omisión gubernamental para enfrentar de manera seria el reciente paro de uno de los gremios de camioneros, fue la tónica política de los días pasados. El fin de dicho paro estuvo marcado por el quiebre del gremio movilizado, que nunca tuvo fundamentos claros en sus propias bases, y la inevitabilidad para el Gobierno de seguir esquivando la aplicación a los cabecillas de la Ley de Seguridad del Estado –advertencia de la oposición de acusación constitucional contra el ministro del Interior de por medio–.
Hasta ahora pocas veces, o quizás nunca, se ha visto una actitud tan laxa y vacilante de parte de un Gobierno frente a un paro de camioneros, que empezaba a provocar alarma pública por desabastecimiento; además de la molestia de empresarios y ciudadanía en general ante la eventualidad de que el movimiento diera al traste con la semivuelta a la normalidad que, en medio de la pandemia, postula el Ejecutivo.
Es un principio de la política que los gobiernos ineptos, con sus decisiones ambiguas y a destiempo, dañan el funcionamiento global del país e incluso amplifican sus problemas.
El mencionado paro de los camioneros ocurrió en medio de una discusión encendida entre las distintas facciones oficialistas sobre el “carácter social e ideológico” del plebiscito del 25 de octubre, y de la lucha interna por la conducción de los partidos de Gobierno. Siendo el Ejecutivo el principal activo político que ellos tienen, la actitud que adopte la Presidencia de la República sobre la consulta ciudadana es parte sustantiva de ese debate.
El Gobierno está lejos de evidenciar una actitud serena y neutral que garantice el normal desarrollo del escenario político, que ya empezó su fase de propaganda política para el plebiscito. Insiste en generar, en cualquier oportunidad y pretexto, presiones ambiguas al Congreso y mostrar agendas sectoriales, entre ellas, la del Ministerio del Interior, con temas de seguridad que muestren un país amenazado y convulsionado, sin real fundamento.
Hechos de corrupción en la política chilena de hace algunos años, no bien resueltos por la justicia y que terminaron minando la credibilidad en las instituciones, han vuelto de manera intempestiva a la primera plana de los medios de comunicación. También en medio del debate interno del oficialismo.
Teniendo como telón de fondo la eventualidad de que el plebiscito entregue un amplio resultado a favor del Apruebo al cambio de Constitución, y de una Asamblea Constituyente totalmente electa como el mecanismo idóneo para hacerlo, un enjambre de personajes, todos de la derecha oficialista, han iniciado debate, también en enjambre, con múltiples argumentos, poniendo un crucigrama a lo que haría el oficialismo y su Gobierno.
El personaje que más escozor ha generado al interior de las huestes oficialistas es Joaquín Lavín, antiguo líder de la UDI y hoy alcalde de Las Condes, quien se manifestó hace algunos meses a favor del Apruebo y con una asamblea constituyente completamente electa, y ahora declaró “identificarse con la socialdemocracia”. Ello implicaría, de ser verdad, que está por hacer cambios drásticos, profundos, a la organización económica y política del país en la nueva Constitución, lo que apuntaría en un sentido diametralmente opuesto a lo que sostiene su partido, la UDI, que puja por la tesis del Rechazo y la defensa férrea del modelo neoliberal consagrado en la Constitución del 80.
La vuelta sorpresiva a la política de Pablo Longueira, otro referente UDI, que está acusado por corrupción –en específico: se le imputan cohecho y múltiples delitos tributarios, y se halla a la espera de que se inicie el juicio oral en su contra–, arguyendo la tesis de que hay que aprobar el cambio de Constitución pero concentrarse en el mecanismo, esto es, lograr una Convención Mixta, trajo de vuelta a la agenda noticiosa los graves ilícitos criminales vinculados a la política que sacudieron al país hace unos años (SQM, Penta, Corpesca, etc.). En estricto rigor, lo de Longueira más parece una intrincada operación de política florentina, llena de recovecos, que otra cosa.
Queda la duda en cuanto a si todo esto es un caballo de Troya político frente al plebiscito de octubre, y muy ideológico en el mal sentido del término, porque las ideas de fondo no existen y todo parece humo.
Quien puede dar la mejor respuesta, si lo desea, es Joaquín Lavín. Ello si le pone contenido real a su etiqueta de socialdemócrata, y decide explicitar su aspiración de contenidos para la Nueva Constitución, con una idea concreta del país que quiere. Esto podría desarmar el caballo que aparentemente está construyendo el oficialismo y mostrar que su cambio es de verdad. Pero ello quizás lo obligaría a ser candidato a Presidente de la República por fuera de su coalición, y eso sí que sería novedad y un golpe a la cátedra.
