Este 10 de septiembre, 8 organizaciones –Hogar de Cristo, TECHO, Fondo Esperanza, INFOCAP, entre otras– presentaron un diagnóstico y propuestas de políticas sociales para afrontar la crisis social y económica durante y pospandemia. El psicólogo detalla aquí la urgente necesidad de renovar los pisos de protección social de un país que ha “despriorizado” a los más pobres y vulnerables. «El estallido social y ahora la pandemia nos obligan a hacer un juicio ético y darnos cuenta de ¡por Dios que lo hemos hecho mal! (…). Hoy me parece que es imperativo revisar ese piso mínimo de protección social y empezar a tener una actitud completamente distinta frente a la pobreza y la desigualdad», precisa Egenau.
–¡Por Dios que lo hemos hecho mal!– suspira el psicólogo Paulo Egenau (64), director social nacional del Hogar de Cristo, aludiendo a la responsabilidad del país por décadas de políticas públicas “arcaicas, desarticuladas, inconsistentes, desfinanciadas, que no logran garantizar las trayectorias de inclusión de las personas más pobres y vulnerables de Chile”.
Lo dice a propósito del lanzamiento del documento “Pobreza y Pandemia: Diagnóstico y Propuestas para un Chile más Digno y Justo”, que se presentó este jueves en un seminario online y en el que trabajaron los equipos técnicos de TECHO-Chile, INFOCAP, Fondo Esperanza, Servicio Jesuita al Migrante, Fundación Súmate, Fundación Emplea, Fundación Lican de Tirúa, Espacio Mandela, el Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado y Hogar de Cristo. “Este fue un ejercicio intenso hecho en tiempo récord, desde la experiencia y la evidencia. No es un texto académico: está desarrollado por los equipos en terreno de instituciones que hacen un trabajo directo con las personas y las realidades de las que hablan, que incluye además evidencia, tanto internacional como nacional, de políticas de ayuda social que se están aplicando en esta crisis”.
Todas las organizaciones participantes generaron un diagnóstico a partir de su trabajo territorial de Arica a Punta Arenas con los grupos poblacionales más afectados por la pandemia, y elaboraron una serie de propuestas específicas de protección para afrontar y superar la emergencia. Los adultos mayores, las mujeres jefas de hogar, las personas en situación de calle, los hombres y mujeres con discapacidad mental, los presos, el pueblo mapuche, quienes viven en campamentos, los niños, niñas y adolescentes, aparecen como los grupos más duramente golpeados por la crisis, pero lo que más conmueve es un anexo en que se describe región por región cómo la pandemia y la cuarentena han alterado las vidas de los chilenos más desprotegidos.
[cita tipo=»destaque»]»Hoy debemos hacernos cargo de la absoluta despriorización en que hemos tenido a las personas más pobres, vulnerables y excluidas. El acuerdo social que falta es ponerlas primeras en la lista. Y esto no es una retórica publicitaria. Para mí, la salida a esta crisis va por ahí, aunque hacerlo requiere de una transformación total de las conciencias… Un cambio ético profundo, que no tiene que ver con ajustar los ministerios. El estallido social demostró algo que la pandemia ha evidenciado de manera patente: la gente ya no quiere más abuso, indignidad, abandono. Quiere dejar atrás la permanente sensación de vulnerabilidad, la falta de certezas y tener una vida buena y en paz sobre cimientos sólidos, así es que no nos hagamos más los locos».[/cita]
-Ese anexo con lo que pasa a lo largo del país en los territorios más pobres y vulnerables resulta muy gráfico. ¿Qué de todo lo relatado ahí es lo que más te impacta?
-Quizás esa parte sea la más valiosa. Es claramente también la menos académica y la que cuenta con más percepción que evidencia, pero recoge lo que ven los jefes sociales territoriales. La suma da cuenta de que Chile no es un país homogéneo, es muy diverso, incluso en sus desigualdades. Así, en el Norte Grande aparecen el fenómeno migratorio, la escasez hídrica y de agua potable, la proliferación de personas en situación de calle y de campamentos y asentamientos precarios. En La Araucanía, la cesantía ha aumentado mucho en una región marcada desde antes de la pandemia por el trabajo informal, por la ruralidad de los adultos mayores, que están desinformados y aislados, por la imposibilidad de comercializar alimentos, tanto por la crisis sanitaria como por la violencia presente en la zona. En definitiva, Chile son muchos Chiles, nuestra realidad es muy heterogénea y un error histórico ha sido abordar los problemas sociales con una mirada centralista, tomando medidas desde la capital. Hoy tenemos la oportunidad de aplicar sensibilidad regional a la realidad y generar buenas políticas de apoyo, diferenciadas y a la medida de cada territorio.
-En ese anexo, dentro de lo malo que parece todo, del empobrecimiento generalizado, la organización vecinal, que se traduce en las ollas comunes, aparece como algo positivo y común a todas las regiones. ¿Es el hambre el rasgo más homogéneo en esta crisis?
-El documento en el inicio habla de las crisis humanitarias, que es cuando se pone en riesgo la satisfacción de necesidades básicas. Y de ellas, la principal, es la alimentación, lo que te mantiene vivo. La vulnerabilidad o inseguridad alimentaria es un concepto muy importante, porque dimensiona el impacto sicológico emocional que tiene una amenaza y que se traduce en graves consecuencias sobre la salud mental. Esa amenaza, la del hambre, es algo que teníamos archivado en la memoria histórica y esta crisis ha hecho revivir experiencias a las generaciones mayores y recuperar prácticas de los años 80, cuando Chile era un país con un 40 por ciento de pobreza. Esas competencias y prácticas se han vuelto a articular, despertando algo muy bonito. La amenaza del hambre despierta lo comunitario, lo solidario. Un concepto dramático que habla de una necesidad muy humana es la vulnerabilidad relacional. Significa carecer de lazos sociales significativos, que no cuentas con personas que se ocupen de ti, te valoren y te quieran. Es una forma de capital social y hemos visto en pandemia esa carencia en los viejos que viven solos, que no se valen por sí mismos y están aislados en localidades rurales, por ejemplo.
Paulo Egenau sentencia que, como todo recurso, lo relacional también está distribuido desigualmente. Y hace notar que por eso la amistad cívica, la idea de vecindario, de barrio, de convivencia, de cuidado mutuo, deben ser caminos que deben ser articulados y apoyados con mucha fuerza. “Ahí hay una ética social muy necesaria e importante, porque las organizaciones de la sociedad civil organizada y todos los que están próximos a las necesidades de los territorios no van a tener nunca la capilaridad necesaria para saber dónde está Jaime, el señor en silla de ruedas que vive en el block y al que hace tres días que no se le ve. Eso lo sabe el dueño del almacén de la esquina, el que reparte gas, la vecina de al lado… Empoderar a esos vecinos, desde esta ética social de la corresponsabilidad, es lo que se requiere y lo que está pasando en los territorios”, comenta el psicólogo.
-¿Cree el Estado en las personas? ¿Por qué no las escucha para decidir las políticas sociales?
-Como país, nos habíamos alejado un poco de la necesidad de cubrir necesidades tan apremiantes. Creo que ha llegado el minuto de revisitar, remirar a las personas y a las familias que han vivido toda la vida en exclusión y abandono. ¿Qué podemos aprender de la experiencia internacional? Que los países que tienen buenos sistemas de protección social son más resilientes frente a las crisis, porque cuando se produce la emergencia cuentan con programas aptos para ser ampliados en cobertura y en volumen. Tienen la capacidad de identificar a las personas más afectadas y no se andan fijando en que no se les pase alguien que no califica para el beneficio. La base de todo es la promoción del diálogo social y de políticas más colaborativas, así como el empoderamiento de las organizaciones barriales y comunitarias. Hacer eso es fundamental para no prolongar el sufrimiento y las dificultades de las personas más vulnerables. Más que nunca se requiere confianza en ellos.
-Y la sociedad chilena en general, ¿en qué ha fallado?
-Hemos vivido en medio del egoísmo por años, en la falta de comunidad, en el imperio del individualismo. Como sociedad, hemos tolerado incluso la desigualdad, la inseguridad y el maltrato de las propias políticas públicas, al aceptar su mediocridad, insuficiencia y falta de respeto a la dignidad de las personas. Hoy debemos hacernos cargo de la absoluta despriorización en que hemos tenido a las personas más pobres, vulnerables y excluidas. El acuerdo social que falta es ponerlas primeras en la lista. Y esto no es una retórica publicitaria. Para mí, la salida a esta crisis va por ahí, aunque hacerlo requiere de una transformación total de las conciencias… Un cambio ético profundo, que no tiene que ver con ajustar los ministerios. El estallido social demostró algo que la pandemia ha evidenciado de manera patente: la gente ya no quiere más abuso, indignidad, abandono. Quiere dejar atrás la permanente sensación de vulnerabilidad, la falta de certezas y tener una vida buena y en paz sobre cimientos sólidos, así es que no nos hagamos más los locos.
-Dentro de las propuestas específicas del documento “Pobreza y Pandemia”, ¿cuáles destacarías?
-Me interesa mucho la propuesta de TECHO de las “cuarentenas barriales”. Dicen ellos que en barrios segregados y con alta vulnerabilidad, donde como sabemos es muy difícil, si no imposible, cumplir con el confinamiento obligatorio, porque la salud entra en conflicto con la subsistencia y la necesidad de generar ingresos para el día, se deben establecer redes de solidaridad y autogestión para organizarse, prevenir los contagios y cuidarse. La cuarentena comunitaria es una estrategia que se adapta a la realidad de las comunidades más vulnerables.
-¿Y en términos más globales?
-Muchos de los temas abordados en el documento, contienen un planteamiento que guía todo el trabajo del Hogar de Cristo: el derecho de todos a ser escuchados, en particular de quienes no lo son y no lo han sido nunca. En términos integrales, este trabajo entiende que la pobreza es una vulneración de Derechos Humanos y que, al ser así, esta crisis es una oportunidad de generar un sistema más justo y solidario, partiendo de pisos mínimos de protección social. Es empezar a estar en el mundo de una manera distinta, con una mirada crítica al individualismo exacerbado que se ha instalado en nuestro país. El estallido social y ahora la pandemia nos obligan a hacer un juicio ético y darnos cuenta de ¡por Dios que lo hemos hecho mal! Piensa en la situación de los niños bajo protección del Estado, en el Sename, donde no se ha logrado garantizar las trayectorias de inclusión de esos niños, niñas y adolescentes. Donde, en vez de reparar, se les daña más, con políticas iatrogénicas. Hoy me parece que es imperativo revisar ese piso mínimo de protección social y empezar a tener una actitud completamente distinta frente a la pobreza y la desigualdad.
-Para terminar, ¿qué expectativas de incidencia tienen las 8 instituciones que están detrás de este documento?
-Todos los que participamos de este documento estamos en un 80 por ciento con el corazón y la cabeza puestos en el resguardo de las personas para las cuales trabajamos, en la operación de nuestros servicios cotidianos, pero nos pareció vital hacer este ejercicio de conceptualización en tiempo récord, para dar cuenta de cómo la desigualdad también se expresa en la pandemia. No tenemos un plan, pero haremos lo que corresponde, que es difundirla y distribuirla entre las autoridades, los tomadores de decisiones, los medios de comunicación, el mundo empresarial… Cada una de las ocho instituciones debe ir generando sus propios espacios de incidencia, porque las ocho tenemos la misma misión: trabajar por la superación de la pobreza. Hoy lo que nos corresponde es contribuir a las políticas públicas, en este contexto COVID-19 y en el que viene, pospandemia, enfrentando las duras consecuencias que va a dejar en materia de pobreza y desigualdad.