Opinión
Al comparar este impacto globalmente, Chile evidencia cifras dramáticas: nos encontramos en el lugar número 11 en total de casos; somos el sexto país con más casos por millón de habitantes y ocupamos la posición 7 a nivel mundial en muertes por millón de habitantes. Estamos en un punto de inflexión para evitar o desatar una segunda ola, como la que ya sufre Magallanes, donde la ocupación de camas UCI llega por momentos a 100% y pacientes deben ser trasladados a Santiago. La actual crisis es “la hora más oscura para la humanidad, una gran amenaza ante la que debemos estar unidos para proteger a los más vulnerables”. Solo la unidad de Chile y los días de un país justo y solidario en dignidad y derechos, será la casa común.
El 3 de marzo se detectó en el Hospital de Talca el primer paciente de COVID-19 en el país, caso que fue notificado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Laboratorio del Hospital Guillermo Grant Benavente, luego de analizar la muestra del paciente mediante la técnica PCR. Posteriormente, sería el sector oriente de la capital –específicamente del Colegio Saint George’s– el que enfrentaría un brote, también producto de casos importados. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificaría como una pandemia global la situación de COVID-19, virus originado en Wuhan, China.
A seis meses de este hecho, se han registrado a nivel nacional más de 12 mil muertes (sin considerar los sospechosos) y más de 437 mil casos, de los cuales hoy continúan activos alrededor de 16 mil.
Al comparar este impacto globalmente, Chile evidencia cifras dramáticas: actualmente nos encontramos en el lugar número 11 en total de casos; somos el sexto país con más casos por millón de habitantes y ocupamos la posición 7 a nivel mundial en muertes por millón de habitantes.
De igual manera, los 11.321 fallecidos por COVID-19, entre confirmados y sospechosos, solo en la Región Metropolitana, ubican a Santiago como una de las ciudades con más fallecidos por la pandemia en el mundo, superando los mil decesos por cada millón de habitantes. Esta cifra representa el 71,5% de las personas muertas en Chile producto del SAR-CoV-2.
[cita tipo=»destaque»]Los grados de vulnerabilidad social, y la ausencia o precariedad del rol del Estado Social y en particular en salud, recorre los centros sanitarios y ministerios refractarios en su capacidad de respuesta. Millones de habitantes abandonados al viejo y vergonzoso argumento del “libre derecho” a morir sin dignidad, es la evidencia que hoy se muestra en todas sus dimensiones: las exclusiones sociales y los efectos de un Estado aún carente en coberturas y acceso a bienes públicos indispensables frente a la pandemia. Se suma a ello la irresponsabilidad de jefes de Gobierno que –amparados por la protección de grandes empresarios y democracias subsumidas en imágenes distorsionadas de una dramática realidad– han desoído las recomendaciones internacionales como la OMS, relativizando las medidas preventivas, dejando al desamparo de la salud pública a millones de personas en el norte y sur de América.[/cita]
El Gobierno de Sebastián Piñera ha evidenciado con crudeza la fragilidad de un Estado efectivo y responsable en el control de la pandemia. La tardanza en la respuesta desde la atención primaria y la implementación de la estrategia de trazabilidad es evidencia de la misma causa. Una desconfianza en los gobiernos comunales, de la participación social y territorial como ejes de una respuesta social estructurada, ha agudizado y debilitado la estrategia sanitaria. Ello, sumado a una seguidilla de errores develados en el precipitado llamado a la “nueva normalidad” de mayo, que pretendía salvar la economía reactivándola a costa de un mayor riesgo de la vida de cientos de compatriotas, junto a la cadena de mensajes contradictorios a la ciudadanía que vivimos en las últimas semanas a propósito de la celebración de las Fiestas Patrias.
A ello se agrega una actitud evasiva e ineficiente del Ministerio de Hacienda. Una vez más será el prejuicio de la derecha nostálgica de su Estado mínimo, que los lleva siempre a hablar del despilfarro estatal, cuando las cifras de Chile y México representan el menor gasto público en salud en los países OCDE. En efecto, la dilación en el traspaso de los recursos para la estrategia de trazabilidad desde el Ministerio de Hacienda, se ha sometido a esperas injustificables de los recursos necesarios para la implementación de la respuesta a nivel primario de salud. ¿Qué podría justificar los traspasos de recursos con cuentagotas cada dos meses a la atención primaria? Nada, menos aún si se evidencia que el esfuerzo de la trazabilidad es fundamental para contener la circulación del virus.
No puede justificarse que existe un déficit estructural en el gasto público, porque el Gobierno debió haber buscado estrategias presupuestarias sostenibles en términos de fuentes adicionales para reforzar la respuesta sanitaria. La economía se puede recuperar, los fallecidos no. Más aún, ante los anuncios de un incremento del 12 % del presupuesto público anunciado recientemente por el Gobierno, sin lugar a dudas el sector salud debe crecer de manera claramente superior a ese porcentaje para asumir el enorme impacto en la población producto de la pandemia.
Chile enfrenta en estas últimas semanas una situación de inestabilidad y un delgado equilibrio entre la disminución o el aumento progresivo de casos. Esta delgada línea muestra la cruda realidad que la pandemia ha evidenciado.
Estamos en un punto de inflexión para evitar o desatar una segunda ola, como la que ya sufre Magallanes, donde la ocupación de camas UCI llega por momentos a 100% y pacientes deben ser trasladados a Santiago. En estos días Magallanes tuvo 77 casos nuevos por cada 100 mil habitantes, peor que cualquier cifra de cualquier otra región de Chile durante el peak de la pandemia en junio.
Hoy necesitamos un esfuerzo de todos los chilenos y, de una vez por todas, el Gobierno debe reforzar las estrategias que han dado resultado y contar con una comunicación de riesgos clara y coherente.
El Partido Socialista reafirma sus ideas y convicciones frente a la pandemia: proteger por sobre todo a la población de nuestro país. En especial, a los más vulnerables en el circuito perverso de riesgo sanitario y sus consecuencias en la salud y pobreza. Frente a esa realidad seremos claros en nuestro planteamiento sin dobleces, rechazando respuestas fáciles sin fundamentos.
Estamos enfrentando la peor crisis de los últimos 100 años a escala planetaria. La Organización Mundial de la Salud ha reportado hace unos días un aumento diario récord de casos globales de coronavirus, con alrededor de 308 mil infecciones confirmadas. La magnitud de los efectos de la pandemia por COVID-19, que desde diciembre afecta a escala mundial, ha develado el rostro brutal de las desigualdades y las carencias del modelo económico capitalista financiero dominantes en el mundo. América Latina no es ajena a esta realidad. Sus países representan el 8% de la población mundial y, hasta ahora, el 43% de los muertos por COVID.
Los grados de vulnerabilidad social, y la ausencia o precariedad del rol del Estado Social y en particular en salud, recorre los centros sanitarios y ministerios refractarios en su capacidad de respuesta. Millones de habitantes abandonados al viejo y vergonzoso argumento del “libre derecho” a morir sin dignidad, es la evidencia que hoy se muestra en todas sus dimensiones: las exclusiones sociales y los efectos de un Estado aún carente en coberturas y acceso a bienes públicos indispensables frente a la pandemia. Se suma a ello la irresponsabilidad de jefes de gobierno que –amparados por la protección de grandes empresarios y democracias subsumidas en imágenes distorsionadas de una dramática realidad– han desoído las recomendaciones internacionales como la OMS, relativizando las medidas preventivas, dejando al desamparo de la salud pública a millones de personas en el norte y sur de América.
La desigualdad social, las condiciones de precariedad laboral y de una seguridad social moderna, fortalecida y pública, facilitan la circulación del virus, logrando afectar a múltiples estratos etarios, siendo predominante los fallecidos con grados de vulnerabilidad social y biológica. Cientos de miles de muertes son el testimonio desgarrador frente a la pobreza, pérdidas de empleo, inseguridad social e incertidumbre que hasta ahora la ciencia y el conocimiento humano no logran neutralizar con la aparición de una vacuna o un tratamiento.
Chile es el fiel reflejo de lo que representa el continente. Su autorreferencia a ser país OCDE hoy se estrella con una realidad que muestra un desarrollo parcial e inequitativo. Resulta paradójico que el incremento de las proyecciones económicas más favorables en un escenario de recesión sea con el aporte autogenerado por los propios trabajadores, producto de sus ahorros en un sistema privatizado de seguridad social. La falta de más ayuda y estímulo por parte del Gobierno podría crear más y más divergencias entre los «ricos» y los «pobres» de nuestra sociedad.
Ahora los economistas se debaten por proyectar el despegue de la economía recorriendo el abecedario. Hoy se instala una nueva letra: la K, que es la única que observa la desigualdad. Una recuperación en forma de K ocurre cuando una economía se recupera de manera desigual y hay una trayectoria separada para dos segmentos de la sociedad. Las dos ramas representan personas con niveles salariales altos y bajos, aquellos que tienen la capacidad de trabajar desde casa y aquellos que no, aquellos que tienen activos de riqueza líquidos para sobrevivir durante la recesión y los que no. Es en gran medida una división de los «ricos» y los «pobres».
En Chile coexisten crecimientos urbanos descontrolados por falta de una regulación y planificación urbana adecuada y una política de vivienda apropiada. La desigualdad territorial y la segregación espacial han hecho manifiesto que los más carenciados desde el punto de vista social sean los más afectados y el número de fallecimientos proporcionalmente sea mayor. Así, entonces, la respuesta sanitaria deseable y razonable fue de tropiezo en tropiezo.
La necesaria búsqueda de modelos de sistemas de salud basados en el derecho social universal e integral surge con nuevas y claras evidencias ante la crisis. En Chile, la mayoría espera contar con un Estado y políticas públicas en salud más protectoras en todo el ciclo de vida y no sujeto a barreras de entrada y exclusiones a una verdadera seguridad social pública, dotada de una mayor sostenibilidad financiera. La necesidad de pensar para los próximos años en la creación de un Seguro Único de Salud, es parte fundamental de las lecciones que hoy deja la pandemia en el mundo y América en particular, dadas las segmentaciones y desigualdades que nos sacuden en tiempos de pandemia.
Temas de regulación y control –como el caso de Chile– fijación de precios, regulaciones estrictas, control sobre la producción de insumos esenciales, gestión de redes integradas asistenciales en pandemia, ocurre en todo el mundo, antes eran temas distantes y controvertidos. Hoy los países, más que discutir, están tomando decisiones. La reacción frente al reajuste de las Isapres es un ejemplo. Así como las políticas o paquetes de medidas sociales para grupos más vulnerables o ayuda social frente al desempleo están generándose en todo el mundo. Ahí no caben dobles discursos.
Así, también, nos urge dar respuesta urgente a la situación de vulnerabilidad alimentaria nutricional en nuestro país. Las cientos de miles de familias que viven las carencias de alimentos, traduciéndose en un problema de seguridad alimentaria, requieren de una estrategia robusta y un Plan Nacional para enfrentar esta otra secuela dramática de la pandemia.
Sin duda, el comentario del exministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto de su desconocimiento de las condiciones de la población, develó la desconexión de este Gobierno y las élites económicas respecto de la realidad de la población chilena, que producto de esta crisis trajo a la memoria, tal y como en los años 80, las dolorosas imágenes del hambre, hacinamiento y pobreza graficadas, tal y como durante la dictadura, en miles de ollas comunes. Hoy otros rostros y no solo en poblaciones y conventillos.
La actual crisis es “la hora más oscura para la humanidad, una gran amenaza ante la que debemos estar unidos para proteger a los más vulnerables”. Solo la unidad de Chile y los días de un país justo y solidario en dignidad y derechos, será la casa común.
