Opinión
Hoy, frente a la pandemia, las personas esperan mensajes del Gobierno en torno a lo que se entendería como el resguardo de sus derechos básicos. Algunas de las grandes lecciones del estallido social se traducen en la vulnerabilidad e indefensión. Sin duda, una estrategia de «Gobierno abierto» permitirá avanzar significativamente en esos resguardos y superar esas indefensiones. Aún podemos recuperar la confianza en las instituciones y, de paso, enlazar ese eslabón perdido en la cadena de acciones de mejoramiento y retroalimentación imprescindibles de la gestión pública.
¿Qué es un Gobierno abierto? Es una forma de relacionarse entre las autoridades y la ciudadanía, donde prevalece la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, con el apoyo de innovación tecnológica, de manera tal de ir fortaleciendo mediante la retroalimentación la gestión pública, lo que tiene dos efectos positivos: mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer los servicios públicos mediante el desarrollo de capacidades.
Dicho de esta manera, suena como una buena estrategia, una suerte de win-win: la comunidad organizada interpela al Gobierno a dar un balance de su gestión y este responde mejorando los baches que puedan existir. Pero bien se sabe que el papel resiste todo y, lamentablemente, pese a la experiencia que hay en otros países, en Chile sigue siendo una especie de “eslabón perdido” de la administración pública.
[cita tipo=»destaque»]¿Será posible entonces el gestionar esta red interconectada instantánea como una oportunidad de apertura y aumento del impacto de las acciones públicas? Como ya dijimos, parece que en el papel sí es posible, en la práctica parece que cuesta un poco más. No todo es negativo, y valoramos que desde 2011 a la fecha los mandatos de Piñera I y II y de Bachelet II hayan generando las instancias de mantener viva la idea de un efectivo «Gobierno abierto», pero esto no debe ser voluntarismo, sino un compromiso real.[/cita]
Hagamos un poco de historia. Chile se incorporó el año 2011 a la estrategia de «Gobierno abierto», mediante una propuesta de mediano plazo que asegurara compromisos gubernamentales en torno a la transparencia, participación ciudadana e innovación y uso de las tecnologías para tales fines, a través de planes de acción elaborados en consenso con representantes de la sociedad civil y la academia, en donde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CEPAL actúan como observadores de una mesa intersectorial creada para tales efectos en el 2017.
Para ir evaluando los avances, se fueron creando planes de acción plurinanuales, donde ya se han desarrollado cuatro y estamos en plena definición del quinto. Hasta el momento, los logros pueden calificarse de satisfactorios para los contextos regionales pero, por ejemplo, si Chile evalúa progresos en transparencia y participación ciudadana alcanzados en el cuarto plan de acción, se obtiene un promedio de 68,5 % en los cuatro ejes de acción que contiene dicho plan y que comprenden el periodo 2018-2020.
¿Cuál es el problema para lograr cifras más positivas? Hacerle entender a la autoridad de turno que este debe ser un compromiso del Estado y que ofrece una oportunidad de innovación en los paradigmas tradicionales de burocracia. Esto no tiene costo, sino que es pura ganancia para un cambio en los procesos de los gobiernos para incorporar prácticas y visiones más universales de los fondos y formas.
No obstante, en la actualidad el «Gobierno abierto» se convierte en una meta más de gestión, un PMG (sin serlo) o en un checklist de responsabilidades con la alianza de Gobierno abierto OGP y sus compromisos adoptados por Chile, en el marco de sus relaciones internacionales con otras naciones, y no en una verdadera apertura para la concreación de un pilar fundamental en gestión de “lo público”, para volverlo más eficiente y efectivo. O dicho de otro modo, no se ve como una oportunidad de transversalidad, de conversación entre los distintos actores sociales para la construcción de las acciones de los estados.
¿Será posible entonces el gestionar esta red interconectada instantánea como una oportunidad de apertura y aumento del impacto de las acciones públicas? Como ya dijimos, parece que en el papel sí es posible, en la práctica parece que cuesta un poco más. No todo es negativo, y valoramos que desde 2011 a la fecha los mandatos de Piñera I y II y de Bachelet II hayan generando las instancias de mantener viva la idea de un efectivo «Gobierno abierto», pero esto no debe ser voluntarismo, sino un compromiso real.
Hoy, con la Red Chilena de la Sociedad Civil, en conjunto con la Mesa de Gobierno Abierto, estamos en plena etapa de co-construcción del Quinto Plan de Acción, ofreciéndose una nueva oportunidad para promover instancias de relación virtuosa y de confianza basada en la transparencia, a través de la participación consultiva y vinculante para la generación de políticas públicas efectivas.
Hoy, frente a la pandemia, las personas esperan mensajes del Gobierno en torno a lo que se entendería como el resguardo de sus derechos básicos. Algunas de las grandes lecciones del estallido social se traducen en la vulnerabilidad e indefensión. Sin duda, una estrategia de «Gobierno abierto» permitirá avanzar significativamente en esos resguardos y superar esas indefensiones. Aún podemos recuperar la confianza en las instituciones y, de paso, enlazar ese eslabón perdido en la cadena de acciones de mejoramiento y retroalimentación imprescindibles de la gestión pública.
