CULTURA|CIENCIA
Para los científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, polémicas por la venta de la isla Guafo, además de las islas Imelev, San Pedro y Lacao del Archipiélago de Chiloé, dejan en evidencia que el derecho a la propiedad privada consagrada en la actual Constitución Política de la República de Chile, y por ende la transacción de tierras entre privados, está por sobre la conservación de la diversidad biológica y cultural. Por esta razón, los ecólogos están trabajando en una propuesta con elementos jurídicos, filosóficos y ecológicos que debiera contener una nueva Carta Magna que garantice la conservación de la diversidad biocultural.
Veinte millones de dólares cuesta la isla de la discordia. La polémica que pone en colisión la propiedad y la necesidad de conservación surgió luego que los propietarios de la isla Guafo –ubicada al sur de la Isla Grande, en el Archipiélago de Chiloé, Región de Los Lagos–, el economista Paul Fontaine y Rodrigo Danús (sobrino del general Luis Danús, exministro de Economía de Augusto Pinochet), decidieron ponerla a la venta después de una fallida pretensión de explotar carbón en el lugar y abastecer proyectos termoeléctricos. Para los habitantes locales, ONGs y científicos, la isla forma parte de un valioso patrimonio natural y cultural chilote, lo que ha generado un gran debate en torno al rol del Estado en la protección de los últimos legados de naturaleza prístina que se han salvado de un modelo extractivista.
Desde el mundo científico los cuestionamientos a esta situación son variados, partiendo por el valor en biodiversidad de este territorio y su necesidad de conservarlo.
En la isla Guafo finaliza la distribución de los Bosques Costeros de Olivillo que existen desde el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo, a través de la Costa de Chile hasta el Archipiélago de Chiloé, explicó Juan Armesto, presidente de la Fundación Senda Darwin e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). “Estos bosques han sido destruidos tanto en la zona norte y centro de Chile, permaneciendo algunos pocos relictos en la zona sur y en la isla de Chiloé, albergando una alta biodiversidad de especies que solo pueden subsistir en este tipo de ecosistemas”, señaló.
El científico se refirió a los años de investigación que se han desarrollado en aquel territorio. “Junto a otros científicos, como Carolina Villagrán, hemos recorrido la isla Guafo investigando su flora y conocemos además la belleza escénica del lugar, constatamos la alta diversidad de fauna que alberga este ecosistema, en donde los bosques se han mantenido en un estado de conservación que les permite mantener esta alta biodiversidad”, aseguró Armesto.
Por otra parte, la isla Guafo presenta un alto valor cultural desde la cosmovisión de los pueblos originarios Mapuche Huilliche, quienes han hecho un uso consuetudinario de este ecosistema y, por lo mismo, claman por su protección frente a diversas amenazas, tales como eventuales proyectos mineros, desarrollo inmobiliario no sustentable, la contaminación por desechos y la sobreexplotación de los recursos marinos. Por esta razón, es que en enero de este año fue declarada admisible por la Subsecretaría de Pesca la declaratoria de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) en la Isla Guafo, ingresada por un grupo de once comunidades Huilliches del Archipiélago de Chiloé.
“Nosotros tenemos obligaciones internacionales como Estado de Chile, el Convenio 169, para proteger tanto las tierras indígenas y para proteger la vinculación espiritual con las tierras y territorios de los pueblos indígenas, y esta isla, si bien no está habitada actualmente por comunidades, forma parte del territorio marítimo de las comunidades indígenas. De hecho, hay una solicitud del Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios de acuerdo a la Ley de Borde Costero, Ley Lafkenche, de parte de las comunidades, y con eso el Estado tiene que hacerse presente, tiene que establecer condiciones para que esta transacción tenga validez y esto tiene que ver con el consentimiento de las comunidades indígenas y, si no lo hace, lo que está haciendo es una vulneración de las obligaciones internacionales del Estado de Chile”, explicó el Dr. Salvador Millaleo, abogado e investigador asociado al IEB.
La puesta en venta de la isla Guafo, además de las islas Imelev, San Pedro y Lacao del Archipiélago de Chiloé, deja en evidencia que el derecho a la propiedad privada consagrada en la actual Constitución Política de la República de Chile, y por ende la transacción de tierras entre privados, está por sobre la conservación de la diversidad biológica y cultural.
“El Estado no se puede desentender de sus deberes para con los pueblos indígenas ni de sus deberes de protección del patrimonio ambiental”, subrayó el abogado, sin embargo, también señaló que la legislación actual es muy restrictiva en estas materias, “precisamente está bajo una orden que protege a la propiedad privada más que a cualquier otro bien o valor, es por eso que necesitamos entonces una nueva Constitución, para que cosas como estás no se repitan”, aseguró Millaleo.
Los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras ancestrales cambiarían radicalmente si fueran reconocidos en una nueva Carta Magna, recalcó Millaleo. “Precisamente si una nueva Constitución reconoce a los pueblos indígenas y además reconoce sus derechos a sus tierras ancestrales, efectivamente sería un mandato para todo el sistema jurídico de que estas situaciones no se pueden producir y si hay tierras que están en manos privadas tiene que haber alguna solución, como la restitución de esas tierras o alguna otra forma distinta, como la compra, en fin, donde el Estado garantice el derecho de los pueblos indígenas a acceder a sus tierras y a sus territorios”, enfatizó el abogado.
La suma de este tipo de situaciones ha motivado que un grupo de científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad estén trabajando en una propuesta con los elementos jurídicos, filosóficos y ecológicos que debiera contener una nueva Constitución para Chile, que garantice la conservación de la diversidad biocultural.
La iniciativa es liderada por la Fundación Senda Darwin, en el marco de su programa de Educación Ambiental “ConCiencia Ciudadana”, que va en su cuarta sesión de trabajo.
“Como científicos hemos estudiado por más de 20 años el funcionamiento de los ecosistemas naturales, las causas directas de su degradación y las consecuencias negativas que esto trae para los habitantes locales. Luego del estallido social ocurrido en octubre del año 2019, debido a la crisis socioecológica que ocurre en Chile producto de las enormes desigualdades en el acceso a la salud, la educación y a un medio ambiente libre de contaminación, entre otros, creemos que podemos ser un aporte en la construcción de una nueva Constitución que considere a la biodiversidad como de interés nacional por los múltiples beneficios que provee a los habitantes locales de los diversos territorios de Chile, tales como el almacenamiento de agua, captura de carbono atmosférico, fuente de medicinas, belleza escénica para el turismo, entre otros. El Estado de Chile debe garantizar su protección efectiva y de largo plazo”, sostuvo la Dra. Mariela Núñez, directora de la Estación Biológica Senda Darwin localizada en la Isla Grande de Chiloé.
