Opinión
Imaginamos que un demócrata como Lagos –que reconoce la separación de poderes en que está basada la estructura política del país– debería reconocer el derecho del Congreso y de los diputados a fiscalizar e investigar la razones por las cuales la epidemia ha seguido en Chile un curso tan perjudicial, afectando negativamente la vida de cientos de miles de chilenos y también a la economía. En su defensa negligentemente maliciosa de la autoridad sanitaria, alude a que ella “se la jugó”, sin llevar este juicio a su conclusión lógica de que en realidad con lo que se ha jugado, y se sigue jugando de manera brutal, es con el bienestar y la vida de miles de chilenos vulnerables e indefensos.
El análisis de las tasas de enfermedad (morbilidad) y de muerte (mortalidad) por COVID-19 en Chile, indica que estas son ahora aproximadamente de 2.406 y de 90 por 100 mil habitantes y ellas están entre las más altas del mundo. Además, estas tasas de enfermedad y de muerte están por arriba de las de aquellos países en los cuales es universalmente reconocido que ha existido un manejo desastroso de la epidemia, como ha sucedido en España, en Brasil y en los EE.UU.
Es importante señalar que, a diferencia de estos países, Chile, un país del hemisferio sur, tuvo aproximadamente una ventana de entre 6 a 8 semanas para prepararse para recibir la infección y hacer uso del conocimiento generado en China y en otros países del hemisferio norte, respecto de las medidas efectivas para prevenir la entrada y la diseminación del virus en la población. Publicaciones científicas de los últimos meses han establecido claramente que, aproximadamente, un 40% de la morbilidad y de las muertes por COVID-19 pueden ser evitadas estableciendo de manera precoz medidas de distanciamiento social, de uso de mascarilla y de cuarentenas estrictas de extensas regiones geográficas.
La utilidad de estas medidas en la prevención de la diseminación del virus era ya de conocimiento internacional a comienzos de marzo, cuando el virus fue probablemente introducido al país por viajeros, y la implementación de ellas fue propuesta en esa época a la autoridad sanitaria por instituciones como el Colegio Médico, la Academia de Ciencias y un número importante de otras instituciones y científicos expertos en la materia.
[cita tipo=»destaque»]El hecho de que la autoridad sanitaria en entredicho niegue toda responsabilidad en los fatales resultados de su errática conducción de la epidemia, hace aún más necesaria una investigación para identificar entonces de esta forma a los verdaderos regentes, responsables de esta fracasada y tóxica conducción. Como está claro que fenómenos epidémicos de esta naturaleza continuarán repitiéndose en el futuro, una investigación además es necesaria para identificar las debilidades y las limitaciones de las respuestas a ellas y corregirlas, mejorarlas, y evitar con ello tragedias similares en el futuro.[/cita]
La implementación de estas prevenciones en marzo habría evitado alrededor de 180 mil casos de la enfermedad y, aproximadamente, unas 6.800 muertes. Además, habría impedido –tal vez– la diseminación crónica del virus en la población y la reaparición de nuevas ondas epidémicas, como al parecer está sucediendo actualmente en varias regiones del país. Como ha sido señalado por diversas entidades e individuos expertos en la materia, el mal manejo científico de la epidemia, fue además agravado por la utilización sesgada y antojadiza (¿dolosa?) de las estadísticas clínicas y de laboratorio, que permiten medir adecuadamente el impacto real de la epidemia en la población.
El sufrimiento humano, la sobrecarga de los servicios asistenciales y de su personal, la dislocación y las pérdidas económicas que este exceso prevenible de enfermedad y de muerte ha generado, son prácticamente incalculables, y el exceso de los fallecidos por estos errores, por supuesto, irrecuperables.
La autoridad sanitaria de la época, al ignorar y violentar la mejor ciencia acerca del problema y reemplazarla con inefectivas quimeras de su imaginación, como las cuarentenas parciales y dinámicas, y al vulnerar también la fidelidad de las estadísticas sanitarias, cardinales para la conducción adecuada de la epidemia, atropelló principios científicos, éticos y de derechos humanos fundamentales. Estas importantes y abusivas trasgresiones adquirieron mayor gravedad, porque las cargas más importantes de enfermedad y de muerte han sido soportadas por poblaciones vulnerables, las cuales desgraciadamente a menudo son incapaces de hacer valer sus derechos para protegerse de las arbitrariedades de la autoridad de turno.
En este cuadro de casi total abandono de los principios civilizatorios y generosos de la práctica médica y de la salud pública (ciencia, ética y probidad administrativa) en el manejo de la epidemia, la defensa que ha hecho don Ricardo Lagos de la cuestionada autoridad, además de ser sorpresiva, pareciera estar totalmente fuera de lugar en su forma y en su fondo.
Sorpresiva y fuera de lugar en la forma, porque imaginamos que un demócrata como el Sr. Lagos –que reconoce la separación de poderes en que está basada la estructura política del país y como en el pasado ha abogado por que las instituciones funcionen– debería reconocer el derecho del Congreso y de los diputados a fiscalizar e investigar la razones por las cuales la epidemia ha seguido en Chile un curso tan perjudicial, afectando negativamente la vida de cientos de miles de chilenos y también a la economía.
En mi opinión el Sr. Lagos, en su defensa negligentemente maliciosa de la autoridad sanitaria, alude a que ella “se la jugó” sin llevar este juicio a su conclusión lógica de que en realidad con lo que se ha jugado, y se sigue jugando de manera brutal, es con el bienestar y la vida de miles de chilenos vulnerables e indefensos.
En su socorro de la autoridad sanitaria, el Sr. Lagos además aduce de manera extravagante que las políticas públicas estarían más allá de un potencial juicio político, ya que ellas carecerían de dolo. Desearía preguntarle al Sr. Lagos si considera que desacertadas políticas como las usadas para manejar la epidemia, que han resultado en la enfermedad y la muerte prevenibles de miles de chilenos desamparados y que ha alcanzado proporciones casi eugénicas (eliminación de los más débiles), deberían quedar sin análisis e investigación, solo por tener ellas el apelativo de públicas. Este sucinto análisis indica claramente que, como los diputados lo dicen, las políticas de la autoridad sanitaria al parecer “vulneraron gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República” sin justificación y, de allí, la necesidad de una investigación.
El hecho de que la autoridad sanitaria en entredicho niegue toda responsabilidad en los fatales resultados de su errática conducción de la epidemia, hace aún más necesaria una investigación para identificar entonces de esta forma a los verdaderos regentes, responsables de esta fracasada y tóxica conducción. Como está claro que fenómenos epidémicos de esta naturaleza continuarán repitiéndose en el futuro, una investigación además es necesaria para identificar las debilidades y las limitaciones de las respuestas a ellas y corregirlas, mejorarlas, y evitar con ello tragedias similares en el futuro.
El manejo dolorosamente inadecuado de la epidemia y sus negativos resultados en pérdidas evitables de vidas y la ligereza ética con que estas crueles pérdidas se abordan y se justifican, parecieran indicar que en Chile existe cierta devaluación patológica de la vida humana, cuyos orígenes sería necesario también investigar.
En su novela El señor presidente, el perceptivo Premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, coloca en boca de unos de sus personajes un consejo para mantenerse a flote y para prosperar en un mundo político calado por la corrupción y, con ello, ser el favorito del presidente. Para esto, escribe Asturias, es necesario “cometer alguna barbaridad de resonancia pública que afecte negativamente la vida de gente indefensa”. Quisiéramos creer que esta no es la razón que ha guiado la infausta conducción de la epidemia y tampoco el objetivo de los descuidados defensores de esta aciaga conducción, incluyendo a don Ricardo Lagos y otros.
