Opinión
Es imprescindible mirar experiencias internacionales y conocer cómo en otros países, que admiramos por sus resultados académicos, han establecido una relación entre sistema público y privado de la educación que no va en desmedro de quienes asisten a la escuela pública. Así también resulta urgente dialogar sobre la educación de las élites y su estructura segregadora, y sobre qué rol tiene el Estado como garante de una educación escolar que no reproduzca privilegios y cumpla de forma cabal con la promesa de igualdad de oportunidades para alcanzar tanto los mismos resultados educativos como una participación en la conducción política y económica de nuestro país más democrática y conectada con las diversas realidades socioeconómicas y culturales.
El estallido social del 18 de octubre expresó claramente las insatisfacciones de una parte de la sociedad chilena con un sistema social fundado en una estructura de privilegios que produce desigualdad social. Las protestas callejeras mostraron a un Chile descontento y precarizado, que, depende de su capacidad de pago para acceder a servicios básicos como la salud, las pensiones y también la educación. Dicho descontento también expresa el déficit democrático y falta de legitimidad de una elite política y económica formada principalmente por hombres provenientes de colegios privados de elite, y por tanto, sobrerrepresentada en el Congreso, en los altos cargos de dirección pública, y en los cargos directivos de importantes empresas (Zimmerman, 2019).
Al respecto, a pesar de los avances en cobertura y modernización de la educación escolar en Chile en estos últimos 30 años, ésta arrastra un legado vergonzoso de segregación socioeconómica y transmisión del privilegio a partir de un grupo reducido de colegios privados que mantienen legalmente el derecho a seleccionar a las y los estudiantes que educan. El tipo de escuela que “eligen” las familias expresa las posibilidades económicas y culturales que estas tienen y condiciona buena parte de la trayectoria académica y laboral de sus hijas e hijos. Por su parte, la pandemia ha desnudado con aún más crudeza la inequidad del sistema escolar, dado que las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias vuelven a ser claves al momento de sostener un sistema de educación en contexto de confinamiento. A pocas semanas de terminar el año escolar, parte importante de la población escolar no cuenta con condiciones de conectividad, computador o espacio propio en su hogar para poder estudiar. Esto, sin mencionar la fragilidad de las condiciones socioemocionales de niñas y niños de las escuelas más pobres del país que tornan más profunda la brecha social en educación.
Desde la década del 90 las políticas educativas han estado referidas fundamentalmente a mejorar las condiciones del sector subvencionado -privado y público-, pero con escasa atención a la regulación del sector particular privado de educación. La Ley de Inclusión Escolar y el nuevo sistema de admisión que inaugura, promulgado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, es la primera política educativa en los últimos 30 años que intenta intervenir en la dinámica segregadora del sistema escolar para fomentar mayor mixtura social en ciertos establecimientos escolares, particularmente en aquellas escuelas particular subvencionadas que hace pocos años atrás seleccionaban estudiantes y cobraban copago a las familias. Sin embargo, la Ley de Inclusión es una política que no interviene en la totalidad del sistema, ni en la dinámica competitiva del sistema escolar. Ella regula a cerca del 92% de la población escolar, dejando fuera justamente al sector privado pagado en que se educan los hijos de profesionales de clases medias altas y las elites del Chile actual.
Si existe cierto consenso respecto a que la desigualdad del sistema escolar es un problema y que, además, es particularmente elevada en Chile respecto al resto de los países de la OCDE, ¿no habrá llegado el momento de preguntarse cuál es el rol de la educación privada pagada en esa desigualdad? Preguntarnos por ejemplo si es justo que exista una fracción del sistema escolar que puede seleccionar estudiantes por la capacidad de pago de sus familias. ¿Es justo que estas escuelas puedan decidir qué estudiantes pueden educar a partir de sofisticadas pruebas de admisión y entrevistas de identificación del capital cultural y financiero de sus padres y madres? ¿Es ético que exista un sector del sistema escolar que puede reproducir sus privilegios de clase y, con ello, asegurar trayectorias académicas y laborales a sus hijos e hijas en desmedro del resto de la población?
Creemos que la posibilidad de pensar una nueva Constitución es ocasión de dar esta conversación. Es necesario preguntarse por el rol del Estado en la educación gratuita y también en aquella que depende financieramente del pago de las familias más pudientes. Es importante, de la misma forma, analizar qué perjuicios supone para el 92% de la matrícula escolar que exista un pequeño grupo de 8% aproximadamente (porcentaje que es menor aun si solo se considera al estrecho grupo de colegios privados de elites) que accede a educación privada con derecho a seleccionar a sus estudiantes y, en la mayoría de los casos, con fines de lucro, así como también los efectos de esta organización exclusiva del sistema privado en la crisis democrática y de nuestra élite gobernante.
Un diálogo con altura de miras nos permitirá posicionar el valor de la cohesión social y la democracia como un pilar del sistema escolar, que suponga, entre otras cosas, que niñas y niños se eduquen en ambientes integrados socialmente y no en burbujas socioculturales como ha sido en estas últimas décadas. Es imprescindible mirar experiencias internacionales y conocer cómo en otros países, que admiramos por sus resultados académicos, han establecido una relación entre sistema público y privado de la educación que no va en desmedro de quienes asisten a la escuela pública. Así también resulta urgente dialogar sobre la educación de las élites y su estructura segregadora, y sobre qué rol tiene el Estado como garante de una educación escolar que no reproduzca privilegios y cumpla de forma cabal con la promesa de igualdad de oportunidades para alcanzar tanto los mismos resultados educativos como una participación en la conducción política y económica de nuestro país más democrática y conectada con las diversas realidades socioeconómicas y culturales.
La nueva Constitución es una oportunidad para que la sociedad pueda remirar las estructuras que sostienen los privilegios en Chile, revisarla y proyectar qué tipo de democracia queremos construir para el futuro. La ruta hacia una comunidad más solidaria, fraterna e integrada socialmente se empieza a gestar en las escuelas. Es urgente que dialoguemos en torno al rol que tendrá la educación privada pagada en ello.
Para mirar una primera propuesta de ideas de educación para la nueva constitución, ver documento realizado por académicas-os y estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado: Educación y Nueva Constitución: 10 ideas fundamentales.
