Opinión
Ad portas de eventos como el plebiscito y el aniversario del estallido social, no hay garantías de que la policía pueda hacer su trabajo asegurando el respeto hacia los Derechos Humanos y desescalando los conflictos, en vez de provocar más incidentes. Por lo demás, no hay margen para nuevas acciones de brutalidad, menos considerando la volatilidad del ambiente nacional. Es por esto que se hace necesario un proceso excepcional, que dé nacimiento a un grupo de trabajo para garantizar una etapa intermedia, que otorgue gobernabilidad compartida durante los meses que vienen, defensa irrestricta de los DDHH, que impida que los abusos continúen y ponga freno a la pérdida de legitimidad que vive la institución. Por esto mismo, la reforma es urgente, pero insuficiente.
Estamos viviendo momentos que definirán el futuro de Carabineros. Hay prácticamente dos caminos: uno, es que la institución puede seguir dando sus últimos respiros, usando la protección política de un Gobierno desgastado como tanque de oxígeno para sobrevivir y, eventualmente, caiga a un barranco o, lo segundo, es que de una vez por todas la autoridad política lidere un plan para avanzar hacia la policía que el país merece y necesita. Esto último es imprescindible, porque no podemos dejar caer a una institución tan importante para la democracia y en el camino además seguir tolerando violaciones de los Derechos Humanos.
Si bien el estallido social puso en evidencia la incapacidad sistémica de Carabineros para hacer su trabajo en el marco del respeto a los DDHH, los casos de abuso policial han existido siempre. Sin embargo, no fue sino hasta el estallido social que, al ocurrir estos con masividad y en espacios de mayor exposición pública, lograron la atención de actores nacionales e internacionales. Mientras la crisis se venía fraguando en silencio durante los últimos años, la incapacidad de hacer reformas, particularmente por la oposición de sectores políticos y la protección de una Ley Orgánica Constitucional, sirvió de base para lo que estamos viviendo hoy.
[cita tipo=»destaque»]Este proceso debe partir por la creación de una unidad de tarea que garantice gobernabilidad compartida entre los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y expertos, para que en una etapa intermedia velen por impedir que continúen las violaciones de los Derechos Humanos. En paralelo, se necesita un mecanismo civil donde se puedan hacer denuncias de abuso policial, con facultades para querellarse y realizar seguimiento de los procesos de investigación, que requiere de la participación de instituciones como el INDH y la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía y el Poder Judicial, que cuente con facultades para suspender a funcionarios policiales mientras se aclaran los hechos.[/cita]
Carabineros requiere recuperar su legitimidad y confianza para mejorar su desempeño. Se necesita un cambio al enfoque actual que está centrado en garantizar el orden público para proteger el orden político y la propiedad privada, por sobre la seguridad e integridad de las personas.
Lo que urge, es un giro hacia una policía democrática que ponga a resguardo el derecho a la manifestación y la necesidad de brindar seguridad a las personas, siendo custodios de los derechos de las personas como su primer objetivo. El orden público no puede seguir siendo un fin en sí mismo para las policías, sino que debe ser un medio para la defensa de valores superiores para la democracia, como la imparcialidad en el trato con los ciudadanos, su seguridad y la defensa irrestricta de los DDHH.
El Gobierno está cometiendo una irresponsabilidad histórica al dejar caer a Carabineros por un barranco. Lo está haciendo al usarlos como instrumento para gobernar y al dar instrucciones dispares, dependiendo de si se trata de lo que ellos definen como un adversario político o no. Carabineros en estos momentos parece más un fusible de cambio para el Gobierno que una institución importante, parte del Estado de Derecho. No es aceptable, además, que un joven de 22 años que debería estar en un aula de formación en la Escuela de Carabineros, esté en la primera línea de un piquete de Fuerzas Especiales protegiendo el orden político.
Ad portas de eventos como el plebiscito y el aniversario del estallido social, no hay garantías de que la policía pueda hacer su trabajo asegurando el respeto hacia los Derechos Humanos y desescalando los conflictos, en vez de provocar más incidentes. Por lo demás, no hay margen para nuevas acciones de brutalidad, menos considerando la volatilidad del ambiente nacional. Es por esto que se hace necesario un proceso excepcional, que dé nacimiento a un grupo de trabajo para garantizar una etapa intermedia, que otorgue gobernabilidad compartida durante los meses que vienen, defensa irrestricta de los DDHH, que impida que los abusos continúen y ponga freno a la pérdida de legitimidad que vive la institución. Por esto mismo, la reforma es urgente, pero insuficiente.
Este proceso debe partir por la creación de una unidad de tarea que garantice gobernabilidad compartida entre los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y expertos, para que en una etapa intermedia velen por impedir que continúen las violaciones de los Derechos Humanos. En paralelo, se necesita un mecanismo civil donde se puedan hacer denuncias de abuso policial, con facultades para querellarse y realizar seguimiento de los procesos de investigación, que requiere de la participación de instituciones como el INDH y la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía y el Poder Judicial, que cuente con facultades para suspender a funcionarios policiales mientras se aclaran los hechos.
Acto seguido, se debe iniciar de una vez por todas el proceso de reforma policial. Para que todo esto se pueda llevar adelante, se requiere de un acuerdo político transversal que apoye la acción que se llevará adelante y permita las modificaciones legales necesarias. Esto último es central, ya que, sin voluntad y coraje político para poner fin a esta situación, el Gobierno terminará por empujar a nuestros policías a ese precipicio.
