PAÍS
Este martes se cumplió exactamente un año desde que el Presidente Sebastián Piñera pronunciara la penosa frase: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable…». La notoria falta de control político y de información del Mandatario en aquellos intensos días, llevó a que exigiera a los diferentes organismos de inteligencia que se le entregara información. Fue así como, horas antes de la ya histórica y lamentable conferencia de prensa, el ahora exministro de Defensa, Alberto Espina, entregó a Piñera un informe elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), a cargo entonces del general Guillermo Paiva. En este informe se aseguraba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sería una célula del G2 (Servicio de Inteligencia cubano), había logrado introducir en Chile «un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana», para llevar a cabo operaciones de insurrección en el país. Como comandante de este «batallón» se identificó a Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta. Lo que no se informó es que Zurda Konducta es un programa de TV, y Carvajalino un youtuber y tuitero fanático del Gobierno de Nicolás Maduro.
«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el Metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.
Esta frase pronunciada por el Presidente Sebastián Piñera el 20 de octubre de 2019, difícilmente será borrada de la historia. Nunca antes un Jefe de Estado en democracia había hablado de guerra, y en sus palabras parecía haber convicciones que no se tenían en los días previos, como cuando, en pleno estallido social y mientras se quemaba la fachada del edificio de Enel, Piñera había sido fotografiado comiendo pizza en el cumpleaños de su nieto.
Antes de la intervención del Jefe de Estado, el exministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, en un mensaje en el Palacio de La Moneda, había sostenido una idea similar y bajo el mismo tono: “No nos engañemos. Estamos enfrentando una verdadera escalada que sin duda es organizada para causar un grave daño a nuestro país y a la vida de cada uno de los ciudadanos”.
¿Qué hizo que al segundo día de la revuelta de octubre, que ya había derivado en estallido social, el Presidente se dejara fotografiar rodeado de militares y pronunciara aquella lamentable oración bélica?
Horas antes, de manos del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, el Mandatario había recibido un informe secreto, bajo el sello de agua de Inteligencia, elaborado por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE). Era el Plan Zeta de Piñera*.
Doce días antes de estas intervenciones, exactamente el 8 de octubre, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) –dirigida en aquel tiempo por Luis Masferrer– evacuó el informe «Llamado a una semana de Sabotaje y evasión del Transporte Público DII/DI». El informe fue despachado al Ministerio del Interior, Carabineros, Metro, Ministerio de Transportes, Ejército y la Armada, entre otros organismos de la red de inteligencia.
Dicho documento no contenía información residual, más bien hacía referencia a una anticipación de escenarios, con un grado certidumbre que, a un año de dichos eventos, resulta paradójico que la autoridad no los haya tomado en cuenta con la seriedad debida.
«En relación a la convocatoria realizada desde el Instituto Nacional, se prevé que alrededor de 50-100 alumnos ingresen a la estación de metro Universidad de Chile a las 14:00 horas y salten el torniquete con la finalidad de evadir el pago del servicio del Metro. A esto, se podrían unir los encapuchados, los que provocarían daños con lanzamientos de artefactos incendiarios tipo Molotov y daños estructurales al servicio de transporte público, ya sea estación de metro o paraderos de la RED, estas acciones de mayor violencia se desarrollarían, principalmente en los sectores externos de la estación, no descartándose el ataque a buses», se describe en el informe.
Además –agrega– «se proyecta que organizaciones de distintos sectores de la izquierda y anarquistas, convoquen a nuevas manifestaciones y llamados a evasiones masivas contra el alza del transporte público, como la del 14 de octubre. Puntos conflictivos son las estaciones de Metro, especialmente, las ubicadas en el sector céntrico, y el frontis del Ministerio de Transporte. Estas manifestaciones podrían terminar con incidentes de gravedad, con una alta probabilidad de ataques a buses de la RED. Este llamado a Sabotaje y Evasión, se suman los llamados de solidaridad realizados durante la semana anterior, desde los sectores anarquistas, y el llamado por un noviembre negro en conmemoración de Kevin Garrido, elevando la alerta por eventuales ataques incendiarios/explosivos de grupos anarco insurreccionales, especialmente a buses RED y paraderos».
El informe concluye con la siguiente advertencia: «De la misma manera, aunque menos probable, no se descarta instalación de artefactos explosivos (…) fuera en o en las cercanías del Metro, principalmente en horario punta. En este contexto se sugiere elevar las medidas de seguridad y control en los puntos de mayor riesgo, ya mencionados».
Seis días más tarde, un nuevo informe con fecha 14 de octubre –enviado a las mismas instituciones– detalla cerca de una decena de estaciones de Metro que podrían serían gravemente vandalizadas. La mayoría de ellas se quemaron.
Ya con el país prácticamente en llamas y el Presidente Piñera desde La Moneda exigiendo información que diera claridad «a la ceguera» en que se encontraba, el 20 de octubre se llevó a cabo una reunión en dependencias del Ejército, a la que asistieron el Primer Mandatario; el ahora exministro de Defensa Alberto Espina; Javier Iturriaga, el jefe militar a cargo de la seguridad de la RM tras la instauración del Estado de Emergencia; y el director de la DINE (Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército), general Guillermo Paiva, el mismo oficial que en 2018 se vio envuelto en la polémica Operación Topógrafo, donde se realizaron escuchas telefónicas a miembros de la institución y al periodista Mauricio Weibel.
En esa reunión, Espina y el general Paiva presentan a Piñera el informe de inteligencia de la DINE. El mensaje era impactante. El Ejército había tomado conocimiento de que las inteligencias venezolana y cubana habían estado gestando una «ofensiva insurreccional para Chile».
Sin dar detalles sobre cómo esta «intervención extranjera» había logrado permear la inteligencia nacional sin que las Fuerzas Armadas lograran advertirlo, el general Paiva puntualizó en el informe, acerca del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sería una célula del G2 (Servicio de Inteligencia cubano), lo siguiente: «Contarían para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero».
Según el Ejército, «Pedro Carvajalino, de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta, sería uno de los comandantes del SEBIN/G2 a cargo de la ofensiva insurreccional para Chile.
Con esa información, de la cual Espina no ocultaba su orgullo, Piñera dio la conferencia de prensa –a estas alturas histórica– en que habló de guerra.
Lo que no se dijo en esa oportunidad es que la organización chavista Zurda Konducta, en realidad es un programa de televisión que conduce Pedro Carvajalino, un youtuber y tuitero fanático del Gobierno de Nicolás Maduro, que utiliza sus redes como un mecanismo de agitación política. Una de las pruebas de su participación en Chile, que consigna el informe, es una fotografía que el mismo Carvajalino subió a sus redes sociales, en un evidente Photoshop en que se ve al tuitero con La Moneda de fondo.
*El Plan Zeta fue un supuesto plan del Gobierno de Salvador Allende, para llevar a cabo un autogolpe con el fin de imponer a la fuerza un Gobierno marxista. La supuesta existencia de este plan fue divulgada por los militares que perpetraron el Golpe de Estado de 1973 para justificar la violencia.
