Opinión
Es un deber cívico conocer las luces y sombras que hay en todo el proceso constituyente y, a partir de lo que es un análisis serio y riguroso, adoptar una decisión informada y libre de cualquier contaminación mediática e ideológica. De esta forma, y ante la sistemática instrumentalización de la ignorancia cívica que ha hecho la mayoría de los partidos políticos, se puede señalar que estos la han aprovechado, transformándola en un medio y en una oportunidad para que ellos puedan perpetuarse en el poder, evidenciándose una actitud que hoy les transforma en actores principales a la hora de promover la irresponsabilidad cívica; vicio social que ha posibilitado una impunidad electoral ante el gran número de leyes que se han implementado sin la adecuada tributación al bien común y que, en algunos casos, han condicionado y negado la dignidad de las personas.
De cara al plebiscito, hay dos preguntas a las que la ciudadanía ha sido invitada a responder, pero que –a mi entender– no han sido contestadas con rigurosidad por la mayoría de las personas, lo cual es un problema de cara a determinar la legitimidad social que tiene el proceso constituyente.
¿Quiere la ciudadanía que la Constitución sea redactada por una mayoría que represente o esté adscrita a los partidos políticos? ¿Quieren los votantes optar por una mayoría de candidatos que representen a una ciudadanía verdaderamente independiente?
Si las personas contestaran con rigurosidad estas simples preguntas, se darían cuenta que se hace necesario conocer no solo los requisitos para inscribir las candidaturas, sino también cómo funciona el método electoral D’Hondt, ya que es el mecanismo con el que se elegirá a las personas que redactarán la nueva Constitución.
De esta forma, y atendiendo a que hoy se observa que la mayoría de la ciudadanía no conoce el funcionamiento de esta técnica electoral, es que se puede inferir que este proceso constituyente está altamente contaminado con una ausencia de rigurosidad cívica.
Este método, que se utilizará para elegir al 50% de representantes (no parlamentarios) que integrarán la Convención Mixta en el caso que gane esta opción, y que se utilizará para elegir al 100% de los incumbentes en la Convención Constituyente en caso que esta gane, se transforma en una barrera muy compleja de superar para todos los candidatos independientes, lo que implicará –en la práctica– que la mayoría de los miembros elegidos para redactar la nueva Constitución serán personas que no representarán a la ciudadanía independiente, sino que representarán a partidos políticos.
Algunas personas creerán que si la ciudadanía va a votar en masa se podrá romper esta barrera, y es ahí en donde les invito a leer sobre el método D’Hondt y la forma en la que este se materializa.
A modo de resumen y en aras de ofrecer un ejemplo que evidencia las mínimas oportunidades de los candidatos independientes, puedo señalar que el método D’Hondt, y que llegó a Chile a fin de reemplazar al binominal, se utiliza para que la mayor parte de los partidos políticos que estén adscritos a listas electorales tengan representación en la respectiva elección.
Esto implica que el método D’Hondt no está pensado para generar una igualdad de oportunidades en lo que respecta a la competencia electoral que hay entre candidatos adscritos a partidos políticos y candidatos independientes.
De hecho, si analizamos cómo se ha utilizado este método en nuestro país, se puede evidenciar que de los actuales 155 diputados que hoy integran la Camára Baja, todos llegaron al Congreso siendo miembros de algún partido político o siendo patrocinado por alguno de ellos, no habiendo –en consecuencia– ningún diputado electo que sea 100% independiente.
Ante esa realidad, el actual proceso constituyente está viciado desde el origen, ya que los partidos políticos plantearon un acuerdo que promovía la redacción de una nueva Constitución, pero cuidando que dicha redacción no afectase su estatus de poder en la nueva reconfiguración política y social del país, estableciendo al método D’Hondt como una garantía.
Así entonces, las opciones Apruebo y Rechazo se configuran como dos caras de una misma moneda, la que no tiene valor a la hora de conseguir legitimidad social. Sin embargo, la mayoría de las personas, y en donde hay destacados académicos que han traicionado la rigurosidad intelectual que en su momento les posicionó, han omitido hacer este básico análisis.
Sin temor a equivocarme, la gran mayoría de las personas queremos una nueva Constitución, capaz de garantizar no solo el acceso a derechos sociales, sino también todo aquello que implique garantizar la calidad y oportunidad de ellos, ofreciendo reconocimientos que generen obligaciones públicas que, a partir del principio de legalidad, permitan materializar políticas públicas que tributen de manera efectiva a la dignidad y al bien común.
Si eso es así, y si además se reconoce que hay una mayoría ciudadana que considera que los partidos políticos –y los parlamentarios– no han honrado la confianza y el mandato de representación que el pueblo por años les ha entregado, cabe preguntarse entonces: ¿por qué razón las personas aprobarán un proceso de cambio que dependerá materialmente de aquellos partidos políticos que históricamente se han negado a ofrecer derechos sociales efectivos a la ciudadanía?
La respuesta parece ser sencilla: hay un «enamoramiento» ciudadano respecto a la idea de tener una nueva Constitución. Sin embargo, esta subjetividad invisibiliza la necesaria rigurosidad cívica con la que el proceso constituyente amerita analizarse.
Ante ello, debo señalar que puedo entender el «enamoramiento» que genera la expectativa detrás de la idea de redactar un nuevo texto constitucional, pero considero que esto no puede ser el factor principal que inspire la participación ciudadana. Esto es así, ya que no actuar con rigurosidad y racionalidad se transforma en un autogol que la ciudadanía todavía no se percata que lamentará, y que empezará a evidenciar cuando vea los nombres de los candidatos que se presentarán como incumbentes y, especialmente, cuando vea el resultado producto de la implementación del método D’Hondt.
A mi entender, es un deber cívico conocer las luces y sombras que hay en todo el proceso constituyente y, a partir de lo que es un análisis serio y riguroso, adoptar una decisión informada y libre de cualquier contaminación mediática e ideológica.
De esta forma, y ante la sistemática instrumentalización de la ignorancia cívica que ha hecho la mayoría de los partidos políticos, se puede señalar que estos la han aprovechado, transformándola en un medio y en una oportunidad para que ellos puedan perpetuarse en el poder, evidenciándose una actitud que hoy les transforma en actores principales a la hora de promover la irresponsabilidad cívica; vicio social que ha posibilitado una impunidad electoral ante el gran número de leyes que se han implementado sin la adecuada tributación al bien común y que, en algunos casos, han condicionado y negado la dignidad de las personas.
Así, entonces, considero necesario que la ciudadanía adopte con rigurosidad un cambio de actitud y entienda que el empoderamiento y conocimiento cívico son esenciales respecto al rol que se debe cumplir a la hora de conformar una sociedad democrática, respetuosa y exigente de los derechos humanos.
Desgraciadamente, este proceso constituyente ha demostrado que estamos muy lejos de ello.
