Opinión
Frente a la posibilidad excepcional de participar en el diseño de las reglas básicas que fundarán el nuevo pacto de nuestra convivencia, es importante que grupos sociales que han sido históricamente excluidos de la toma de decisiones, sean considerados a la hora de adoptar medidas que promuevan su inclusión. Es el caso de la adopción de la paridad en la opción Convención Constitucional, un logro de los movimientos feministas. Sin embargo, ello no basta.
La participación reducida a los procesos electorales locales y nacionales cada cuatro años, es uno de los factores del cuestionamiento y deslegitimación del sistema político chileno y que se expresó en el estallido social. Ha contribuido a la desafección política de la ciudadanía y a la reproducción de un sistema que se mira a sí mismo, que no ha sido capaz de encontrar los modos de procesar esta demanda que está en la base de la legitimidad de cualquier transformación política.
El proceso constitucional requiere de la mayor participación posible, no solo a través de la elección de representantes, sino también a través de múltiples mecanismos que aseguren contar con la información, ser oídos e incidir en las deliberaciones a que dará lugar la redacción de la nueva Carta Fundamental.
Frente a la posibilidad excepcional de participar en el diseño de las reglas básicas que fundarán el nuevo pacto de nuestra convivencia, es importante que grupos sociales que han sido históricamente excluidos de la toma de decisiones, sean considerados a la hora de adoptar medidas que promuevan su inclusión. Es el caso de la adopción de la paridad en la opción Convención Constitucional, un logro de los movimientos feministas. Sin embargo, ello no basta.
[cita tipo=»destaque»]Audiencias públicas, publicidad en los procesos de deliberación, diálogo territorial con los delegados y las delegadas constitucionales, el uso de las tecnologías para informar de los debates y deliberaciones son herramientas que, más allá de los resultados de estas, contribuyen a una mayor democratización y a construir confianzas en un Chile que, durante muchos años, no ha sabido convivir con su diversidad social y política.[/cita]
Tan importante es lo que se discutirá en el seno del mecanismo encargado de redactar la Constitución, como la instancia para llegar a ello. De ahí la relevancia que las organizaciones de la sociedad civil han dado al reglamento que regulará el funcionamiento del órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución.
Los chilenos y las chilenas durante el último año han generado espacios múltiples de diálogo y participación, se han reencontrado en sus territorios, sus barrios, en sus organizaciones, dando cuenta de su interés en la política y deliberando sobre las cosas que les afectan. Esa experiencia acumulada en cabildos y asambleas, en las múltiples vocerías sociales que dan cuenta de la ampliación del registro de la política, no puede quedar fuera del proceso constitucional y, al revés, debe enriquecerlo.
Audiencias públicas, publicidad en los procesos de deliberación, diálogo territorial con los delegados y las delegadas constitucionales, el uso de las tecnologías para informar de los debates y deliberaciones son herramientas que, más allá de los resultados de estas, contribuyen a una mayor democratización y a construir confianzas en un Chile que, durante muchos años, no ha sabido convivir con su diversidad social y política.
