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El 56,3% del total de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se concentra en 10 compañías consideradas emisoras o contaminantes. La mayor parte de estas empresas se orientan hacia actividades extractivistas de alto impacto, en los sectores Eléctrico (US$5.033 millones), Forestal (US$2.162 millones), Hidrocarburos (US$1.827 millones), Minería (US$1.659 millones), SAPS (US$915 millones) y Monocultivos (US$325 millones), señala el estudio elaborado en conjunto por Heinrich Böll Stiftung y la Fundación Sol. Junto al sector de hidrocarburos, el transporte y el minero, superan los mil millones de dólares en inversión desde las AFP, focalizados en grandes grupos económicos, como los Matte, Angelini, Luksic, y algunas empresas del Estado. Celulosa Arauco, ENAP, AES Gener, Agrosuper y ENAEX destacan entre ellas [ACTUALIZADA]
A junio de 2020, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invirtieron más de $15.777 millones de dólares en acciones de sociedades anónimas abiertas nacionales y en bonos emitidos por empresas privadas y públicas chilenas, con el objetivo de rentabilizar los fondos de sus afiliados. No es el único mecanismo que tienen, porque hay otros, como los depósitos a plazo y los títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras.
Sobre las inversiones en empresas, la mayor parte se orienta hacia actividades extractivistas de alto impacto, en los sectores Eléctrico (US$5.033 millones), Forestal (US$2.162 millones), Hidrocarburos (US$1.827 millones), Minería (US$1.659 millones), SAPS (US$915 millones) y Monocultivos (US$325 millones). Es más, el 56,3% del total de las inversiones lo concentran 10 compañías consideradas emisoras o altamente contaminantes.
En su conjunto, las actividades extractivistas –extracción intensiva y en grandes volúmenes de Recursos Naturales, con muy bajo procesamiento y destinado para su venta en el exterior– abarcaron un 75,5% de las inversiones de las AFP en empresas que operan en Chile. Solo las dos primeras –los sectores eléctrico y forestal– acumulan el 45,6% del total de inversiones de las AFP. A junio de 2020, por ejemplo, las AFP invirtieron $1.659 millones de dólares en empresas y fondos de inversión para proyectos mineros
Esto es parte de lo que analizó el estudio «Inversiones de las AFP en empresas extractivas y de alto impacto ambiental», elaborado en conjunto por Heinrich Böll Stiftung y la Fundación Sol, donde concluyen que «las empresas extractivistas y de alto impacto ambiental constituyen un destino de inversión privilegiado para las AFP. A tal punto ha llegado esta relación que en la actualidad 9 de cada 10 pesos invertidos por las AFP se destinan a empresas que se apropian de recursos de la naturaleza o generan un elevado impacto al articular las cadenas globales de producción de mercancías (como el sector naviero)».
«Esta investigación busca entregar una radiografía de la relación entre la inversión de las AFP y la instalación o expansión de empresas extractivistas y de alto impacto ambiental que operan en Chile y tienen consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la naturaleza y las comunidades. Esta relación implica que el ahorro de las y los trabajadores se utilice -mediante la compra de acciones, bonos y otros instrumentos- para la capitalización de empresas cuya actividad se basa en la apropiación de recursos», explican en el documento.
Celulosa Arauco, ENAP, AES Gener, Agrosuper y ENAEX destacan entre las empresas que reciben grandes inversiones directas de las AFP. Un conjunto de empresas que han estado involucradas en conflictos con las comunidades y posteriormente con la justicia. La inversión en estas empresas asciende a un total de $1,57 billones ($1.575.893 millones).
El problema de estas inversiones es que, por lo general, son ubicadas en lugares que, a estas alturas, ya son «zonas de sacrificio». «La revisión histórica de la instalación y profundización de los extractivismos, da cuenta de una institucionalidad articulada para promover el crecimiento y expansión de este tipo de actividades a lo largo del tiempo. Objetivos como el situar a Chile como Potencia Agroalimentaria, son ejemplos claros de este tipo de orientaciones y la fuerza con que se ha promovido como una estrategia nacional de ‘desarrollo’ orientada a la apropiación, extracción y exportación de recursos. La discusión actual sobre la reactivación pospandemia, da cuenta de un fortalecimiento de las garantías que se entregan a los proyectos extractivistas y un relajo de las normativas», dice parte del estudio.
Es en estos lugares donde las AFP han invertido, mediante la compra de bonos y acciones, como los casos de proyectos eléctricos sucios y de celulosa, «ambos emblemáticos en términos de daño ambiental». Junto al sector de hidrocarburos, el transporte y el minero, superan los mil millones de dólares en inversión desde las AFP. Las empresas son todas ligadas a grandes grupos económicos, como los Matte, Angelini, Luksic, y algunas empresas del Estado.
Precisamente las 10 comunas con más alto porcentaje a favor del Apruebo en el Plebiscito fueron las llamadas «Zonas de sacrificio». «Se trata de territorios que sufren los efectos del extractivismo. Un anhelo de cambios profundos, que para algunas y algunos son urgentes», dicen.
Recaredo Gálvez, uno de los autores del estudio, conversó con El Mostrador sobre esto: «¿Por qué estamos financiando empresas que generan un sacrificio humano reconocido en distintos territorios y que en gran medida estamos sosteniendo con un sistema de cuentas individuales que ni siquiera paga pensiones suficiente?».
«Vamos viendo que este es un diseño que beneficia al gran capital, que además está destruyendo el medio ambiente», agregó. «Muchas empresas, como AES Gener, Freirina con Agrosuper, reciben inversiones de las AFP. Ahí uno se pregunta quién gana con todo esto, por qué desarrollarlo de esta manera. Los grandes ganadores son los mismos grupos económicos que están detrás de estas empresas, como grupos Matte o Angelini, por ejemplo», dice Gálvez.
Según el experto, este tipo de inversión «forma parte del diseño original que las AFP vienen realizando desde el inicio, que es invertir en empresas de grandes grupos económicos y eso está relacionado con el modelo económico chileno en términos de su matriz primaria exportadora».
«Lo de las AFP, más allá de que haya que corregirlo, hay que mirar en dos líneas: que esto forma parte de un modelo productivo que tiene que ir de salida y, por otro lado, las AFP no necesitan pequeñas reformas o correcciones, porque tenemos que pensar que el objetivo es pagar pensiones. A través de estas inversiones, las pensiones que están pagando son insuficientes, están por debajo del sueldo mínimo. Hay que sustituirlas por un sistema de seguridad social», agregó.
«De esta manera, desde su creación, las AFP han ido cambiado su rol, afianzándose en décadas recientes como un engranaje fundamental en el financiamiento de la economía nacional, al brindar a un sector de las compañías nacionales mecanismos de capitalización independientes de la banca. Esta forma de expansión del mundo financiero hacia las empresas no financieras se complementa con el crecimiento desproporcionado del peso del sector financiero en todas las áreas de la economía, pero, por sobre todo, su crecimiento hacia el sector de los hogares y una estrategia de negocios basada en la relación entre los recursos de los hogares y los mercados abiertos», dicen.
Uno de los argumentos que usan los que defienden este tipo de actividades es que, a pesar de ser dañinas para la población, dan mucho empleo en la zona. Este estudio, elaborado por Recaredo Gálvez, Benjamín Sáez, Andrea Sato y Caroline Stevens desmitifica esto, ya que dice que «las actividades laborales extractivistas no generan un gran impacto cuantitativo en términos de empleo».
En su conjunto, al considerar a los trabajadores empleados en actividades extractivistas, se llega a un total de 392.452 personas a nivel nacional, lo que equivale a un 5,6% de las personas asalariadas.
Esto es peor en las llamadas «zonas de sacrificio», ya que si a nivel nacional un 54,8% de las personas en edad de trabajar se encuentran ocupadas, en estas zonas este porcentaje equivale a un 49,6%. La “inactividad” en estas zonas alcanza un 44,3% en comparación con el 40,6% a nivel nacional.
«Se observan en este contexto relevantes problemáticas en la calidad del empleo. Estas problemáticas adquieren rasgos particulares dependiendo del sector. De esta forma, sectores de alta tecnología y salarios elevados, como la minería, presentan el subcontrato como principal vía para la flexibilización del ‘uso del factor trabajo’ por parte del capital. Se trata de una forma contractual que vulnera derechos, manteniendo una escala salarial menor, peores condiciones laborales y de seguridad, entre otras», explica el estudio.
Por otro lado, en otros sectores, como el agrícola, ganadero y de silvicultura y pesca, «la falta de un contrato escrito aparece como la principal forma de vulneración de derechos laborales, en una rama de actividad caracterizada por sus bajos salarios y condiciones laborales precarias. Se trata justamente del sector más feminizado entre las actividades extractivistas».
Estas últimas actividades concentran un 69% de las mujeres ocupadas en ramas extractivas. Le sigue en relevancia la explotación de minas y canteras con un 15,8%. En el caso de los hombres, un 53,3% se concentra en las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La segunda actividad con mayor peso es también la explotación de minas y canteras, pero con un mayor porcentaje, llegando a un 28,9%.
«Esta investigación ha permitido observar la desigual distribución de las actividades remuneradas y no remuneradas en los hogares, dando cuenta de cómo la ocupación masculina en actividades extractivistas fomenta la figura tradicional del ‘proveedor’ y la conformación de hogares que combinan la actividad y la inactividad. En los hogares de jefatura femenina, es más frecuente la organización de hogares unipersonales o de ocupación plena, presentando un menor porcentaje de hogares en que se combina la ocupación y la inactividad», dice el estudio.
Un 11,8% del sector de actividades agrícolas, de ganadería, silvicultura y pesca no tienen un contrato escrito. Esto supera el promedio nacional, cifrado en un 8,8% aproximadamente.
En tanto, la rama con mayor externalización es la minería, en donde el 18,2% de las personas empleadas se encuentran contratadas mediante subcontrato, suministro o enganche. En las actividades de suministro de agua hay un 16,5% del total de personas ocupadas. En su conjunto, a nivel nacional, un 13,2% de las personas asalariadas en el sector extractivista se encuentran externalizadas.
