La Constitución y el Estado

Después de la alegría –euforia diríamos– por la votación del plebiscito, compartida por los residentes de (todas -4) comunas del país, comienza la tarea en serio. No solo la de elegir convencionales, sino la de darle contenido a la nueva Constitución.

Casi todos, hasta en la derecha, coinciden en que el Estado tendrá en esta nueva versión un rol más relevante, sea para garantizar efectivamente los derechos sociales o para recaudar y redistribuir más tributos, o para acercarnos en mayor medida a los países socialdemocráticos del norte de Europa o la admirada Nueva Zelanda.

Pero ¿y si estos recursos son mal administrados? Ese es el gran cuco que nos mete la derecha: que los recursos serán despilfarrados, que no le llegarán a la gente, sino que serán devorados por una capa de burócratas más interesados en sus bolsillos que en el bien común y que las colas se harán aún más eternas, etc.

Algo de razón tienen, pero no tanta. Aún con ratones en algunos hospitales, el hecho duro es que en todos los rankings internacionales la eficiencia del Estado chileno está más cerca del norte de Europa que del norte de Sudamérica. Si no me cree, busque las estadísticas del FMI o de la ONU. El problema básico es que, lo que logra el Estado chileno, lo logra con comparativamente pocos recursos.

[cita tipo=»destaque»]Llevamos más de una década, desde Bachelet I, con ese proyecto de ley archivado por ignotas razones. Suponga usted que es un jefe(a) de servicio, digamos un Serviu o la Corfo, o una empresa pública como Ferrocarriles o un programa social como esos que últimamente han sido descuerados en la prensa. Le avisan que ha salido sorteado para que la Agencia le haga una auditoría, pero no de la probidad de los dineros (para lo cual está la Contraloría) sino de su eficiencia, eficacia y calidad, es decir, cuánto está logrando hacer con su presupuesto, con cuánta eficiencia y con que calidad de servicio. Le temblarían las rodillas, ¿verdad? Se preocuparía desde el primer día de hacer las cosas bien, ¿verdad?[/cita]

Con todo, no hay duda que la legitimidad del nuevo modelo chileno se jugará en gran medida en que tengamos un Estado EEC: o sea, más Eficaz (que haga más cosas que hoy), Eficiente (que las haga sin mucho dispendio) y con Calidad (con atención más rápida y cordial para sus usuarios).

Son muchas las rutas por las que esto se podría mejorar: un mejor estatuto del empleo público, las tecnologías de información y la descentralización, por ejemplo. Sin embargo, me la jugaré por cuatro llaves maestras, sin las cuales el resto tendrá dificultades para materializarse.

1. Perfeccionamiento y expansión de la Alta Dirección Pública. A pesar de muchas críticas, a veces poco fundadas, esta ha sido la principal reforma del Estado en Chile desde la llegada de la democracia. Antes, cualquier cuñado o compadre del diputado de turno obtenía una dirección o subdirección de un servicio público, sin tener ni los conocimientos ni los dedos para tocar ese piano. Hoy, aunque las presiones políticas logran prevalecer en algunos casos, hay un fusible que no se pueden saltar: “el-per-fil-del-car-go”. Este es definido por la Alta Dirección, establece requisitos profesionales, experiencias y competencias, y los compadres pituteros no se lo pueden saltar, porque está en la ley.

Se trataría entonces de: a) blindar más el sistema, estableciendo mayores dificultades para el despido arbitrario de los directivos ya nombrados; b) darle más autonomía al Consejo, de modo que su Presidente deje de ser funcionario de confianza presidencial; y c) agárrese del asiento: establecer la concursabilidad de los 800 programas públicos, que están en el limbo administrativo y organizacional, y de todos los cargos de tercer nivel jerárquico, no solo los de primero y segundo. Esto ampliaría en 4 o 5 veces el número de funcionarios seleccionados por este sistema, con lo cual la profesionalización del servicio público llegaría a un nivel inédito en nuestra historia y en la de muchos países OCDE.

2. Subsecretarios que sean verdaderos jefes del servicio ministerial. Esto puede sonar a detallito burocrático, pero créame que no lo es. La ley dice que los subsecretarios son efectivamente los jefes del servicio, lo cual es muy importante en ministerios como el de Educación, con 4 mil funcionarios, además de los otros 4 mil de servicios públicos que dependen del ministerio, como por ejemplo la Junji, Junaeb, superintendencias varias, etc. En Salud o en Vivienda, ya ni se diga. Todos, temas vitales para el servicio a los ciudadanos.

Sin embargo, los subsecretarios –de los cuales se supone que depende la calidad del servicio de esos casi 8 mil funcionarios– son nombrados por pura confianza política y con cuoteo: si el ministro es RN, toca un subse UDI; si es PPD, toca un PS. ¿Me sigue? Y la capacidad de gestión de estos subsecretarios, muy bien gracias. Esto establece una verdadera muralla china entre el mundo de “lo político” y el mundo de “la gestión” y los directivos de servicios públicos se sienten más solos que un dedo. Nadie en el gabinete ministerial se preocupa de ellos… hasta el próximo escándalo con su consecuente acusación constitucional.

Proponemos, entonces, en aquellos ministerios de gran envergadura, designar por ley dos subsecretarios: uno(a) político, que acompañe al ministro al Congreso y participe en sus negociaciones, y otro(a) seleccionado por Alta Dirección, que actúe como el verdadero jefe del servicio ministerial y de los servicios dependientes. Si se estima que este subsecretario no es políticamente leal al ministro, no hay problema, siempre lo podrán despedir y concursar uno nuevo que cumpla con el perfil o designar uno de confianza política, pero con autorización del Consejo de la ADP. Sencillo, barato y potente. De este funcionario dependería que los jefes de servicio rindan cuenta, negocien su convenio de desempeño, y hagan bien su pega, coordinados con el ministro del caso.

3. Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas. Llevamos más de una década, desde Bachelet I, con ese proyecto de ley archivado por ignotas razones. Suponga usted que es un jefe(a) de servicio, digamos un Serviu o la Corfo, o una empresa pública como Ferrocarriles o un programa social como esos que últimamente han sido descuerados en la prensa. Le avisan que ha salido sorteado para que la Agencia le haga una auditoría, pero no de la probidad de los dineros (para lo cual está la Contraloría) sino de su eficiencia, eficacia y calidad, es decir, cuánto está logrando hacer con su presupuesto, con cuánta eficiencia y con que calidad de servicio. Le temblarían las rodillas, ¿verdad? Se preocuparía desde el primer día de hacer las cosas bien, ¿verdad?

Hay quien dice que esta Agencia debiera depender de la Contraloría. Ni de chiste, mientras esta tenga un mandamás unipersonal que no le rinde cuentas a nadie. Pero si esta se convirtiera en un Consejo Contralor de cinco integrantes, como figura en el proyecto de ley que está hoy en la oficina del Presidente de la República, podría ser el lugar perfecto. Si no, que dependa del Senado.

4. Ministerio de la Reforma y Administración del Estado. Suelo criticar y estar en contra de la creación de ministerios por doquier. Pura señalética política sin substancia, como fue el último caso de Ciencia y Tecnología, o Deporte, cuya actividad no ha mejorado un ápice por su existencia. Pero no es el caso. Hay muchísimas reformas que no son de tipo transversal, sino sectorial y debe haber un ministro con fuerza en el gabinete, para establecer y empujar una agenda integral de sus numerosas reformas en decenas de ministerios y gobiernos regionales.

Asimismo, debieran pasar a depender de este ministerio una serie de unidades que andan dando vueltas como huerfanitas. ¿Qué hacen las cruciales tecnologías de información y la inteligencia artificial, dependiendo de un ministerio político como la Segpres? ¿ChileCompra y el Servicio Civil en Hacienda? ¿El Laboratorio de Gobierno en Corfo? Si todos estos entes estuvieran coordinados en una sola mano, otro gallo cantaría… el gallo de la modernización del Estado.