Opinión
Para avanzar en una sociedad que brinde igualdad de oportunidades, la nueva Constitución debería no solo consagrar el derecho a la educación, sino también todos sus elementos mínimos, tales como calidad, inclusividad y adaptación cultural. Asimismo, se debe priorizar la educación pública por sobre la libertad de enseñanza. Ciudades más integradas, sostenibles e inclusivas, requieren de una garantía constitucional del derecho a la vivienda. Este derecho debiera incorporar la gestión democrática del hábitat, relevar el interés general y garantizar una gobernanza urbana que descentralice, desconcentre y reorganice el poder dentro de nuestras ciudades. Por último, en materia de género, es necesario garantizar la igualdad de género como derecho fundamental. Esto obliga a diseñar políticas públicas que tengan en cuenta los obstáculos estructurales y las experiencias cotidianas de mujeres, hombres y las diversidades presentes en el territorio.
Chile concurrió a las urnas a dar una cátedra de participación ciudadana. A pesar de todos los obstáculos, incluyendo la pandemia que nos azota, la ciudadanía utilizó el proceso democrático para decir alto y claro: se debe reemplazar la Constitución impuesta durante la dictadura cívico-militar y construir un nuevo pacto social que distribuya el poder, establezca reglas justas de vida en común y proteja de mejor manera los derechos de todas y todos.
Sin embargo, las elecciones del pasado domingo son solo el inicio. Construir un sistema económico y social capaz de procesar las demandas ciudadanas que por décadas han sido despreciadas y negadas por las élites políticas y económicas requiere de cambios profundos que no serán fáciles de lograr. Uno de los próximos pasos críticos es conseguir que los derechos sociales continúen al centro del debate.
Los derechos sociales incluyen la salud, vivienda, educación, medio ambiente, seguridad social, agua y saneamiento. En Chile, la exigencia de un mayor reconocimiento y garantía de estos derechos ha sido el núcleo de las demandas ciudadanas, manifestadas a través de diversos movimientos sociales, así como en los encuentros locales autoconvocados que se establecieron durante el proceso constituyente del año 2016. Este clamor ciudadano no hizo más que agudizarse con las protestas masivas y territorialmente extendidas que se iniciaron en octubre 2019.
Sin embargo, la inclusión de los derechos sociales en el nuevo texto constitucional no está garantizada. En Chile, por más de 40 años se han construido mitos acerca de la infalibilidad del mercado, del “goteo” o el crecimiento económico como único mecanismo para sacar de la pobreza a los más marginados y de la privatización como fuente de eficiencia económica y bienestar para todos. Por décadas las élites no han escatimado esfuerzos para tratar de convencer que los derechos sociales no son verdaderos “derechos”, y que no es necesario ni viable garantizarlos en la Constitución. Son estos mitos los que ahora toca desbancar a través de evidencia, la experiencia comparada y la organización colectiva.
Estos no son los únicos desafíos. Consagrar los derechos sociales de acuerdo a los estándares internacionales requiere, por un lado, fomentar un proceso participativo que refleje la diversidad del país y permita que las voces de los grupos históricamente desventajados tengan incidencia directa en el proceso constitucional. Por otro lado, lograr la reorganización del poder y sus instituciones políticas para que sirvan de garante a estos derechos.
El reconocimiento de los derechos sociales en la nueva Constitución no es una bala de plata. Su inclusión no solucionará de la noche a la mañana los problemas económicos, las carencias materiales ni las brechas sociales. Sin embargo, el resultado electoral de ayer nos ha colocado en la senda para la construcción de un país más justo. El reconocimiento y garantía constitucional de los derechos sociales empodera, emancipa y dignifica, tanto a individuos como a comunidades. Además, nos abre la puerta para el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y para la elaboración de políticas sociales dirigidas a realizar los derechos.
A modo de ejemplo, para avanzar en una sociedad que brinde igualdad de oportunidades, la nueva Constitución debería no solo consagrar el derecho a la educación, sino también todos sus elementos mínimos, tales como calidad, inclusividad y adaptación cultural. Asimismo, se debe priorizar la educación pública por sobre la libertad de enseñanza. Ciudades más integradas, sostenibles e inclusivas, requieren de una garantía constitucional del derecho a la vivienda. Este derecho debiera incorporar la gestión democrática del hábitat, relevar el interés general y garantizar una gobernanza urbana que descentralice, desconcentre y reorganice el poder dentro de nuestras ciudades. Por último, en materia de género, es necesario garantizar la igualdad de género como derecho fundamental. Esto obliga a diseñar políticas públicas que tengan en cuenta los obstáculos estructurales y las experiencias cotidianas de mujeres, hombres y las diversidades presentes en el territorio.
Con esta votación histórica la ciudadanía ha expresado, sin vacilación, que los derechos humanos son indivisibles. Que una vida digna no se limita a ejercer el derecho a voto, y requiere que todas y todos podamos vivir una vida sin temor ni incertidumbres. Sin el temor paralizante de no tener dinero para pagar una enfermedad grave o un parto; de no tener una pensión de vejez; que te puedan despedir de tu trabajo de manera arbitraria; que tus hijos no puedan tener la educación que merecen o la desoladora incertidumbre de una olla sin comida y una billetera vacía.
Hoy, se ha dado el primer paso para construir una Constitución que refleje la sociedad donde queremos vivir: sin los privilegios desmedidos de unos pocos y en pleno respeto de la dignidad de todos los habitantes.
