Opinión
Es hora de asumir con total profundidad que la lógica electoral, tal como fue construida por la política binominal que se presentaba como única encarnación de la democracia y que descansa en la primacía de aparatos políticos que funcionan de espaldas a la sociedad, constituye hoy un freno para la transformación que reclama dicha sociedad. Ese es el trasfondo real de la cuestión de los llamados independientes. Es fundamental, por tanto, que la participación de los independientes en la Convención no se defina de la misma forma en que se ha definido hasta ahora la participación de miembros de partidos en los procesos electorales.
Son diversos los sectores que han sostenido la necesidad construir una amplia unidad de las fuerzas de cambio, que permita avanzar de forma efectiva tanto en el proceso constituyente como en la constitución de gobiernos locales, y de otros niveles durante el período que se ha abierto. Estamos de acuerdo.
Es preciso que ese objetivo no se confunda, sin embargo, con la idea de la unidad de la oposición tal como ha sido enunciada desde las elites –particularmente concertacionistas–, que se presenta como la urgencia de una alianza de partidos resultante de una negociación entre directivas partidarias, que incluyen en definitiva a muchos sectores que han sido parte de esa cuestionada dirección de nuestra sociedad y que pedían mano dura en los primeros días de la revuelta de octubre o votaron proyectos de criminalización de la movilización social.
Esa sería una unidad vacía, de cuya eficacia electoral en realidad dudamos y que, por cierto, no permitiría avanzar ni un ápice en los anhelos de cambio que ha expresado una mayoría social una y otra vez de octubre a octubre. Es hora de asumir con total profundidad que la lógica electoral, tal como fue construida por la política binominal, que se presentaba como única encarnación de la democracia y que descansa en la primacía de aparatos políticos que funcionan de espaldas a la sociedad, constituye hoy un freno para la transformación que reclama dicha sociedad. Ese es el trasfondo real de la cuestión de los llamados independientes.
[cita tipo=»destaque»]Proponemos que se establezca un solo mecanismo de constitución de candidaturas, sin distinciones entre partidos e independientes. Para ello se podrá utilizar el criterio ya establecido de acreditar una cantidad de patrocinantes equivalentes al 0,2% de los votos válidamente emitidos en las pasadas elecciones de diputados, para el caso de candidaturas individuales, o 0,5% para el caso de una lista. Que dichas firmas sean recogidas vía Clave Única, atendiendo al riesgo sanitario que implicaría concurrir presencialmente a una notaría. Además, que las firmas puedan ser otorgadas por personas inscritas o no en partidos, y que ese proceso sea gratuito.[/cita]
En ningún caso se trata de esa simplificación que han querido interpretar algunos parlamentarios, referida a la inscripción o no en partidos de las candidatas y los candidatos. Decir independientes es nombrar una posición política en la sociedad, que se relaciona con el lugar que una amplia mayoría de la gente identifica con el poder constituyente. Ese lugar es el pueblo, la ciudadanía, la gente sencilla, no las cúpulas partidarias o los poderes de la institucionalidad política.
Esa contradicción indica la extendida preocupación ciudadana, que se expresó en el voto por la Convención Constitucional, de que no vuelvan a ser los mismos poderes que estructuraron el orden de injusticias aún vigentes, los que se arroguen el papel de los constituyentes. Que no pretendan, aquellos que no padecen las injusticias, ser quienes se hacen cargo de dar forma a una sociedad más justa para esas mayorías que sí han padecido las injusticias, menos aún si ellos han sido parte de la mantención y perfeccionamiento de las variadas formas de sometimiento que le han dado sostén.
Es fundamental, por tanto, que el problema de la participación de los independientes en la Convención no se defina de la misma forma en que se ha definido hasta ahora la participación de miembros de partidos en los procesos electorales. Sería muy fácil que un independiente reprodujera e, incluso, amplificara las peores formas de la política elitista, amparándose en una independencia que utiliza a su conveniencia la crisis de legitimidad de los partidos. Efectivamente requiere ir mucho más allá.
En una situación en la que la mayoría de la población no ha respaldado la idea de ser representada en la Convención a través de parlamentarios, la cuestión de los independientes debe ser comprendida principalmente no como la elección de personas sin partido, sino como la de la participación popular en el proceso constituyente. De tal modo que implica resolver dos cuestiones diferentes: uno, cómo se eligen los convencionales para garantizar la mayor presencia posible de actores populares y del movimiento social; dos, cómo participa directamente el pueblo en el proceso constituyente.
Enunciamos a continuación nuestras propuestas sobre ambas cuestiones. Se trata del resultado a que hemos llegado con un grupo de compañeras y compañeros con quienes compartimos esfuerzos en la alcaldía ciudadana de Valparaíso.
Sobre lo primero. La manifestación de la voluntad popular el pasado domingo sitúa la necesidad de dar un paso más allá del nivel en que estaba situado el debate legislativo, que proponía pasar de 0,4% a 0,2% de firmas para candidatos independientes y de 1,5% a 0,5% para listas de independientes. Hoy es necesario establecer la completa igualdad de condiciones de participación en el proceso. Más allá de que unas personas sean militantes de partidos y otras no, ante la deliberación constituyente todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos.
Proponemos que se establezca un solo mecanismo de constitución de candidaturas, sin distinciones entre partidos e independientes. Para ello se podrá utilizar el criterio ya establecido de acreditar una cantidad de patrocinantes equivalentes al 0,2% de los votos válidamente emitidos en las pasadas elecciones de diputados, para el caso de candidaturas individuales, o 0,5% para el caso de una lista. Que dichas firmas sean recogidas vía Clave Única, atendiendo al riesgo sanitario que implicaría concurrir presencialmente a una notaría. Además, que las firmas puedan ser otorgadas por personas inscritas o no en partidos, y que ese proceso sea gratuito.
A la actual paridad de género, proponemos integrar cupos reservados para pueblos originarios, para comunidades de la disidencia sexual (LGBTI+) y se considere habilitada para votar a toda la población desde los 16 años.
Respecto del segundo aspecto, proponemos establecer cabildos constituyentes territoriales conducentes a instalar un estado de asamblea permanente y participativo, a través de los cuales se canalicen dos cuestiones fundamentales: la permanente información a la comunidad sobre cada proceso que vaya teniendo lugar en la Convención, de forma directa e incorporando también el uso permanente de tecnologías que permitan, por ejemplo, la trasmisión de las sesiones y la publicación de actas. Y en segundo lugar, y principal, la institución de una participación vinculante permanente, de carácter territorial y viabilizada a través de los municipios, que permita que las y los convencionales respondan efectivamente a las comunidades.
Nuestra propuesta busca resguardar, en definitiva, que el lugar constituyente se ubique no en los convencionales, sino en el pueblo participando en sus territorios.
