Opinión
Es cierto que la ley de protección de glaciares impactará a la minería, específicamente la que destruye glaciares. Quizás este sea el primer paso de un giro en un modelo económico que es profundamente intensivo en la utilización y extracción de bienes comunes. Con muy pocos límites en materia ambiental, la sustentabilidad del modelo es puesta incluso en entredicho por organismos como la OCDE que sostuvo en el Estudio Económico sobre Chile (2018), que “para sostener el crecimiento, Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales.”
En Chile llevamos más de 15 años esperando que el Congreso avance en una ley de protección glaciar. En un contexto de cambio climático, todos los antecedentes científicos nos indican que el principal impacto en Chile será el estrés hídrico, y en gran proporción, debido al impacto del cambio climático sobre los glaciares, de los cuales depende directamente nuestra disponibilidad de agua dulce. Aún así, y aunque suene impensado, actualmente los glaciares aún pueden ser destruidos, afectados y hasta constituir derecho de aprovechamiento sobre ellos.
Acabamos de vivir un plebiscito histórico, donde la amplia mayoría de las chilenas y chilenos aprobó un cambio estructural a las bases del modelo de desarrollo, que destruye el medioambiente y refleja inequidades e injusticias que se hicieron insostenibles socialmente. El acceso, goce y cuidado de nuestros bienes comunes es un tema central para una nueva constitución. La demanda por proveernos de seguridad en el acceso al agua, es un hecho constatado en distintas encuestas, donde la amplia mayoría señala estar preocupada y consciente de este tema. Sin embargo, quienes han liderado el status quo han negado por 15 años el avance de un proyecto que proteja a los glaciares, incluso anotando esta semana aplazar por más días la votación de este proyecto. Una vez más, el Consejo Minero, representado como sindicato o como el Instituto de Ingenieros en Minas, presenta los mismo argumentos que hoy resultan inexplicables al sentido común.
Por tanto, es relevante interpelar a los legisladores y revisar qué esperamos que tengan en vista al momento de tomar una decisión regulatoria de protección de glaciares, pese a que impacte la actividad minera. Para ello es necesario partir de un presupuesto basal de análisis. Minas y aguas son bienes comunes, por tanto el Estado tiene un rol protagónico en determinar el interés colectivo que implica la asignación a privados, ya sea en su calidad de dueño de las minas o de administrador de las aguas que pertenecen en uso y goce al país.
Hasta hoy la minería es una actividad económica que se ha levantado con mucho incentivo público. Hemos apostado al desarrollo de un país minero: concesiones, exenciones tributarias, subsidios, regulación reforzada a escala constitucional, hasta el beneficio legal de no pagar el agua que extraen para sus operaciones; es decir, agua gratis para las mineras desde las más altas cumbres, afectando el nacimiento de las cuencas, sin que conozcamos la dimensión de lo que se extrae, ni cómo ello impacta en la naciente.
Por su parte, el modelo chileno de gestión del agua le entrega su asignación en términos absolutos al mercado. Con escasas normas que resguardan el interés público, no se prioriza el acceso al agua ni de las personas ni de los ecosistemas, y los glaciares ni siquiera se reconocen como ecosistemas estratégicos para mantener la seguridad de nuestro sistema hídrico. Así, en Chile es posible destruirlos, pese a que aproximaciones científicas estiman que los glaciares aportarían hasta el 60% de los caudales de los ríos en época de sequía, justamente en aquellas regiones que alojan a la mayor parte de la población nacional.
Cierto es que la ley de protección de glaciares impactará a la minería, específicamente la que destruye glaciares. Quizás este sea el primer paso de un giro en un modelo económico que es profundamente intensivo en la utilización y extracción de bienes comunes. Con muy pocos límites en materia ambiental, la sustentabilidad del modelo es puesta incluso en entredicho por organismos como la OCDE que sostuvo en el Estudio Económico sobre Chile (2018), que “para sostener el crecimiento, Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales.”
La actividad e incentivo minero debe revisarse a la luz del paradigma climático y ecológico. Es verdad, toda decisión pública regulatoria impacta, y es ahí donde debemos decidir qué es mejor para el bienestar colectivo, pensando en la seguridad pública de manera profunda y sincera. La emergencia climática debe impulsarnos a exigir que esto comience ahora, con una la ley de protección glaciar para Chile, que será sin duda la iniciativa que protegerá la vida en este contexto de cambio climático.
