PAÍS
Gastos sin respaldo, servicios de salud en serios problemas financieros, la sombra de las auditorías al uso de recursos en los hospitales y servicios de salud durante la pandemia, así como en el arriendo de residencias sanitarias y el pago a una constructora en quiebra a cargo del nuevo Barros Luco, fueron los factores que hicieron que la permanencia del subsecretario de Redes Asistenciales se tornara insostenible. Desde septiembre, al menos, que Zúñiga y sus asesores venían preparando una salida «limpia», tal como se trató de hacer esta semana, poniendo el foco público en el cierre de un ciclo y sus aspiraciones de asumir una candidatura en la VI Región.
En la mañana de este miércoles 4 de noviembre, el doctor Jorge Acosta se conectó en una videoconferencia con los 29 directores de los servicios de salud a lo largo del país. Llamaba para despedirse. El jefe de gabinete de Arturo Zúñiga se iba de una manera mucho más silenciosa que el subsecretario de Redes Asistenciales, quien se encargó de filtrar su inminente salida del Ministerio de Salud al menos desde el viernes por la tarde, cuando comenzaron a circular las versiones que ponían en tela de juicio su continuidad en el Gobierno
Acosta se iba sorprendido y triste. Su aspiración natural era que lo nombraran subsecretario de Redes Asistenciales. Simpatizante del sector más conservador de RN, durante años, como director ejecutivo del Instituto Res Publica, se dedicó a defender los “temas valóricos” de la agencia oficialista y, además, podía lucir que durante su gestión la red hospitalaria no enfrentó el dilema de la “última cama”. Pero no resultó suficiente. No le alcanzó la cercanía con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ni menos contar con el apoyo del jefe de asesores de La Moneda, Cristián Larroulet, un vínculo que sí lo puso en un momento como alternativa real para suceder a Zúñiga.
Fue en una reunión en el segundo piso de La Moneda que se le comunicó al ministro Enrique Paris que la decisión era otra. A pesar de eso, en el Minsal contaron los intentos de Acosta para mantenerse en su puesto de jefe de gabinete con el nuevo subsecretario, Alberto Dougnac, y que fue él quien pasadas las 18:00 horas de ayer se encargó de hacer la “entrega” oficial de la repartición a la nueva autoridad.
La salida de Acosta tiene relación con la decisión de La Moneda de sacar al equipo más estrecho de Zúñiga y, por la misma razón, los directores de servicios de salud le expresaron su molestia al doctor durante la videoconferencia de despedida.
[cita tipo=»destaque»]El punto es que no es tan así. La mayoría de los asesores más cercanos al exsubsecretario, como Claudio Salinas –también de Res Publica y concejal por Buin–, Hugo Sáez y Sergio Escobar, son abogados. Al menos desde septiembre, el grupo trabaja “ordenando” y “limpiando” –afirmaron en el Minsal– los contratos que han pasado por la gestión de Zúñiga, con el fin de responder y zafar de las objeciones que muy probablemente traerán los informes de Contraloría. El entonces jefe de Redes Asistenciales los puso a trabajar luego que, a mediados de septiembre, la Dirección de Presupuestos (Dipres), en una reunión a la que asistió junto al ministro Paris, les advirtiera que muchos de los gastos extras autorizados con motivo de la pandemia no tenían respaldo.[/cita]
Es que desde julio y agosto la Contraloría inició una serie de auditorías en servicios de salud como el de Arauco y hospitales como el Sótero del Río, El Pino, San Borja Arriarán, Barros Luco, entre otros, para fiscalizar el uso de recursos públicos para la compra de elementos de protección personal, o la implementación de centros de atención como el Hospital Modular de Rengo. Los directores de servicio saben que Acosta y Zúñiga dieron la orden de gastar por fuera del marco presupuestario, pero que serán los médicos quienes deberán enfrentar eventuales juicios de cuentas. Los resultados de estas investigaciones y un “informe consolidado” de todas las indagatorias que han hecho las Contralorías Regionales, podrían estar disponibles a mediados de diciembre. Y es en buena parte la razón de la salida rápida y planificada de Arturo Zúñiga del Minsal.
“¿Podemos haber cometido errores? Sí, pero era con una sola intención: poder atender a los pacientes, y si a lo mejor hicimos inadecuadamente un contrato, habrá que corregirlo, pero siempre la intención fue cuidar a la ciudadanía”, dijo el exsubsecretario a La Tercera, usando palabras de político entrenado.
En estos días Zúñiga avisó en la prensa que su plan era dejar el ministerio para abocarse a una carrera política. Desde octubre que el ahora exsubsecretario recorre la Región de O’Higgins con su respectiva foto en Instagram, documentando sus visitas a terreno, en lugares como la posta El Manzano, junto al diputado Javier Macaya (UDI). En este despliegue territorial ha sido fundamental el trabajo del abogado José Francisco Lagos, quien estaba a contrata en el Minsal por una renta bruta mensual de 2,9 millones. En el equipo “campañero” de Zúñiga también ha resultado fundamental su jefa de prensa, Pía Valderrama, especialmente a la hora de controlar mediáticamente que la salida del exsubsecretario sea percibida como un simple y exitoso fin de ciclo.
El punto es que no es tan así. La mayoría de los asesores más cercanos al exsubsecretario, como Claudio Salinas –también de Res Publica y concejal por Buin–, Hugo Sáez y Sergio Escobar, son abogados. Al menos desde septiembre, el grupo trabaja “ordenando” y “limpiando” –afirmaron en el Minsal– los contratos que han pasado por la gestión de Zúñiga, con el fin de responder y zafar de las objeciones que muy probablemente traerán los informes de Contraloría. El entonces jefe de Redes Asistenciales los puso a trabajar luego que, a mediados de septiembre, la Dirección de Presupuestos (Dipres), en una reunión a la que asistió junto al ministro Paris, les advirtiera que muchos de los gastos extras autorizados con motivo de la pandemia no tenían respaldo.
En el marco del proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo año, la Dipres –dependiente del Ministerio de Hacienda– hizo reparos en una serie de compras de insumos a plazo pero sin documentos de respaldo, descontrol en la contratación de personal para los hospitales y un desorden administrativo generalizado.
La situación colmó la paciencia en La Moneda y rápidamente la línea de crédito política de Zúñiga se agotó. En el Gobierno ya hacía varias semanas que se hablaba del fin de la era del subsecretario, que quedó en el puesto para “cuidar el legado” de Jaime Mañalich.
Los servicios de salud en una situación financiera especialmente crítica son Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Metropolitano Sur Oriente, Metropolitano Norte, Biobío y tres zonas donde la pandemia ha sido especialmente dura: Araucanía Norte y Sur y el Servicio de Salud de Magallanes.
La Dipres volvió a convocar a una reunión que estaba fijada para el viernes 30 de octubre, pero la cita fue sorpresiva. Lo que significó una señal evidente de que Zúñiga preparaba su bote salvavidas.
A este grupo de “solucionadores” preparado por Zúñiga, que habría avanzado mucho en su cometido de ordenar los contratos –según fuentes del ministerio–, se suman la enfermera Marcela Zúñiga, el ingeniero comercial Julio Gutiérrez y el cientista político Andrés Blume.
Una de las zonas de conflicto e irregularidades que involucra directamente a Arturo Zúñiga, por la responsabilidad de su cargo, es la de los contratos de residencias sanitarias. Por ejemplo, en julio de este año, la Contraloría determinó que el pago de $513 millones por un hotel usado como residencia sanitaria fue irregular, porque el acuerdo fue de palabra y no se encontró el contrato de por medio.
En ese dictamen, la Contraloría estableció que “se definió que en materia de roles y responsabilidades de las residencias sanitarias, firma de contratos, definición de marcos de valores, aplicación de uso de camas, entre otras materias, son de cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a través de los servicios de salud regionales». Por eso, la preocupación era que se repitieran casos como el de Orlando Durán, quien tenía una jefatura en la División de Atención Primaria de Redes Asistenciales y, a la vez, figuraba como socio del Hotel Clínico Spa que fue contratado como residencia sanitaria. Aunque en el Minsal enfatizaron que “hay otras firmas antes que la de él”, todos estos contratos son responsabilidad de Zúñiga, porque llevan su firma.
Otro frente mucho menos claro que el de las residencias sanitarias, los gastos en ventiladores o elementos de protección personal, es el de la construcción de hospitales. “La construcción de 5 hospitales fue acelerada a comienzos de año. Para acelerar la construcción se iban a saltar varias medidas, incluso la recepción municipal. Jorge Acosta, el jefe de gabinete del exsubsecretario Zúñiga era de los que más insistía en acelerar los procesos administrativos para que estas obras se concretaran”, afirmó la diputada Marcela Hernando, que integró la comisión investigadora de la Cámara Baja sobre las inversiones hospitalarias.
Al cabo de unos meses, varias de estas construcciones no registran avances significativos. La diputada Hernando ha hecho consultas al Ministerio de Salud, especialmente sobre la situación del Hospital Barros Luco. El objetivo es precisar lo que exactamente se pagó a la constructora Astaldi, una firma italiana en proceso de reorganización desde abril del año pasado, luego de declararse en quiebra. “Lo que se habría hecho es pagar más allá de lo que estaba ejecutado”, dijo la parlamentaria. La orden de pago se firmó en enero e incluye la rúbrica de Zúñiga. “Me gustaría tener más información, pero todavía no recibo respuesta», agregó Hernando.
Arturo Zúñiga podría pagar los platos rotos de Patricio Herrera, el jefe de la División de Inversiones de la Subsecretaría de Salud Pública, a cargo de Paula Daza, pero cuyas resoluciones de compra incluyen la firma de Zúñiga. Herrera ha visto pasar tres ministros de Salud y sigue allí, aparece junto con Zúñiga en la compra de ventiladores, en el arriendo de las residencias sanitarias. Administrativamente maneja los recursos.
Desde hace dos meses, la Fiscalía lo investiga por un eventual conflicto de interés, al autorizar el pago desde la Seremi Metropolitana de $48 millones a la empresa de un exsocio, Etrend. El 10 de septiembre, el ministro Paris y la subsecretaria Daza tuvieron una fuerte discusión por la continuidad de Herrera. Pero se impuso la subsecretaria y el funcionario sigue en su puesto.
El fiscal que investiga a Herrera es Marcelo Carrasco, el mismo que busca aclarar la magnitud con la que se maquillaron las cifras de contagio y de víctimas. De esta investigación proviene el forcejeo entre el Minsal y la Fiscalía para la entrega de los correos que ayudarían a establecer cómo ocurrieron los hechos durante los primeros meses de la pandemia.
El ministro Paris pidió una prórroga de 42 días para cumplir el dictamen de la Corte Suprema que le obliga a entregar el intercambio de correspondencia. Ayer, dentro de su despliegue en la prensa después de su salida, Arturo Zúñiga se apuró en descartar que haya dejado el puesto por temor a lo que puedan revelar esos correos: «En todo lo que es correo yo no me he visto involucrado, mis mails no han sido solicitados por la Fiscalía, debido a que esos temas no son de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por lo tanto, no hay ninguna relación con esos hechos. Lo descarto absolutamente».
Sin embargo, fuentes al interior del Minsal recordaron que, en la era Mañalich, el ahora exsubsecretario Zúñiga formaba parte del grupo más estrecho de asesores del entonces ministro y que, si bien no participó en lo que tiene que ver con cifras de contagiados, sí habría intervenido en las números poco claros respecto de la cantidad de camas críticas, de residencias sanitarias disponibles y elementos de protección de personal. Zúñiga estaba en el grupo más cercano a Mañalich, junto a su exjefa de gabinete Itziar Linazasoro, el abogado Jorge Hübner y la periodista Sandra Riffo.
Para el diputado Juan Luis Castro (PS), que integró la comisión investigadora de la Cámara sobre la pandemia, respecto de la información solicitada al Minsal sobre gastos, “ha habido muy poca prolijidad para la entrega oportuna y a tiempo de mucha información requerida sobre la cual no se tuvo acceso, y que deja una gran duda sobre el manejo de las finanzas de la principal subsecretaría, que es la de Redes Asistenciales», afirmó.
