Opinión
Dado que la información geológica disponible es promisoria pero insuficiente, tal vez es hora de que el Estado haga las alianzas respectivas y financie los estudios básicos, que consideren un muestreo sistemático para estimar el verdadero potencial de mineralización y los efectos ambientales de una eventual actividad minera.
Dos tercios de la superficie de la Tierra están cubiertos por océanos y hace más de un siglo que se conocen recursos minerales en su piso, aunque aún no se confirma la existencia de una mina submarina. Ciertos cuerpos mineralizados tienen mejor calidad que los terrestres y poseen altas concentraciones de metales, que son cada vez más valorados económicamente, ya que son críticos para la fabricación de artículos tecnológicos, especialmente aquellos relacionados con energías limpias.
Chile posee la décima Zona Económica Exclusiva (ZEE) más grande del mundo. Esta banda de 200 millas náuticas es cinco veces el área continental, pero debido al inmenso inventario minero en tierra, aún no hay motivación por la exploración del fondo oceánico.
Cada país ha explorado su ZEE, mientras que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU –entidad encargada de las aguas que están fuera de las ZEEs– ha otorgado permisos de exploración en una treintena de sitios. Entre los proyectos mejor evaluados están Solwara, a 1.600 metros de profundidad en la zona exclusiva de Papúa Nueva Guinea, y Nori, a 4.500 metros en aguas internacionales del Océano Pacífico.
[cita tipo=»destaque»]Sernageomin tiene por mandato legal generar conocimiento del territorio, que permita promover la inversión exploratoria y evaluar su potencial minero. Sin embargo, el sustrato submarino no parece estar en los planes. Por su parte, Codelco explora agresivamente el continente, sin contemplar la posibilidad de buscar recursos subacuáticos. La Armada de Chile posee un buque científico con una buena parte de las capacidades necesarias para realizar las investigaciones científicas aplicadas.[/cita]
Los sitios estudiados no se han convertido en minas debido –probablemente– a la gran inversión inicial, altos costos operacionales y restricciones ambientales. La extracción supone una especie de aspiradora gigante que succiona minerales y los transporta hacia una plataforma o barco en superficie. Por su parte, el resguardo medioambiental es relevante y se debe partir por conocer los ecosistemas oceánicos profundos y evaluar el impacto ambiental. Es por esto que la AIFM aún no ha otorgado permisos de explotación. Una supuesta extracción implicaría invertir en un incisivo monitoreo espacial y temporal.
En Chile, el conocimiento geológico-económico de la ZEE es escaso, debido a la gran extensión del área y la dificultad de recolección de muestras. Hasta ahora, investigaciones científicas universitarias determinaron elevadas concentraciones de cobre, níquel, manganeso, cobalto y fósforo, sugiriendo condiciones favorables para la formación y preservación de yacimientos. También hay indicios de probables depósitos de oro, titanio y platino.
Sernageomin tiene por mandato legal generar conocimiento del territorio, que permita promover la inversión exploratoria y evaluar su potencial minero. Sin embargo, el sustrato submarino no parece estar en los planes. Por su parte, Codelco explora agresivamente el continente, sin contemplar la posibilidad de buscar recursos subacuáticos. La Armada de Chile posee un buque científico con una buena parte de las capacidades necesarias para realizar las investigaciones científicas aplicadas.
Dado que la información geológica disponible es promisoria pero insuficiente, tal vez es hora de que el Estado haga las alianzas respectivas y financie los estudios básicos, que consideren un muestreo sistemático para estimar el verdadero potencial de mineralización y los efectos ambientales de una eventual actividad minera.
Esta inversión pública, nos dejará mejor posicionados para cuando las tecnologías de extracción sean rentables y sustentables, atraería a actores privados y generaría ganancias para el país.
