Opinión
Quedó una ley donde las OCAS estarán bajo un sistema de control que mejora en la forma, pero no el fondo. Y lo más complejo es que los NNA seguirán sin una Ley de Garantías que permita al Estado aumentar su capacidad para cuidarlos y protegerlos, gracias a la articulación por fuerza de todo el intersector público. Se deberá esperar a que el siguiente Gobierno comprenda la relevancia de garantizar los derechos de los NNA, junto con asegurar que quienes provean las atenciones a los NNA cumplan con un alto estándar de probidad y se sometan a un control permanente, para asegurar además la calidad de su trabajo.
El día miércoles 28 de octubre se dio paso el cierre del Sename –programado para el 2021–, una vez que el Congreso aprobó la Ley del nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez, tras una larga discusión legislativa sobre el veto que el Presidente Piñera presentó al proyecto.
La más relevante de las indicaciones vetadas por el Ejecutivo, fue al artículo transitorio que obligaba al nuevo servicio a ser implementado una vez aprobada la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. El Gobierno calificó esta intención de amarrar ambas leyes de ideológica y no le importó que, al rechazar esto, nos mantiene como el único país en Latinoamérica que sigue sin aprobar una ley que valide y promueva la Convención sobre los Derechos del Niño firmada en 1990.
Cabe destacar, también, que la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez es un componente central del Sistema Integral de la Niñez que el Estado de Chile busca levantar, junto a los Servicios de Atención Especializada, la Defensoría y la Subsecretaría de la Niñez. La Ley de Garantías permitiría que todo el sistema de protección opere no bajo reglamentos ni convenios, sino por fuerza de ley, lo que aumenta las posibilidades de que el intersector opere con la rapidez y fuerza que se necesita, para prevenir vulneraciones de derechos y también para repararlas.
[cita tipo=»destaque»]Cada uno de los intentos por reponer la discusión, tenía como objetivo aumentar las posibilidades de que los NNA no fuesen nuevamente vulnerados en sus derechos, para que no se repitan los hechos reflejados en los Informes Sename I y II ni en el del INDH. El Ejecutivo no consideró que los argumentos fuesen relevantes y hasta amenazó con ir al Tribunal Constitucional, en el caso de que no se aprobara la ley del nuevo Servicio de Protección tal como estaba planteada por el Gobierno, situación que no fue necesaria, ya que la oposición no se puso de acuerdo para mantener las indicaciones y, entre abstenciones o cambios de posición en medio de la votación, nuestra clase política permitió que se aprobara una ley incompleta.[/cita]
Otra de las indicaciones del veto que se aceptó en el Congreso y que llama la atención, es la de permitir que los Organismos Colaboradores Acreditados de Sename (OCAS) puedan postular a las licitaciones de programas del nuevo servicio, a pesar de que alguno de sus integrantes esté siendo investigado por haber cometido alguna vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
El objetivo de la comisión mixta era evitar que personas investigadas por vulneraciones de derechos participaran de licitaciones. Al rechazar esta indicación de la comisión mixta, ahora se permite que las OCAS que quieran acreditarse (o reacreditarse) como colaboradores, puedan hacerlo pese a tener un fundador, director o trabajador investigado por hechos violentos contra la vida o la integridad física o psíquica de un NNA que haya estado bajo su cuidado.
Cabe destacar que esta modificación se realiza en medio de una investigación a la Fundación Opción –una de las OCAS más grandes del país– por malversación de fondos, en el cuestionado caso de las fallas en los informes de diagnósticos ambulatorios, y también del caso de la residencia de Hualpén, donde se investiga una red de abuso sexual administrada desde el mismo centro.
Llama la atención que ninguno de los dos artículos fueran reimpulsados por los parlamentarios de oposición, pues los argumentos técnicos para incluir esas propuestas fueron tratados en el Congreso y contaron con el visto bueno de la mayoría de los parlamentarios, razón por la cual se habían incorporado al proyecto de ley en la comisión mixta. Por lo mismo, quedará la duda de si se privilegiaron o no a grupos de presión por sobre el interés superior de los NNA.
Cabe recordar que, durante toda la discusión de esta ley, ha estado en cuestión el rol de las OCAS, ya que a pesar de la enorme evidencia de que NNA han sufrido vulneraciones graves a su integridad mientras son cuidados por algunas de estas, Sename nunca realizó cambios significativos en el control de la calidad en la reacreditación ni en el modelo de financiamiento de las OCAS acusadas.
Cada uno de los intentos por reponer la discusión, tenía como objetivo aumentar las posibilidades de que los NNA no fuesen nuevamente vulnerados en sus derechos, para que no se repitan los hechos reflejados en los Informes Sename I y II ni en el del INDH. El Ejecutivo no consideró que los argumentos fuesen relevantes y hasta amenazó con ir al Tribunal Constitucional, en el caso de que no se aprobara la ley del nuevo Servicio de Protección tal como estaba planteada por el Gobierno, situación que no fue necesaria, ya que la oposición no se puso de acuerdo para mantener las indicaciones y, entre abstenciones o cambios de posición en medio de la votación, nuestra clase política permitió que se aprobara una ley incompleta.
El resultado puede ser que el nuevo servicio mantenga vicios del actual Sename y que tengamos que lamentarlos por varios años más.
Queda una ley donde las OCAS estarán bajo un sistema de control que mejora en la forma, pero no el fondo. Y lo más complejo es que los NNA seguirán sin una Ley de Garantías que permita al Estado aumentar su capacidad para cuidarlos y protegerlos, gracias a la articulación por fuerza de todo el intersector público. Se deberá esperar a que el siguiente Gobierno comprenda la relevancia de garantizar los derechos de los NNA, junto con asegurar que quienes provean las atenciones a los NNA cumplan con un alto estándar de probidad y se sometan a un control permanente, para asegurar además la calidad de su trabajo.
