PAÍS
Chaguay se llama el negocio de 142 parcelas en Lo Barnechea, que se construye sin ninguna autorización para proyecto habitacional y es, hasta ahora, una «subdivisión agrícola» en un área de protección ecológica, impulsada por una inmobiliaria en la que el exsenador gremialista es socio y en la cual ha trabajado como ingeniero y lobbista. Los intereses del «excoronel» de la UDI –que está disputando la presidencia de su partido– se cruzan con los del alcalde Cristóbal Lira (también UDI), quien aprovecha el conflicto ambiental para ponerse en el bando de los vecinos que se oponen al proyecto y, de esta manera, conseguir votos para su reelección, un escenario que no le gusta a su antecesor, el actual intendente Felipe Guevara (RN).
Una meseta de 400 hectáreas con bosque nativo, matorrales esclerófilos y senderos para caminatas o ciclismo en la precordillera. Un plan de conservación con estándar internacional, que incluye la plantación de 14 mil árboles originarios. Todo conectado con Los Trapenses, a 20 minutos del camino Juan Pablo II en Lo Barnechea. Esa es la promesa del proyecto Chaguay: 142 parcelas que cuestan entre 200 y 600 millones de pesos. Técnicamente, se llama Subdivisión Agrícola Chaguay, según los folletos en Internet de la inmobiliaria IMAS, que vende el proyecto.
En julio de este año –a través de una videoconferencia– el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, se reunió con cuatro representantes de Desarrollo Inmobiliario SpA, la sociedad formada para impulsar este proyecto inmobiliario, encabezados por Gonzalo Cubillos Prieto, abogado del estudio Cubillos Evans. En la reunión, los representantes de la empresa intentaron convencer a Lira de que el proyecto cumplía con todas las exigencias y era un modelo de conservación ambiental. En octubre de 2019, la administración comunal anterior, encabezada por el actual intendente Felipe Guevara, había presentado una petición a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para que definiera si el proyecto Chaguay requería de una Resolución de Calificación Ambiental.
Por su parte, la SMA le pidió a Contraloría que dictaminara al respecto y este pronunciamiento ya estaba en curso al momento de la reunión mencionada. A esta petición al órgano contralor se sumaron el ambientalista Gonzalo Prieto Infante y el propio Cristóbal Lira, que había asumido como alcalde en noviembre de 2019, en representación de la comuna de Lo Barnechea. Todos los interesados querían una respuesta sobre la pertinencia de construir en la zona, declarada área de protección ecológica.
No ha habido otra gestión rastreable u oficial de lobby por este proyecto, que es ampliamente resistido por los vecinos de Lo Barnechea.
Pero más escondido aparece el nombre del exministro y exsenador de la UDI Pablo Longueira, quien está a la espera del juicio oral en su contra, acusado de cohecho en el marco del caso SQM. El histórico gremialista –luego de su “retiro” de la política activa en 2013– se instaló en el mundo privado, ejerciendo su profesión de ingeniero civil, pero también ocupando el “capital” que significan más de 30 años de contactos políticos. Para ser parte en este asunto, se acercó a Hernán Besomi, uno de los dueños de la constructora EBCO, compañero de Longueira en el Colegio San Ignacio y en la Universidad de Chile.
[cita tipo=»destaque»]Aunque Cristóbal Lira (UDI) se ha encargado de aclarar, a través de su equipo, que Pablo Longueira no ha intervenido abiertamente en favor de este negocio, el exsenador es socio de la empresa que vende el proyecto inmobiliario al margen de la ley, lo que le suma otro flanco de conflicto al extimonel gremialista, quien en el primer trimestre de 2021 deberá enfrentar el juicio oral en su contra por cohecho, en la arista relacionada con la intervención que habría tenido en favor de SQM en el contexto de la Ley de Royalty Minero.[/cita]
Longueira ahora participa en la Inmobiliaria IMAS EBCO SpA a través de Asesorías e Inversiones LB Limitada, con un porcentaje menor al 10%. En representación de ella, el extimonel UDI ha tenido audiencias registradas bajo la Ley de Lobby, como la que está inscrita en mayo de 2017 para un proyecto en Huechuraba. Esta inmobiliaria es la que vende también el proyecto en Lo Barnechea.
Hasta ahora, la empresa tiene todo en contra, ya que el 30 de septiembre de este año la Contraloría General de la República dictaminó que los proyectos de construcción en áreas de preservación ecológica deben someterse a evaluación ambiental, a no ser que se encuentren “debidamente aprobados” o se estén desarrollando “al amparo de autorizaciones que resulten jurídicamente procedentes”.
Pero es el caso que Desarrollos La Dehesa SpA –la firma gestora del proyecto Chaguay– “no posee los permisos del la Seremi MINVU ni del SAG, que exige la ley. Estos permisos son necesarios para realizar construcciones en parcelas de agrado en áreas rurales. Así lo ha confirmado la Corte Suprema, a propósito del proyecto Bahía de Panguipulli, que tiene similares características a las de Chaguay. En esta sentencia, el máximo tribunal del país confirma que las parcelas de agrado poseen fines habitacionales y no agrícolas”, dijo Natalia Alfieri, abogada parte del equipo que apoya a Cristóbal Lira en este asunto. Esta profesional se refirió a la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, fechada el 5 de octubre de este año, y que tiene relación con otro proyecto en el que también participaron Gonzalo Cubillos –como abogado– y Longueira –como lobbista–. Bahía Panguipulli está formado por 82 lotes de 5 mil metros cada uno. Pero, en pocas palabras, la Corte Suprema determinó que sin Resolución de Calificación Ambiental, no puede construirse en área rural un proyecto con características habitacionales.
Otro proyecto de Longueira con Hernán Besomi es la venta de 2.700 hectáreas en el valle de Casablanca, Región de Valparaíso. El proyecto Maucolén también incluye un plan de conservación de la naturaleza en la zona. Uno de sus gestores es el conocido viñatero Agustín Huneeus, condenado en Estados Unidos por participar en una red de sobornos para que una de sus hijas entrara a la universidad.
“Sabemos que los abogados de los gestores del proyecto Chaguay y del proyecto Bahía de Panguipulli son los mismos. También sabemos que se trata de proyectos similares. Se trata de parcelas de agrado con fines habitacionales en áreas rurales. Lo que hace más preocupante la situación de Chaguay es que, además, está en un área de preservación ecológica donde se prohíbe el destino habitacional. Esa es la preocupación de la actual administración encabezada por Cristóbal Lira, que está velando por mantener el valor ambiental del territorio y el destino establecido por el instrumento de planificación territorial”, afirmó la abogada Alfieri.
Como es esperable, detrás de esta ofensiva legal también hay un componente político. Para el alcalde Lira (UDI) este tema es uno de sus emblemas de cara a su eventual reelección en abril de 2021. En el frente interno, el actual jefe comunal tiene una fuerte presión, tomando en cuenta que gran parte del equipo municipal es el mismo que estuvo junto a Felipe Guevara (RN y actual Intendente Metropolitano), cuando fue alcalde de Lo Barnechea, por 11 años consecutivos.
En la municipalidad aclararon que nunca, ni en esta ni en la gestión anterior, se han entregado permisos para el proyecto Chaguay. Pero en tiempos de Guevara el proyecto caminaba con menos sobresaltos que ahora. En 2019, una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente dejó sin efecto la paralización de las obras, lo que dio origen a la presentación ante la Contraloría. A mediados de 2015, en tiempos de Guevara, los gestores de Chaguay empezaban a reunirse con autoridades. El 6 de octubre de ese año, los representantes de Desarrollos La Dehesa SpA, Gonzalo Cubillos y el arquitecto Juan Sabbagh, se reunieron con Francisco Baranda Pons, entonces jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda. El objetivo fue exponer el diseño de los caminos asociados al proyecto. Como parte de la empresa iba Sergio García, consultor en medio ambiente y socio de la división de Asuntos Públicos de Imaginacción, la consultora de lobby de Enrique Correa (otrora PS). Sergio García, según la información pública del proyecto, continúa como consultor ambiental de la obra.
De cualquier manera, en esa oportunidad el lobby no alcanzó a materializarse en los permisos pertinentes. Meses después de la reunión con el funcionario del Minvu, la firma Desarrollos La Dehesa SpA, presentó un Estudio de Impacto Ambiental, pero solo sobre la “habilitación de caminos”. El estudio fue devuelto anticipadamente por la autoridad ambiental, porque le faltaba información relevante y, de esta manera, se puso término al proceso.
“Antes del término, varios órganos del Estado emitieron sus opiniones acerca del proyecto. Los órganos de la Administración del Estado sostuvieron que este proyecto habitacional no podía ser emplazado en un área de preservación ecológica, y que no se reconocían los impactos al suelo, agua, aire, flora y fauna de un sector de alto valor ambiental, entre otras materias. Estos pronunciamientos van en la misma línea de lo que ha denunciado Lira con el apoyo del Concejo Municipal y de los vecinos, quienes consideran esencial que este proyecto se someta a evaluación ambiental”, aseguró la abogada Alfieri.
El tema ambiental es uno de los que Cristóbal Lira está usando para apoyar su reelección como alcalde y ganarle el gallito al exalcalde Guevara, que prefiere que quede en el cargo la directora del Instituto Libertad y exjefa de Dirección de Desarrollo Comunitario en la municipalidad, Consuelo Alvial. Por mientras, Lira creó la Dirección de Sostenibilidad al interior del municipio para canalizar con iniciativas legales todos los temas relacionados con el medioambiente que inquietan a los vecinos, como los 200 que firmaron la presentación contra el citado proyecto Chaguay.
La constructora asegura que todo el proyecto está legalmente sustentado en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que permite en predios agrícolas, como estos, la construcción de una vivienda para sus propietarios o viviendas sociales que cuenten con subsidio del Estado.
“No existe disposición legal que justifique seguir con las obras y las ventas de los loteos del proyecto Chaguay. Los desarrolladores del proyecto se escudan en una regulación que permite construir en cada parcela agrícola una casa para el dueño del terreno. Su argumento es que, en razón de esa regulación, pueden construir sin los informes favorables de la Seremi MINVU y del SAG”, explicó Alfieri. Sin embargo, agregó, la Corte Suprema «ha sido clara al señalar que los proyectos de parcelas de agrado poseen un destino habitacional y no agrícola, por lo que sí se requieren los informes favorables de la Seremi MINVU y del SAG, además de los permisos de construcción. En el caso del proyecto Chaguay, entendemos que no deberían dárselos, porque se emplaza en un área de preservación ecológica que prohíbe expresamente el destino habitacional”.
Aunque Cristóbal Lira (UDI) se ha encargado de aclarar, a través de su equipo, que Pablo Longueira no ha intervenido abiertamente en favor de este negocio, el exsenador es socio de la empresa que vende el proyecto inmobiliario al margen de la ley, lo que le suma otro flanco de conflicto al extimonel gremialista, quien en el primer trimestre de 2021 deberá enfrentar el juicio oral en su contra por cohecho, en la arista relacionada con la intervención que habría tenido en favor de SQM en el contexto de la Ley de Royalty Minero.
Previo al plebiscito, Longueira anunció su regreso a la política. No solo precisó su intención de postular a la Convención Constitucional sino también de recuperar el control de la UDI, postulando a las elecciones internas de la colectividad, programadas para el 12 de diciembre. Quiere ser su próximo timonel.
Lo cierto es que no todos en el gremialismo están muy convencidos de lo adecuado de su retorno a la primera fila del partido. No solo porque sus «rasgos mesiánicos» no se condicen con los tiempos políticos actuales, sino además porque temen que su flanco con el tema SQM y sus actividades de lobby terminen, en el mediano plazo, complicando a la colectividad.
