De segunda ciudadanía

La democracia representativa en Chile es una institución cuyas credenciales de legitimidad son escasas. El Ejecutivo las perdió todas hace más de un año y hoy, el Congreso, a duras penas sostiene –más por costumbre que por argumentos– las últimas garantías de un país sin proyecto.

Por eso indigna y preocupa que, ante la posibilidad de una coyuntura histórica –como lo es la participación de sujetos colectivos de derecho como los pueblos originarios–, un reducido grupo de parlamentarios, casi todos hombres, sancionen sin más que existen ciudadanías de primera y segunda categoría para los efectos de una nueva Constitución. Más indignación causa aún, que algunos de ellos sean los herederos políticos y materiales de una élite forjada sobre la base del despojo y usurpación de los mismos territorios indígenas.

Afirmo que hay ciudadanías de primera y de segunda, por las consecuencias que tiene aprobar, en plena madrugada del martes 8, un proyecto de ley de escaños que exige en menos de 50 días el registro especial de las personas de pueblos que votarían en las elecciones de abril. Un padrón previo, en las actuales condiciones de tiempo –luego de haber dilatado un año el trámite legislativo– es sancionar requisitos altísimos para la participación democrática, algo que no ocurre para la mayor parte de las personas con ciudadanía de este territorio. Parece que ahora no basta para los parlamentarios el hecho de pertenecer a pueblos considerados minorías, sino que además esa minoría debe registrarse a sí misma, si quiere acaso ser visible ante una mayoría poco sensible a la diferencia.

Incluso Servel y Conadi, las instituciones sobre las que recaerá la mayor parte del engorroso proceso, expresaron ante la comisión las dificultades de elaborar previamente un padrón de este tipo. El Servicio Electoral, de hecho, a través de su consejo directivo, indicó la posibilidad técnica de una autoidentificación en la mesa de votaciones al mismo momento de sufragar, mediante cédulas diferenciadas. Al insistir, sobre todo la bancada de Chile Vamos, en la generación de un instrumento restrictivo y con severas condiciones a los pueblos indígenas, no solo se hipoteca la participación de posibles candidaturas, sino que se dejan sentadas las bases para un escándalo electoral el día 11 de abril.

[cita tipo=»destaque»]Que hay ciudadanos de primera y de segunda, parece ser la conclusión lógica de este pobre episodio en el Congreso. No es de extrañar tampoco, porque desde 1891 a 2020 han existido al menos 2.292 parlamentarios que se han rotado tanto en el Senado como en Cámara y, en esos 130 años muy republicanos (excepto los 17 de dictadura). solo 11 congresistas han sido mapuche, una cifra de subrepresentación menor al 0,5% que se vuelve más indignante si se piensa que parlamentarios de apellidos Chadwick, Edwards, Larraín y Matte figuran en los registros con al menos 29 puestos parlamentarios, y para qué vamos a hablar de carteras ministeriales.[/cita]

¿Qué pasará cuando los ciudadanos indígenas, el día de elecciones constituyentes, encuentren que no fueron debidamente inscritos en un padrón exigido con premura y negligencia política? ¿Cuando queden inhabilitados para votar por los candidatos de su preferencia? ¿Qué pasará cuando un cruce de información defectuoso y previsible, adscriba a ese padrón a ciudadanos que no desean votar por candidaturas indígenas sino por los candidatos de distritos específicos? No se necesita un análisis exhaustivo para concluir que, llegado el día, ni los pocos funcionarios de Servel, ni los delegados de local, ni la reducida Conadi (que sigue siendo a la fecha una subrepartición sin poder de decisión al interior del MDS) darán abasto para la cantidad de denuncias ciudadanas o para contener la frustración por un proceso que se torna opaco en la medida que se coartan las posibilidades tanto de independientes como de pueblos indígenas.

Las exiguas primarias de noviembre –que se prepararon con bastante más tiempo– ya acusaron un número relevante de deficiencias. Ahora, si un sector político, con su continuo rechazo a un proyecto más transparente, quiere extender sobre la constituyente de abril 2021 similares dudas, sin duda lo está logrando.

Que hay ciudadanos de primera y de segunda, parece ser la conclusión lógica de este pobre episodio en el Congreso. No es de extrañar tampoco, porque desde 1891 a 2020 han existido al menos 2.292 parlamentarios que se han rotado tanto en el Senado como en Cámara de Diputados (puede cotejar la información en Biblioteca del Congreso Nacional) y, en esos 130 años muy republicanos (excepto los 17 de dictadura), solo 11 congresistas han sido mapuche y muchos menos en los otros pueblos, una cifra de subrepresentación menor al 0,5 % que se vuelve más indignante si se piensa que parlamentarios de apellidos Chadwick, Edwards, Larraín y Matte figuran en los registros con al menos 29 puestos parlamentarios, y para qué vamos a hablar de carteras ministeriales.

Lo próximo que viene en materia de escaños reservados es la votación en ambas salas: primero diputados y diputadas y luego senadores y senadoras. La falta de acuerdo con la que llega esta última propuesta hace pensar que el oficialismo –con Kast, Ebensperguer, Galilea y Coloma Jr., alineados a la posición de gobierno representada por Karla Rubilar– tenderá a rechazar en bloque la ya recortada propuesta. Después de eso vendrán las recriminaciones morales, de uno y otro lado, por el fracaso lento y anunciado de algo que podía volverse histórico; eso no le sirve a nadie y, por cierto, los protagonistas de ese tipo de mezquindades políticas nunca quedan en la historia.