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Una investigación realizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) reveló una serie de deficiencias en el sistema judicial chileno respecto a las investigaciones y el rol de Carabineros en las mismas durante las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019. El informe detectó varias falencias en el proceder de la Fiscalía y, aunque destacó aspectos positivos, apuntó a que existe un «incumplimiento generalizado» de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en casos de «graves violaciones» de DDHH.
Una «evaluación del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social» llevó a cabo el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) —organismo perteneciente a la OEA—. Entre otros aspectos, se habla del débil rol del Ministerio Público, poniendo como ejemplo que tras 14 meses solo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas.
Entre las conclusiones de la investigación del CEJA se destaca que los factores determinantes para que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones «han sido la presión mediática o a través de redes sociales por parte de la ciudadanía». El estudio apunta, además, a la existencia de un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de «graves violaciones de derechos humanos». Lo anterior se hizo evidente tras comprobar que solo 178 de las 8.827 investigaciones en la materia han sido iniciadas de oficio por la fiscalía.
Desde el CEJA argumentan que las falencias del Ministerio Público responderían a «la inobservancia de la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata, prestando especial atención a la preservación de la escena del crimen».
El CEJA precisa que hay una deficiencia en el principio de exhaustividad que es «notoria», dado «el débil rol del Ministerio Público garantizando una adecuada recolección de la evidencia en la escena del crimen»; entre otros elementos.
La investigación realizada con apoyo de la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, es determinante. Y agregan que tampoco es buena la evaluación en relación con «la obligación de realizar la investigación en un plazo razonable». «Tras 14 meses —explica— solo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas».
Como algo positivo de la Fiscalía, el estudio reconoce que existen buenas prácticas detectadas como el establecimiento de mecanismos extraordinarios para la recepción de denuncias por las víctimas o la interlocución con organizaciones de la sociedad civiles, a través de la unidad especializada en derechos humanos del Ministerio Público.
Pero, al abordar la actuación de Carabineros, la calificación baja drásticamente. «Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la fiscalía)».
El CEJA identificó demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones, uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, algo que atenta contra la efectividad de las investigaciones que dirige el Ministerio Público.
