Opinión
Sin propuestas concretas desde la izquierda y el progresismo, la agenda termina siendo acaparada por posturas populistas –principalmente de la derecha más extrema— que reducen las soluciones al ejercicio de más y más fuerza. Pero la respuesta estatal no puede ser simplemente combatir violencia con violencia, pues la fuerza del Estado sólo es legítima si, respetando los derechos humanos, tiene por objeto lograr una mayor paz y justicia social.
Los temas vinculados a seguridad son parte de un debate permanente en todas las sociedades. En nuestro país, es uno que muchas veces incomoda y preocupa.
Al cierre del año pasado, por ejemplo, en una feria de navidad una balacera terminó con una persona fallecida y varios heridos. Algunas horas después una riña concluyó con disparos y muerte. Antes de finalizar el año, una niña de 15 años murió tras recibir un balazo (no fue una “bala loca”, las armas son manipuladas por personas). La noche del año nuevo, por varias horas se lanzaron toneladas de fuegos artificiales ilegales en varios puntos del país, lo que además de ser una actividad pirotécnica insegura para las comunidades, se convirtió en un símbolo de la falta de control y la impunidad con que operan algunos grupos fuera de la ley.
Los hechos violentos de las últimas semanas dejan muchas preguntas y pocas certezas. Las falencias de las políticas de seguridad y la ausencia del Estado en ciertos territorios son evidentes. El crimen organizado gana terreno y es ridículo intentar reducirlo sólo al microtráfico.
[cita tipo=»destaque»]Ese es el espíritu que une a quienes hemos trabajado en propuestas para la Reforma a Carabineros. A fines de este mes se cumple un año de la entrega del informe con principios bases e ideas que -como Comisión de Reforma a Carabineros con sede en el Senado- hicimos llegar a los presidentes de los tres poderes del Estado. A estas alturas parece evidente que el Gobierno no tiene ni la convicción ni la capacidad política para llevar a cabo la urgente reforma que las policías requieren.[/cita]
Sin lugar a duda, la seguridad es una de las preocupaciones más importantes para la ciudadanía. Garantizarla es una responsabilidad con que el Estado debe lidiar permanentemente y es una de las principales tareas de cualquier gobernante. No es un tema fácil y no existen soluciones simples, por esto muchos sectores han optado por evitarlo.
Sin propuestas concretas desde la izquierda y el progresismo, la agenda termina siendo acaparada por posturas populistas –principalmente de la derecha más extrema— que reducen las soluciones al ejercicio de más y más fuerza. Pero la respuesta estatal no puede ser simplemente combatir violencia con violencia, pues la fuerza del Estado sólo es legítima si, respetando los derechos humanos, tiene por objeto lograr una mayor paz y justicia social.
Por lo demás, los problemas sociales estructurales no se resuelven por la fuerza.
En Chile, históricamente, los sectores más conservadores han buscado solucionar los temas de inseguridad por medio de la fuerza. Aunque muchos no lo sepan, su principal base conceptual es la infame Doctrina de Seguridad Nacional, que funciona como un pilar de la Constitución de 1980, a través del concepto de seguridad nacional.
En base a esta visión se construyen los discursos de la “guerra contra las drogas”, la lógica binaria del “amigo/enemigo”, las políticas de “mano dura” y junto a ellas, el populismo penal.
Encasillar todos los problemas en la lógica de buscar “enemigos” y no atacar los problemas estructurales, sólo termina potenciando nocivos procesos de securitización y militarización, como los que hemos visto durante la ultima década y que se han exacerbado gravemente en los últimos 15 meses. Esto se evidencia, por ejemplo, en que llevamos casi un año de excepción constitucional –medida extraordinaria que limita derechos— y toque de queda, sin que la autoridad explique los motivos o los resultados conseguidos, sin rendir cuenta a ningún otro Poder del Estado y mucho menos a la ciudadanía. Pero ya nos acostumbramos y ni al parlamento parece importarle.
La política de seguridad debe ser una política de Estado, fruto de acuerdos transversales, basada en datos robustos, con una institucionalidad sólida que la sostenga y que se proyecte a largo plazo. Además, debe incorporar una visión integral del problema poniendo el foco en la protección de las personas y no en la represión de “enemigos”.
Ese es el espíritu que une a quienes hemos trabajado en propuestas para la Reforma a Carabineros. A fines de este mes se cumple un año de la entrega del informe con principios bases e ideas que -como Comisión de Reforma a Carabineros con sede en el Senado- hicimos llegar a los presidentes de los tres poderes del Estado. A estas alturas parece evidente que el Gobierno no tiene ni la convicción ni la capacidad política para llevar a cabo la urgente reforma que las policías requieren.
En estas circunstancias, el debate constitucional debe ser la instancia para buscar cambios más profundos y debatir sobre el concepto de seguridad que, como sociedad, queremos construir. Debemos hacerlo de forma responsable, sin complejos ni temores, respetando los derechos de todas las personas y con una mirada descentralizada que escuche también las distintas preocupaciones de los territorios.
Nuestra futura Constitución debe considerar una nueva aproximación a la seguridad y dejar atrás la nociva aproximación de seguridad nacional. Tenemos que trabajar para construir un concepto de seguridad que responda a principios democráticos.
Para lograrlo debemos considerar, a lo menos, cinco elementos. Primero, la subordinación expresa de las instituciones armadas al poder civil. Segundo, un concepto debe tener foco en la protección y en el empoderamiento de las personas, no en combatir “enemigos”. Tercero, debe propiciar la transparencia y la rendición de cuentas como regla general y no como la excepción. Cuarto, separar expresamente las funciones de las FF.AA., en materia de defensa de las funciones de las policías en materia de seguridad interior y, de paso, termine con la asimilación militar de Carabineros.
Finalmente, el concepto de seguridad en la nueva Constitución debe considerar el respeto y la protección irrestricta de los derechos humanos, haciendo un énfasis en la responsabilidad de las instituciones armadas, precisamente por tener la facultad de ejercer de forma directa la fuerza del Estado.
