Opinión
¿Cómo llegamos hasta aquí? Se combina la incompetencia y desinterés de las autoridades con la desidia, falta de convicción y subordinación al poder del dinero de un Estado que ha puesto como eje central la protección de la propiedad privada, y con organismos públicos como la Conaf y el MOP a modo de emblemas de la ausencia de preocupación por la sostenibilidad de la actividad productiva.
Este jueves 14 y viernes 15 de enero, como ya es tradición, la Agrupación Bosques para Cachapoal –que encabeza Patricia Segura– realizará la V versión de la escuela Verde de Verano, esta vez online y cuyo título es decidor: «¿Es la Región de O’Higgins la nueva zona de sacrificio?». Abordaremos el problema de la escasez de agua, el monocultivo, los grandes contaminantes de la zona y, por cierto, el modelo extractivista. Tal vez, sea un último intento por revertir un destino que ya se parece mucho a una profecía autocumplida.
En mayo de 2019, el Presidente, Sebastián Piñera, anunció la creación de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), la que bajo el paraguas de gestionar eficazmente la inversión en el país, fue vista por diversos grupos y ONGs ambientalistas como “un facilitador” de proyectos para dar “vía rápida” a su ejecución. Se pusieron en marcha, o en carpeta, una serie de iniciativas que fueron muy criticadas por expertos y ambientalistas. Luego, a fines de noviembre del mismo año, el Gobierno lanzó un plan posestallido social de reimpulso de la economía nacional en la misma línea.
Ambas iniciativas se han traducido en diversas regiones en la proliferación de una serie de proyectos presentados ante el Servicio de Impacto Ambiental (SEIA), sobre todo de carácter energético, con fuerte impacto en la biodiversidad de nuestra geografía. Como se sabe, la metodología para la presentación de los mismos incluye una declaración de impacto ambiental (DIA) y/o un estudio de impacto ambiental (EIA), cuya diferencia es que básicamente una DIA significa declarar lo que la construcción va a provocar, probando que esta se ciñe a la norma, mientras el EIA debe, junto con declarar los daños, proponer soluciones para mitigar los mismos.
[cita tipo=»destaque»]Si transformáramos nuestros modos de producir bienes y de usar el agua y los otros recursos naturales –empezando por orientar las inversiones de salida de la crisis del COVID-19 hacia la transformación verde de las ciudades y los espacios rurales–, sería posible alcanzar en plazos relativamente breves una recuperación de los ecosistemas locales y sostener su resiliencia en el tiempo. Y además alcanzar la carbono-neutralidad de nuestro país, situación en la que los ecosistemas logran absorber el CO2 y otros gases con efecto invernadero producidos por la actividad humana y por los procesos bioquímicos naturales. El Gobierno ha planteado el objetivo de lograrlo en 2050, pero sin tomar medidas significativas.[/cita]
A modo de ejemplo, solo en la Región de O’Higgins se han presentado desde mayo de 2019 unas 102 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), la totalidad de las cuales corresponde a iniciativas de carácter energético, en especial de plantas fotovoltaicas, solares y parques eólicos o, bien, embalses de ampliación de regadío. Al revisar la extensa nómina de declaraciones cobra vida la frase que le oí a una ambientalista local: nuestra región ha sido elegida como “la próxima zona de sacrificio ambiental”.
Como se sabe, nuestra región longitudinalmente se extiende, por el norte, desde San Francisco de Mostazal en la angostura de Paine, hasta Chimbarongo por nuestra puerta sur y, latitudinalmente, desde la Cordillera de Los Andes, comuna de Machalí, hasta el litoral central de Navidad, Matanzas, Topocalma, Pichilemu y Bucalemu.
En la puerta norte de la región, comienzan inmediatamente los problemas medioambientales. Allí se ubica el mayor exportador de cerezas, la empresa Garcés –que también cultiva uvas, duraznos, kiwis, nectarines y ciruela– que, junto a otras agroindustrias, es responsable directa de haber secado el estero Troncó, tradicional balneario popular que hasta los años 80 era el lugar de veraneo de muchas familias metropolitanas y de la región. Carolina Miranda, destacada ambientalista de la región y candidata a la constituyente, pone un ejemplo bastante gráfico: “La agroindustria Garcés, una de las más importantes del país y con cerca de 200 hectáreas. En Alto Colchagua, por ejemplo, se han especializado en la producción de cereza. Según cálculos de investigadores cada kilo de cereza consume 278 litros de agua, es decir, con solo el agua que se va en la cereza se podría abastecer a toda la población local. Pero aquí se prefiere llevarla a China como fruta”. El desecamiento de ese estero, que atravesaba toda la geografía comunal y era rico en humedales y variedad de peces, provocó que el alcalde en ejercicio de Mostazal tapara todos los canales urbanos y dispusiera la corta de todos los árboles.
En la Punta de Codegua se pretende instalar el parque eólico del mismo nombre, el que ya está en proceso de calificación, a pesar de haber sido rechazado en primera instancia. La inversión, que asciende a MMU$ 400.000 y con una vida útil de 30 años, ha generado mucha polémica y ha despertado a los habitantes de tan hermoso sitio. Se han constituido agrupaciones en defensa del medio, como La Leonera Libre, entre otras.
Especialistas señalan que la megainversión tiene impactos como la pérdida de biodiversidad. No solo serán afectados los cóndores, sino también roedores, pumas y la cadena animal entrópica. Las hélices de estos parques originan alteraciones en los movimientos de las masas de aire, provocando que la humedad desaparezca con efectos sobre el clima y la flora y fauna locales. El propio estudio empresarial reconoce que durante la duración del proyecto –30 años– desparecerán 120 cóndores. Si tenemos en cuenta que un cóndor vive aproximadamente entre 65 y 70 años, con una baja tasa de natalidad –reproducen un huevo cada dos años–, el impacto será letal en la zona sobre el ave insigne de nuestro escudo patrio. La agrupación Cóndor Andino, dedicada a la recuperación de esta ave, ha logrado en sus 40 años de existencia recuperar solo a 73 de ellos. El proyecto en 30 años mataría el doble.
Agrosuper, presente en cerca de 30 comunas de la región, obliga a los habitantes a soportar no solo los malos olores de los planteles avícolas y de cerdo, sino que, además, consume ingentes cantidades de agua. Un ejemplo de zona de sacrificio ya instalada es la típica y tradicional zona de Chancón, al poniente de Rancagua, en la que está presente Agrosuper y sus hedores, una planta de tratamientos de aguas servidas y la pequeña minería con plantas chancadoras al aire libre, que esparcen un polvo contaminante que ha causado muerte de ganado y destrucción de la pequeña agricultura familiar. Por si fuera poco, en Chancón se instaló, además, la cárcel concesionada.
Rancagua y Machalí –recién está allí el conflicto del sector El Guindal por el tema del agua– sufren directamente los efectos nocivos de la gran minería del cobre de El Teniente, con la contaminación del aire, el canal de relave, 400 buses emitiendo gases todo el día, pero que tributan en una comuna de la capital, y que va en proceso de una privatización encubierta. También la minera estatal es en gran medida responsable de la sequía y contaminación del Cachapoal. Nuestro río Loco, pintado a fines del siglo XIX por Antonio Smith, artista que destacaba un río pleno y avasallador, está reducido hoy a un desierto de arena y basural con retroexcavadoras.
Ambas comunas, junto con Olivar, Coinco y Peumo, tienen en la estatal a su gran contaminador. Además de la ribera convertida en un basural, el río Cachapoal muestra hoy un lecho plagado de empresas de extracción de áridos. A estas se les aplican multas, como la sanción reciente a la empresa San Vicente por destruir la ribera provocando un daño irreparable al lecho del río, que no mellan su afán de ganancias con efectos destructores y contaminantes.
En Rengo está el proyecto embalse Bollenar, que tendrá un impacto significativo en el clima y medio ambiente local, que tuvo un periodo de participación ciudadana del cual ningún vecino se enteró y que está hoy en la etapa de prefactibilidad. Según sus detractores, beneficiará solo a 1.400 personas distribuidas en 24 asociaciones de canalistas. Entre todas, suman 5.000 acciones y no más de 300 personas controlan 3.000 acciones.
En Coinco, el MOP O’Higgins destruyó el rico humedal que estaba bajo el puente que une a esa comuna con el resto, donde había una rica y variada biodiversidad. Lo mismo sucedió en la localidad de Zúñiga en Peumo, donde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) destruyó un rico e histórico humedal para instalar defensas fluviales, todo con un bajo nivel de compromiso de la Conaf, que en sus informes no presenta argumentos afines con su misión y objetivos que se opongan a la destrucción. En demanda ganada por los vecinos de Zúñiga, se comprobó que el MOP no ha cumplido en compensar el daño causado como lo mandata el fallo judicial y, así, con el aval de Conaf indicando que “no hay bosque nativo”, se destruyen ecosistemas con el argumento de que “hay que evitar las inundaciones”, cuando la zona lleva 15 años con sequía sistemática y en agosto 2019 fue declarada zona de catástrofe por escasez hídrica.
En la ribera del puente Peumo, Conaf ha evidenciado una negligencia supina. En los fallos se le solicita que informe y señala que no “hay bosque nativo”, mientras el MOP persiste en ahondar el lecho del río para supuestamente ”evitar las inundaciones”, con la consecuencia de destruir un sector considerado por científicos del mundo como hotspot, donde se albergaban más de 1.500 especies de plantas y que son escasas y únicas en el planeta, pero que aquí el Estado decide destruir
En Quinta de Tilcoco está la histórica planta de tomates Sugal, ubicada en pleno centro, una de las más grandes del mundo. Por décadas contaminó acústicamente a los vecinos, difundió malos olores con una planta de tratamiento ilegal, con moscas en todas partes y con tomates repartidos en las calles. Esta empresa durante años hizo caso omiso de los reclamos de los vecinos, como lo manifiesta Mario Gálvez, candidato a la alcaldía comunal. Solo hace poco, luego que la Superintendencia del Medio Ambiente tomara cartas en el asunto y con la espada de Damocles encima consistente en la amenaza de tener que pagar una multa de 17 mil millones de pesos, ha iniciado obras de mitigación a las que durante años se negó. Por cierto, ha contado con la venia de todos los alcaldes que han ejercido el cargo.
En Las Cabras ya sabemos lo del monocultivo de palta, con el efecto de la desforestación del bosque nativo y la desertificación de las laderas de los cerros (con la complicidad de la Conaf regional). La empresa Tralcán incumple los dictámenes, a los que no nos referiremos para no agregar otra querella a la interpuesta en contra de Esteban Valenzuela Van Treek por el dueño de Tralcán. Pero lo que ocurre en Quilicura no es exclusivo del lugar, sino de todo el Cachapoal poniente (Peumo, Las Cabras y Pichidegua).
En Colchagua y San Fernando está presente el tema de los empresarios de la cereza, que ocupan una cantidad enorme de agua. Carolina Miranda, señala que, si bien en el alto Colchagua aún hay mucho bosque y agua, más abajo ya “hay espacios y personas sacrificadas” debido al mal uso del agua.
En torno a la fruticultura, se mantiene la temática de los pesticidas en los valles de Cachapoal y Colchagua. Desde que en los años noventa comenzó el estudio de los impactos de su uso, se descubrió que hay una mayor prevalencia de enfermedades congénitas (Dra. María Victoria Mella). En la comuna de Chimbarongo, el embalse Convento Viejo le cambió el clima a la típica comuna del mimbre, sin contar que el agua que se acumula tiene un alto precio, al que solo pueden acceder los grandes empresarios agrícolas (la cuota mínima es de 2 millones).
Entre Placilla y Santa Cruz se sitúa la producción vitivinícola. Desde hace ya tiempo se plantan, contra todo sentido común, viñas en las laderas de los cerros sin respetar ninguna gradiente, ya que en “Chile no hay ningún tipo de restricción ni reglamentación ambiental para cultivar en laderas, situación que no sucede en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, no pueden cultivar en laderas sobre 30% de pendiente, mientras que en Chile se cultiva hasta en pendientes de 120%” (El Mercurio de Valparaíso). Lo anterior produce en esta zona de secano un aumento del uso intensivo del agua, así como la pérdida de suelo y la destrucción de la biodiversidad y la fauna nativa. En Paniahue al estero, donde antes había una rica biodiversidad que incluía pejerreyes, cisnes y humedales, hoy solo exhibe basura y carpas.
En Lolol –en Camarones– se sitúa literalmente la nueva Petorca, ya que son los mismos empresarios que dejaron sin agua a los habitantes de esa comuna los que ahora se instalan con el monocultivo de palta y olivares, que seca las napas subterráneas y pone en riesgo la sobrevivencia de las comunidades.
En el secano costero de la provincia de Cardenal Caro, lo más grave ocurre en la comuna de La Estrella, donde se instaló Agrosuper con una reciente planta de alimentos sobresaturada de malos olores, de contaminación vial y de uso intensivo de agua en un zona de escasez. De nuevo se produce el coctel perfecto para destruir comunidades enteras, perdiéndose tradiciones ancestrales de pequeños agricultores en la siembra de cereales y leguminosas y la pequeña ganadería de consumo familiar y comunal.
En Pichilemu, el balneario no resiste más la llegada masiva de población flotante, pues el agua escasea desde hace dos décadas. Al lado, en Topocalma, se presiona una privatización de hecho de las playas y el acaparamiento de agua, lo que tiene en pie de guerra a las comunidades locales. A comienzos del verano pasado, todos sabían que había siete comunas donde ya no quedaba agua.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Se combina la incompetencia y desinterés de las autoridades –el actual Seremi del Medio Ambiente, un expolicía, sin experticia en el área, señaló en una entrevista a Radio Rancagua que lo que importa “es que no se les pongan trabas a los empresarios”– con la desidia, falta de convicción y subordinación al poder del dinero de un Estado que ha puesto como eje central la protección de la propiedad privada y con organismos públicos como la Conaf y el MOP a modo de emblemas de la ausencia de preocupación por la sostenibilidad de la actividad productiva.
Si transformáramos nuestros modos de producir bienes y de usar el agua y los otros recursos naturales –empezando por orientar las inversiones de salida de la crisis del COVID-19 hacia la transformación verde de las ciudades y los espacios rurales–, sería posible alcanzar en plazos relativamente breves una recuperación de los ecosistemas locales y sostener su resiliencia en el tiempo. Y además alcanzar la carbono-neutralidad de nuestro país, situación en la que los ecosistemas logran absorber el CO2 y otros gases con efecto invernadero producidos por la actividad humana y por los procesos bioquímicos naturales. El Gobierno ha planteado el objetivo de lograrlo en 2050, pero sin tomar medidas significativas.
Es urgente ponernos a trabajar como sociedad en la lógica de actuar con rapidez contra el cambio climático, es decir, mitigar, adaptar y gestionar el riesgo, además de actuar sobre las causas basales de los excesos de emisiones, en especial el uso generalizado de hidrocarburos y el cambio del uso del suelo en beneficio de la agricultura industrial, de la ganadería bovina y de los monocultivos forestales.
No se trata de hacer lo mismo que en la época de Monteverde, cerca de Puerto Montt, cuando entre 14.500 y 18.500 años antes del presente los probables primeros habitantes de Chile vivían con y no contra la naturaleza. Más aún, la ciencia que fue puesta al servicio de la producción, con fines de lucro de las oligarquías terratenientes, puede ser puesta al servicio de las comunidades humanas. En especial, está a nuestro alcance una transformación energética en la que Chile pueda ser, en plazos muy breves, un país pionero en el mundo para asegurar la resiliencia de los ecosistemas y la carbono neutralidad de su producción y actividad humana urbana y rural.
El país cuenta con las condiciones naturales y las capacidades humanas para hacerlo. Para que un proceso de este tipo se inicie se requiere, no obstante, la voluntad política colectiva de hacerlo. En caso contrario, nos arrepentiremos de la herencia que estamos dejando a nuestros hijos y a las generaciones futuras. No nos perdonarán.
