PAÍS
Un diseño que nunca ha incluido como aspecto esencial la trazabilidad, elemento clave para cortar la cadena de contagio y que hasta ahora ha sido financiado por los municipios, con recursos cada vez más al límite. Paralelamente, una campaña confusa de comunicación desde el Gobierno que no convence sobre la gravedad de la situación, especialmente a los más jóvenes. Precios de insumos de protección personal y alimentos que están por las nubes para las compras públicas y una serie de investigaciones de Contraloría que confirman el uso irregular de recursos para las residencias sanitarias. Ninguno de estos elementos es nuevo, hace meses se han hecho llegar al ministerio que ahora encabeza Enrique Paris, pero sobre los cuales parece haber oídos sordos.
Es indiscutible que el número de personas contagiadas y hospitalizadas por COVID-19 está en una rápida alza. Según el balance entregado ayer por el Minsal, hay 25.419 casos activos en todo Chile y, por cuarto día consecutivo, los casos nuevos no bajan de 4 mil personas. Paralelamente, el uso de las camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) supera el 92%. Estas cifras solo tienen un precedente en las que se registraron entre junio y julio del año pasado, la época más dura de la pandemia hasta ahora. El 12 de junio de 2020 se registraron más de 6.300 contagiados en un día.
Ahora, según un informe entregado el jueves por el centro de Estudios Espacio Público, los contagios han subido a un ritmo acelerado. En siete semanas, desde noviembre hasta las dos primeras semanas de enero, los casos nuevos prácticamente se triplicaron, creciendo un 194%. De acuerdo a este informe, en cuatro regiones del norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama) más la Región de Los Lagos, los casos crecieron a más del doble durante la última quincena.
Mientras, durante las últimas seis semanas, en 10 regiones los casos nuevos aumentaron a más del triple, observándose las mayores tasas en Antofagasta (788%), Tarapacá (664%), Aysén (426%), Arica y Parinacota (408%), Maule (388%), Atacama (345%), Los Lagos (288%) y Valparaíso (271%). Según Espacio Público, en la primera semana de enero los nuevos casos promediaron más de 10 por 100 mil habitantes en todas las regiones del país, salvo Coquimbo, donde fueron 9.2. El umbral de 10 casos por 100 mil habitantes determina el rango de máxima alerta según iCOVID-Chile, la entidad conformada por un equipo de especialistas de las universidades de Chile, Católica y de Concepción y que, en un informe entregado el jueves, determinó que el país está en alerta roja.
Una pregunta pertinente es: ¿cómo llegamos a esto? Así como las cifras vuelven al 2020, intentando procesar una respuesta, también vuelve la frase del Presidente: “Estábamos preparados desde enero”. Sin embargo, la evidencia muestra que el nivel central al menos no ha aprendido de lo que viene ocurriendo hace un año y tampoco muestra indicios de cambiar el rumbo. Para los médicos, los funcionarios de primera línea de la salud, alcaldes y parlamentarios, un factor vital en la situación actual es la falta de trazabilidad. Es decir, el seguimiento de los casos, de los contactos estrechos y de su posterior aislamiento.
José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, enfatiza que “el diseño que hemos tenido nunca ha estado enfocado en cortar la cadena de transmisión. En un primer momento estuvimos netamente enfocados en armar el sistema sanitario, lo cual estuvo muy bien, crecimos de 900 a 2.100 camas, se generaron traslados de pacientes, lo cual estuvo muy bien. Pero esa no es la respuesta para evitar muertos. Cuando recibes a los pacientes en el hospital, ya llegaste tarde. La respuesta para evitar los fallecidos era evitar los contagios”.
Pero un plan de trazabilidad requiere contratar personal especializado, disponer de movilización y recursos para hacer un monitoreo y seguimiento de los casos. Algo que las municipalidades han tenido que asumir con sus propios fondos, como siempre insuficientes.
“No están los recursos financieros para los equipos de hospitalización domiciliaria, no están los recursos para los equipos de visita domiciliaria. Lo que dice el Gobierno no es la realidad de lo que estamos viviendo quienes trabajamos en la atención primaria. No lo digo solamente yo”, afirma Gabriela Flores, presidenta de la Confusam. Tiene razón, al menos coincide con ella el doctor Bernucci, del Colegio Médico. “Lamentablemente no ha habido una voluntad política real de que el sistema de trazabilidad y aislamiento sirva. Da la impresión, desde fuera, que muchas veces se hace para cumplir, para decir que se hace, pero no realmente con toda la voluntad política que se requiere. La voluntad política se expresa en recursos. También en que hay autoridades encargadas del manejo de la pandemia, que no creen que esto sirva. Eso se nota en que no se pone tanta energía para que resulte. Lo que se está haciendo en trazabilidad, en aislamiento, las municipalidades lo están haciendo a pulso”, subraya Bernucci.
El aislamiento, se sabe, no es solo una medida sanitaria, sino también implica tomar medidas económicas para reducir el impacto social que significa. Once o catorce días de aislamiento para gente que trabaja en empleos informales significa no recibir ingresos y, al final del día, no alimentarse. Los municipios también han estado ayudando a reducir este impacto socioeconómico.
Pero en este empeño tampoco han tenido ayuda desde el nivel central. Así lo explica el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).
“Solicitamos que se fijaran bandas de precios para los elementos de protección personal y también para los alimentos. Los precios de lo que podíamos adquirir para ir en ayuda de nuestra gente se fueron a las nubes y el Gobierno miró para el lado, con un carácter empresarial no se atrevió a establecer bandas de precios para proteger a la comunidad y a los municipios, que estábamos adquiriendo grandes cantidades pero a precios que estaban por las nubes. Todos los alimentos duplicaron su valor”, apunta Delpin. “Los precios de los insumos han aumentado. Si una mascarilla plegable al principio de la pandemia costaba 40 o 50 pesos, hoy pueden venderla a 1.500 pesos. Eso lo hicieron algunos empresarios que se aprovechan de la emergencia sanitaria. El Gobierno no ha podido proteger a las municipalidades y a la población en general”, agrega.
Otro punto que se agrega a la confusión en el control de la pandemia, es la certeza sobre las cifras exactas de personas contagiadas y hospitalizadas. Hace meses que el Ministerio Público está investigando la posible adulteración de las cifras. Pero ni esta amenaza ha mejorado las cosas. Según fuentes al interior del Minsal, el acceso a los reportes es más engorroso que antes y las cifras, ya sea tanto por problemas en el sistema Epivigila –que es donde todos los centros de salud ingresan las cantidades de personas contagiadas– como en el DEIS del ministerio, siguen siendo poco acertadas.
“No hay ninguna certeza de las cifras. Lo que ingresan los municipios no se carga todo en Epivigila. Puedes entregar cinco contagiados y solo ingresan dos”, dice una fuente del ministerio. Las fallas en el sistema Epivigila también fueron consignadas en el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que entregó su informe final en noviembre, que determinó a este respecto que “la no inclusión de todos los contagiados en el EPIVIGILA en el reporte diario impide un control efectivo de estas personas y sus contactos estrechos, afectando gravemente la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. En tal sentido la Contraloría en su informe precisó que ‘el problema es que la trazabilidad que se hace se hace solo respecto a los informados en Epivigila y no respecto a aquellos casos que efectivamente son positivos y eso obviamente hace que, por ejemplo, quien efectúa una fiscalización en terreno -un Carabinero- cuando solicita un permiso o que se exhiba un permiso podía ser que esa persona estaba positiva y no estaba informada en EPIVIGILA’”, detalla la comisión. En las conclusiones de esta instancia también está establecido que el propio Enrique Paris “admitió que el ex Ministro Mañalich había realizado un buen trabajo en comprar y habilitar camas UCI y testeos, pero que falló en la trazabilidad y el aislamiento”
Además de un problema de comunicación interna de los datos, hay otro que parece más grave y que los especialistas coinciden en llamar la “comunicación del riesgo”, donde también existen fallas. Las señales son al menos contradictorias. El 2 de diciembre, el ministro Paris decía que “yo en este minuto no iría a mis vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima”. Luego, el 30 de diciembre, sin que las cifras hubieran experimentado una baja sustancial, el Gobierno anunciaba un plan para autorizar viajes de vacaciones. Hace un mes, el 19 de diciembre, Paris daba otra señal de relajo, asegurando que “no veo todavía una segunda ola, por el tipo de curva, aplanada. Pero me preocupa”, afirmó. Después, el viernes, el ministro admitió que “estamos ante un rebrote” y no descartó que la Región Metropolitana pueda volver a una cuarentena.
Para Víctor Torres, médico y diputado DC que integró la comisión investigadora, “las medidas son contradictorias. El ministro de Salud dice que hay un rebrote. Pero aparece el ministro de Educación anunciando que parten las clases en marzo. Ha habido mala comunicación del riesgo y campañas de información que prácticamente no existen y que ayuden a dimensionar lo que realmente estamos viviendo. Además, para combatir una serie de noticias falsas que la población empieza a asumir como reales, como que la pandemia no existe o el virus es una invención. Eso genera, en grupos que pueden no ser mayoritarios, una sensación de que esto no requiere mayor cuidado, y un relajo. Hay que reforzar las medidas educativas”, recalca.
El secretario general del Colegio Médico coincide en que “la comunicación de riesgo que tiene que ir desde las autoridades está tremendamente confusa y débil. Por un lado, vemos discursos de que viene la segunda ola, que estamos mal, que hay que cuidarse. Pero por otro lado se generan políticas de apertura, de restaurantes, de fronteras, permisos de vacaciones. Entonces, finalmente el mensaje a las personas es confuso y, cuando tienen que hacer gestión de riesgo propio, se termina desdibujando todo”, sostiene el Dr. José Miguel Bernucci.
El médico y dirigente del Colmed recuerda otra epidemia que azotó a Chile en el verano de 1991, donde sí hubo buena comunicación. “Muchos se acuerdan de la campaña del cólera en 1991, donde se generaron grandes medidas de salud pública respecto del saneamiento de aguas, pero el otro gran pilar fue la comunicación de riesgo para que la gente gestionara el riesgo: no coman cosas crudas, la autoridad vigilaba a los restaurantes y las personas tomaban la decisión propia de no consumirlas. Pero eso porque iba avalado por medidas de salud pública y en comunicación de riesgo. Eso lamentablemente ha quedado en el pasado, a pesar de tener una rica historia en el control epidemiológico, hay una debilidad institucional del ministerio que no viene solo de este Gobierno. El Minsal ha ido perdiendo su riqueza técnica y la capacidad de supervigilar al resto del sistema sanitario. Eso también influye en que nos encontramos con lo que está sucediendo hoy día”, afirma Bernucci.
Tal vez el ejemplo más evidente de confusión o derechamente malas decisiones que tienen a la situación sanitaria fuera de control, es que en el Minsal no están escuchando a los expertos y a quienes viven la crisis de primera mano. “Quieren sacar a los gremios, al Colegio Médico de esto. El Gobierno tiene un consejo asesor formado por expertos de primera, tanto a nivel nacional, latinoamericano e incluso mundial, con experiencia en manejo de otros brotes epidémicos, pero que muchas veces –y hay pruebas de aquello– ni siquiera los escucha o hace las cosas contrarias. Se han tomado decisiones que van en contra de lo que dicen los propios expertos a los que el ministerio les está pagando. Más allá si a mí me caen bien los ministros, los resultados no son buenos”, asegura Bernucci, del Colmed.
El alcalde Felipe Delpin de La Granja y dirigente de la ACHM, también alega sordera de parte del Gobierno. “Hemos estado diciendo desde la Mesa COVID que hay que comunicar de otra forma a los jóvenes, llamando a campañas más agresivas, llamando a personas que tengan influencia entre los jóvenes, haciendo un llamado a cuidarse. El Estado tiene que ser mucho más fuerte y restringir los permisos, las autorizaciones”, apunta Delpin.
Como se ha visto, una de las quejas desde los municipios y las entidades a cargo de gestionar la pandemia ha sido la falta de recursos económicos para implementar un buen sistema de trazabilidad y así controlar los contagios. Una parte donde el destino del presupuesto es poco claro, ha sido precisamente la de las residencias sanitarias, que son parte del esquema de trazabilidad y aislamiento. La Contraloría General de la República comenzó en diciembre a entregar los resultados finales de las auditorías que inició hace seis meses en los distintos servicios de Salud, para fiscalizar el buen uso de los recursos. Estos contratos, si bien corresponden a cada servicio de salud, fueron responsabilidad del entonces subsecretario Arturo Zúñiga, que hoy va en la lista de la UDI como candidato a la Convención Constitucional por el distrito 9, que comprende a las comunas de Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.
De norte a sur, la Contraloría estableció irregularidades en este tipo de negociaciones con empresas hoteleras. Por ejemplo, en Tarapacá, por la contratación de cuatro hoteles: “[El servicio de Salud] pactó un precio diario de $58.181 IVA incluido, por los servicios prestados en cada habitación, considerando para su pago mensual, en 3 de ellos, un componente fijo del 80% de la capacidad de cada hotel, independiente que se utilizaran o no las habitaciones, lo que implicó que esa repartición pública, al 30 de junio de 2020, incurriera en un costo de $12.792.500 por capacidad ociosa de 215 días, y además, tuviera que contratar a las 4 residencias sanitarias por un precio 25% más caro que el precio máximo informado oficialmente por la Subsecretaría de Redes”.
En Antofagasta, el informe final detectó que el costo del contrato no se condice con la ocupación real de la residencia sanitaria, toda vez que, de los antecedentes tenidos a la vista, se advirtió que el total de los servicios y habitaciones no utilizadas ascendió a un monto de $ 39.721.154, por lo que el SSA deberá, en lo que viene, disponer de los controles que resulten necesarios, a fin de que la determinación del costo de los contratos sea acorde a las necesidades de la entidad, utilizando medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, que le permitan resguardar el correcto uso de los recursos públicos comprometidos”. Paralelamente, se determinó que que “el Servicio de Salud Antofagasta pagó a la Constructora e Inmobiliaria Rojas y Rojas Limitada, tres (3) facturas, por la totalidad de los servicios adquiridos, esto es $ 115.668.000, sin documentación de respaldo que acredite los servicios realizados, limitándose a aparejar a cada egreso, un certificado que da conformidad a los servicios prestados. Es por ello, que corresponde que, en el futuro, el SSA mantenga la documentación completa y sustentatoria que justifique los desembolsos como los de la especie, evitando así, la realización de pagos que no se encuentren debidamente respaldados, situación que podría conllevar un perjuicio fiscal”
Como en otros casos, se estableció la ausencia de personal técnico en las residencias y la falta de cumplimiento de los protocolos. “Se evidenció el ingreso a la residencia sanitaria de usuarios con sospecha de Covid-19 y negativos; menores de edad ingresados a ese inmueble; el ingreso de un menor de edad sin consentimiento informado; la falta de consentimiento informado para el ingreso de los pacientes; y la ausencia de control de signos vitales durante la permanencia en el ‘Hostal Quetena’, situaciones que no se ajustaron a lo contenido en el ‘Protocolo plan de acción coronavirus-residencias sanitaria’, y su modificación versión 5.0, y al manual ‘Orientación técnica de las residencias sanitarias, plan COVID-19’”.
Por su parte, en el hotel O’Higgins de Viña del Mar “se advirtió que el contrato suscrito con la empresa CADI SpA previene, en el N° 9 de su cláusula primera, el pago a dicha firma de costos operativos fijos diarios, que incluye a los primeros 50 pacientes, por la suma $1.750.000, verificándose que dicha condición comprometió recursos por servicios que no fueron efectivamente prestados, generando con ello un enriquecimiento sin causa en favor del prestador de servicio y, por ende, un perjuicio al patrimonio público por $53.725.000, contraviniendo con ello los principios de eficiencia y eficacia, en relación con el principio de legalidad, monto que incluye la suma de $10.500.000, referida al pago, por el mismo concepto, por el periodo del 9 al 14 de abril de 2020, en el cual no se prepararon alimentos, toda vez que no había pacientes hospedados, y porque, además, ese desembolso contraviene lo establecido en el N° 6 de los requerimientos administrativos y cláusula séptima del contrato, por lo que esta Entidad de Control iniciará un proceso sumarial, destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en la materia”.
Otro informe, sobre el Hotel Gala en la misma ciudad, establece que “el contrato con la empresa Icono División Turismo S.A., previene en el N°8 de su cláusula primera, el pago a dicha firma de costos operativos fijos diarios, que incluye a los primeros 55 pacientes, por $2.310.000, verificándose que dicha condición comprometió recursos por servicios que no fueron efectivamente prestados –correspondiente a días en que el número de hospedados no alcanzó dicho mínimo–, generando con ello un enriquecimiento sin causa en favor del prestador de servicio y por ende, un perjuicio al patrimonio público por $8.946.000”.
También se auditó el contrato firmado entre el Hotel Radisson, en Santiago y el Servicio de Salud Metropolitano Norte: “El SSMN no respaldó con documentación íntegra y exacta el pago por $ 134.784.160, IVA incluido, a la empresa Gestora Hotelera SpA, en lo atingente a la ocupación de las habitaciones, así como el cumplimiento de los criterios de ingreso por parte de los pacientes para acceder a la residencia Sanitaria ‘Hotel Radisson’, correspondiente al mes de junio de 2020. Al respecto, la entidad fiscalizada deberá en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, acreditar la efectiva prestación de los servicios pagados, lo que será revisado en un próximo seguimiento”
Estos son algunos ejemplos de las auditorías al sistema de residencias. Pero también se encontraron problemas en la “recepción, custodia y distribución de EPP» (Elementos de Protección Personal) en los hospitales Sótero del Río, Hospital de Urgencia Asistencia Pública, el Hospital Barros Luco Trudeau, San Borja Arriarán, el Carmen, El Salvador, y San José.
Para Víctor Torres lo evidenciado en estos informes de fiscalización “confirma aquello que sospechábamos. Ante un escaso presupuesto, haber usado recursos en residencias sanitarias que se subutilizaron, que no tenían protocolos adecuados ni el personal suficiente, entonces no se justificaba tenerlas. Se debió invertir esos recursos en aumentar el testeo, mejorar la trazabilidad para llegar a esos pacientes que sí requieren tener un confinamiento a través de una cuarentena individual. Al no poder implementar ese sistema, se mantiene una gran cantidad de virus circulando en el ambiente. Lo más relevante es seguir haciendo el esfuerzo en testeo y trazabilidad y en torno a toda la logística que ha empezado con la vacunación en Chile”.
En tanto, Gabriela Flores, de la Confusam, admite que “lo que nos preocupa es lo que ha dicho la Contraloría respecto de la entrega de recursos para residencias sanitarias. Cada día nos sorprenden más las situaciones graves que hubo en relación con cómo se contrató y cómo se pagaron las compras de insumos y elementos de protección personal. La Contraloría tiene que continuar con la investigación para transparentar recursos que son de todos los chilenos”.
El Mostrador envió un cuestionario sobre estos temas al Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de esta edición se excusaron de contestarlo.
