Crimen organizado, un riesgo de seguridad nacional

Es difícil pensar que el cúmulo de errores que envuelve a la acción de las fuerzas policiales en La Araucanía no signifique un grave riesgo para la seguridad nacional. Todo lo hecho denota falta de competencia técnica, apresuramiento y una completa desorganización de las bases esenciales de lo que se supone sea la inteligencia previa, que generó la decisión del operativo fallido de la PDI en la zona.

Más allá de los detalles que se conocen, dignos de una mala novela de Roberto Ampuero, el problema objetivo es que el fracaso y circunstancias de dicha operación constituyen una señal de incompetencia, que envalentona la sensación de impunidad en las organizaciones criminales.

La experiencia internacional acumulada en la lucha contra el narcotráfico, indica que la selectividad de objetivos policiales puede orientarse en varias direcciones. También que los lugares de producción, de acopio mayorista de materias primas y droga, de bodegaje y distribución de los elaborados, además de los arsenales de armamento e implementos de seguridad, son negocios generalmente separados. Y que normalmente se requiere de mucha inteligencia y de operaciones rápidas y selectivas para mantener la cadena de investigación, hasta llegar a los dueños del negocio.

[cita tipo=»destaque»]La subrepticia militarización de la zona impulsada por el Estado, el activismo político insurgente en muchas comunidades, la falta de una representación más articulada de las demandas reivindicativas, la baja vinculación del gran empresariado con los problemas de la zona, la existencia de un enorme negocio de la seguridad con más de 25 empresas dedicadas al rubro con evidentes lazos con las policías, y una tendencia abierta al paramilitarismo. Pero, por sobre todo, una pobreza extrema y la sensación de una degradación social y cultural de la mayoría del pueblo mapuche y de los mestizos pobres de la zona.[/cita]

Porque este es un negocio que reparte el riesgo en una industria difusa y fragmentada, pero de alta rentabilidad. Que usa ámbitos financieros y de lavado, tiene sistemas de custodia y transporte, de encubrimiento y captura de protección política y territorial, entre otras, que obligan a tratarlo como una actividad económica ilegal difusa y continua, que no se acaba con un golpe, pero que donde más le duele es en el dinero, no en la política. Por eso, la inteligencia financiera es mejor que un Comando Jungla.

Peor aún, todo el mundo sabe, además, que uno de los principales riesgos de seguridad para los países que tienen conflictos sociales encarnizados, como el que está empezando a producirse en La Araucanía, es que el negocio criminal pueda penetrar en sectores sociales en conflicto y cree condiciones de proveer a unos y otros recursos, lucro o ventajas, a cambio de protección y encubrimiento. Eso, porque se beneficia del desgobierno y la violencia de un territorio que se hace más fácil controlar.

Ello ha ocurrido en muchas partes donde la organización criminal se ha transformado en aliada de paramilitares, organizaciones insurgentes y parte cooperadora de las fuerzas policiales o de otras organizaciones que desarrollan actividades ilícitas en la zona. Los ejemplos sobran en Colombia, Perú, México o Guatemala.

La pregunta que surge de lo ocurrido en Temucuicui es cuál era el objetivo político que perseguía el Estado de Chile, y en específico del Gobierno, al permitir una operación desmadejada que dejó en ridículo no solo a las fuerzas policiales, sino también a todo el país. ¿Acaso ya tiene pruebas de que esa comunidad es una especie de territorio gobernado por el narcotráfico u organizaciones criminales que instrumentalizan y trascienden el problema mapuche? A su vez, ¿cuáles son las señales de incompetencia que entrega a las organizaciones criminales, que ahora saben que se enfrentan a policías de juguete, buenos para reprimir en la calle pero incapaces de sostener acciones policiales de envergadura?

El Gobierno ha respondido con la retahíla de argumentos habituales acerca de la falta de leyes y el endurecimiento de las penas, sin asumir ninguna responsabilidad. Las autoridades policiales lo han hecho con las proclamas heroicas acerca de “no olvidaremos a nuestros muertos”, cuando en realidad son directamente responsables de lo ocurrido.

Solo para recordar elementos concomitantes que nos hagan reflexionar: la debacle moral y profesional ocurrida en el mando de Carabineros, con desfalcos que arrastraron a decenas de generales y oficiales superiores incluso a la cárcel, y desarmaron la inteligencia policial de ese cuerpo con montajes y mentiras, dejando poca acción a una información veraz, algo influye en el escenario; la tensión de la zona, que de tanto en tanto genera muertos y daños materiales inmensos, sin que logren aclararse íntegramente ni las responsabilidades ni las circunstancias de los hechos, siempre incentivados por los extremos; actividades criminales en torno a la explotación ilegal y robo de madera, con mucho armamento y tendencias a la violencia.

La subrepticia militarización de la zona impulsada por el Estado, el activismo político insurgente en muchas comunidades, la falta de una representación más articulada de las demandas reivindicativas, la baja vinculación del gran empresariado con los problemas de la zona, la existencia de un enorme negocio de la seguridad con más de 25 empresas dedicadas al rubro con evidentes lazos con las policías, y una tendencia abierta al paramilitarismo. Pero, por sobre todo, una pobreza extrema y la sensación de una degradación social y cultural de la mayoría del pueblo mapuche y de los mestizos pobres de la zona.

Piense un instante y pregúntense qué hubiera aportado el Comando Jungla o qué aporta el operativo fallido de la PDI para solucionar los problemas de La Araucanía

Lo de Temucuicui tiene –mejor dicho, tendrá– repercusiones en todo el país en materia de seguridad. Queda claro que no se trata de un fracaso más, sino de un fracaso empleando una cantidad enorme de hombres y recursos materiales en una zona donde no hay pantanos, sino que estos solo están en la cabeza de los tácticos policiales y las autoridades civiles que los controlan y decidieron hacer lo que hicieron. Y luego improvisan o titubean respuestas que nadie les cree.

Si se suma lo anterior a los problemas urbanos de narcotráfico y crimen organizado de las grandes ciudades –incluidos el tráfico de armas livianas, la represión privada hecha por bandas por la ocupación de calles por el comercio informal, o el sicariato y los préstamos usureros–, entonces sí tenemos un problema de seguridad nacional. Y en esta materia, cuando se instalan, no hay vuelta atrás.