Opinión
La forma en que reaccionó públicamente el director general de la Policía de Investigaciones cuando fue invitado a rendir cuentas sobre el operativo en Temucuicui a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado, es consistente con su deliberante y prepotente forma de operar. Una forma que olvida constantemente que el ministro del Interior y Seguridad Pública es su superior jerárquico y que omite por completo el principio de no deliberación, que le impide opinar sobre asuntos contingentes y expresar opiniones políticas.
Tras el desastroso y fallido operativo de Temucuicui, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, tuvo que rendir cuentas al Parlamento y quedó sobregirado. El estilo confrontacional y que desconoce la jerarquía de mando del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se suma a los duros cuestionamientos que el propio Espinosa –fuera de sus atribuciones– ha hecho a organismos autónomos de derechos humanos.
La forma en que reaccionó públicamente el director de la Policía de Investigaciones cuando fue invitado a rendir cuenta sobre el operativo en Temucuicui a la Cámara de Diputados y al Senado, es consistente con su deliberante y prepotente forma de operar. Una forma que olvida constantemente que el ministro del Interior y Seguridad Pública es su superior jerárquico y que omite por completo el principio de no deliberación, que le impide opinar sobre asuntos contingentes y expresar opiniones políticas.
En el Senado apuntó con el dedo a los parlamentarios de la comisión de Seguridad Ciudadana, cuestionó su labor legislativa, los acusó de desconocer la realidad en La Araucanía, los criticó por no asistir al funeral del funcionario asesinado y por no apoyar políticamente a la PDI: “Yo siento que a la PDI le faltó apoyo político”, expresó.
[cita tipo=»destaque»]Fuentes cercanas al Gobierno explican que la arremetida de Espinosa en el Parlamento generó más que molestia en sus superiores jerárquicos y que, por lo mismo, le prohibieron dar declaraciones de tono político. Algo que el director de la PDI ha cumplido, por el momento.[/cita]
Las declaraciones no pasaron inadvertidas y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, respondió en duros términos: «Cada cual que quiere justificar su inacción dirige sus dardos hacia el Parlamento. Ya es un deporte de todas las instituciones, tanto del Ejecutivo, incluso de otros organismos no deliberativos, de decir que el responsable de todo es el Parlamento».
Es importante destacar que la Constitución señala que las Fuerzas Armadas y Carabineros son instituciones «no deliberantes» y que ese mismo principio restringe, constitucionalmente, el actuar de la policía civil.
Las declaraciones de Héctor Espinosa surgen cuando estaba también presente su superior jerárquico, el ministro del Interior y Seguridad Pública, quien tuvo que salir a respaldar el “diagnóstico del director general de la PDI”. Pero esta no fue la primera vez que Espinosa tomó la palabra y expresó su opinión política antes que su jefe. En 2020, Gonzalo Blumel debió salir a corregir al director de la PDI cuando sugirió que iniciaría acciones legales contra el INDH: “Por supuesto, el Gobierno nunca ha tenido considerado presentar una querella en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos y, al revés, valora el trabajo que realiza”.
El 15 de junio de 2020, el Instituto Nacional de Derechos (INDH) envió un oficio (n°456) al ministro del Interior y Seguridad Pública de ese momento, Gonzalo Blumel, que se titulaba: “Expresa preocupación por dichos de Director Nacional PDI”.
El oficio comienza por señalar: “En particular nos preocupan sus anuncios genéricos de querellas que pueda ser interpretado como intimidatorios y atentatorios en contra de la autonomía del INDH”. Esto, en referencia a las declaraciones de Espinosa sobre emprender acciones legales contra todos quienes intentaron “enlodar” y “desprestigiar” a la PDI con el caso de Baquedano.
Por otro lado, el oficio del INDH expresa que cuando Espinosa utiliza la frase “explosión delictual” para referirse al estallido social, hace una afirmación grave y que no le corresponde. Como tampoco, la declaración del 14 de junio, donde calificó como legítima la crisis social iniciada en octubre de 2019. “De su sola lectura se puede decir que ellas constituyen apreciaciones políticas, públicamente emitidas, que no le corresponde realizar a un director nacional de policía”, sentencia el oficio.
En la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando parlamentarios le consultaron al director de la PDI por la detención de la hija de Camilo Catrillanca, él respondió tajante: «No aceptamos que nos digan que violamos los derechos humanos y menos que hemos tratado mal a una pequeña inocente, que está inmersa en una comunidad donde ve violencia y todo esto a vista y paciencia de las autoridades”.
En esos mismos términos, llamó a la Defensora de la Niñez a “que se informe mejor”, en el contexto de la querella que interpuso la Defensoría en contra de la PDI por la detención de la hija de Catrillanca. El asesor de la PDI que acompañaba a Espinosa, Luis Silva, fue más allá y cuestionó el accionar de dicha institución: “Uno se ve enfrentado a dos situaciones, a una legal y una comunicacional. Nos impacta doblemente, por cuanto uno tiene que responder primero a que la Defensora de la Niñez, lo primero que hace no es acudir a los tribunales, ni siquiera a la propia policía (…) sino recurrir a Twitter y aseverar que la policía está cometiendo algunos delitos. Y después a tribunales».
Aquí nuevamente se expresa una opinión política sobre contingencia y, además, amedrenta a quien lidera a una institución autónoma, que vela por el respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
El diputado Ricardo Celis, frente a todas estas declaraciones, afirmó: «Lo que tiene que hacer el director de la PDI es su pega, hacer su trabajo y entender que él está subordinado al poder político. Él no tiene que decirnos a nosotros, al Congreso, lo que tenemos que hacer».
Fuentes cercanas al Gobierno explican que la arremetida de Espinosa en el Parlamento generó más que molestia en sus superiores jerárquicos y que, por lo mismo, le prohibieron dar declaraciones de tono político. Algo que el director de la PDI ha cumplido, por el momento.
