Cuidado con el elevado límite del gasto electoral

El elevado límite del gasto electoral fijado por Servel –que puede llegar en un distrito a 468 millones de pesos por cada candidato(a) a constituyente– pone en peligro la igualdad de oportunidades de ser elegidos para los más de 1.220 candidatos y candidatas inscritos para la Convención Constitucional que se elige el 11 de abril. Adicionalmente, presenta el riesgo de captura de este espacio democrático por el dinero.

La norma vigente establece que cada convencional puede gastar hasta un cierto monto de acuerdo a una tabla según distritos. El gasto promedio autorizado es de 246 millones de pesos, cifra que resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los postulantes, especialmente en esta elección, donde ha sorprendido el enorme interés con que independientes y organizaciones sociales y ciudadanas han querido participar, poniendo en aprietos el sistema de inscripciones.

Solo los candidatos con fortuna personal o apalancados por acaudalados padrinos, empresas poderosas o grupos económicos podrán alcanzar este nivel de inversión. Es sabido, además, que en muchos casos los gastos reales efectuados por las campañas más ricas superan estos límites, con dinero que surge de fuentes ocultas que invierten en candidaturas afines a sus intereses.

[cita tipo=»destaque»] La reducción del gasto propuesta no es arbitraria, pues corresponde proporcionalmente al tiempo más reducido de duración del cargo, del tiempo de campaña y de los ingresos asignados a la labor de los convencionales. De acuerdo a ello, el gasto promedio autorizado para cada candidato se reduciría de 246 a 57 millones de pesos y el gasto total para los(as) 1.220 candidatos(as) inscritos(as), disminuiría de los 338 mil millones (451 millones de dólares) actuales a 80 mil millones de pesos (107 millones de dólares).[/cita]

Grupos como Soquimich, Banco Penta o las empresas pesqueras han sido identificados y sorprendidos con las manos en la masa corrompiendo a la política. Es conocido, además, que otras grandes empresas de diversos sectores económicos son «donantes» asiduas.

Para la elección de los constituyentes –tal vez por inercia y por desconocimiento de lo que sucedería en el país después del estallido social y sobre todo por la inesperada llegada de la pandemia– se legisló en relación con el gasto electoral, aplicando a esta elección la normativa que se aplica a las elecciones de diputados. Nunca se vislumbraron las nuevas circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ni del estallido social.

No se tomaron en cuenta las características propias de esta elección: menor tiempo de duración de la tarea, apenas tres meses de tiempo electoral para la campaña, menor remuneración del cargo.

Tampoco se consideró el nuevo escenario, ni la nueva realidad social y económica del país: enormes dificultades para realizar actividades territoriales de campaña por los estados de emergencia derivados de la pandemia, destrucción masiva de empleos, nuevo rol de las tecnologías de la información y de los medios de comunicación y mayor relevancia de las redes sociales y medios virtuales, entre otros aspectos.

Sin embargo, el factor más importante que hace la diferencia es que el número y la composición de los(as) candidatos(as) es muy distinta al pasado: hay una proporción mayoritaria de nueva ciudadanía, de independientes y dirigentes sociales no vinculados a los partidos participando, sin otro apoyo ni respaldo que sus propias redes y la fuerza de su convicción por el cambio.

Su desventaja en recursos disponibles y legalmente legitimados para participar en condiciones de igualdad, será sideral frente a las candidaturas tradicionales vinculadas a los poderes fácticos o de personas adineradas ligadas a empresas y grupos económicos, cuya participación estará orientada a la mantención de las características esenciales del modelo económico y del orden constitucional existente.

La norma vigente –que permite un gasto electoral exorbitante en la actual realidad del país y de esta elección no habitual– pone en riesgo la democracia y la igualdad de oportunidades en forma insolente. La inmensa mayoría de los candidatos correrán el peligro de ser invisibilizados, de no poder comunicarse en igualdad de condiciones con los electores, aplastados por la magnitud inalcanzable de los recursos autorizados legalmente y de los que solo podrá disponer una minoría. O aun peor, alternativamente podrían verse obligados o permitir dejarse capturar por el poder del dinero para obtenerlos. En suma, existe un riesgo mayor que lo habitual de captura de esta elección por el dinero.

Por lo expuesto, es esencial bajar el límite del gasto para «emparejar la cancha» y superar la inequidad y aberración de los montos actuales. Por ello, varios diputados y diputadas en forma transversal hemos ingresado una reforma constitucional para una rápida tramitación en la Cámara y el Senado.

Sin embargo, incluso la reforma constitucional propuesta, que permitirá disminuir a ¼ el actual gasto electoral autorizado legalmente, aún queda corta y todavía constituye un valor elevado de alcance dificultoso para la mayoría de las candidaturas.

Para generar acuerdo, la reducción del gasto propuesta no es arbitraria, pues corresponde proporcionalmente al tiempo más reducido de duración del cargo, del tiempo de campaña y de los ingresos asignados a la labor de los convencionales. De acuerdo a ello, el gasto promedio autorizado para cada candidato se reduciría de 246 a 57 millones de pesos y el gasto total para los(as) 1.220 candidatos(as) inscritos(as), disminuiría de los 338 mil millones (451 millones de dólares) actuales a 80 mil millones de pesos (107 millones de dólares).