Opinión
La evidencia es clara, el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) funcionó MAL, burdamente mal. Frente a un terremoto de magnitud 7,1 ocurrido en la Antártica, el sistema alertó de peligro de tsunami a personas ubicadas a más de 4.500 km de distancia, generó pánico en la población y, al ser una falsa alarma, desacreditó la eficacia del SAE. La evaluación y la comunicación del nivel de riesgo asociado, no pueden descansar en un software que potencialmente emite comunicaciones de alerta absurdas y que no tenga la validación de los distintos organismos con competencias, sobre cada posible evento.
El mensaje de evacuación recibido por millones de personas a lo largo de las costas y el interior de Chile el pasado 23 de enero, fue vergonzoso. Hasta este momento, como suele ocurrir en Chile, nadie se hace responsable.
La información científica indica que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, con más de noventa volcanes activos, ubicado en el punto de colisión de dos megaplacas tectónicas y donde la geografía está siendo modelada permanentemente por las fuerzas de la naturaleza. En este territorio habitan alrededor de 18 millones de personas, que conviven con desastres naturales de distinto tipo y por lo cual es imperativo tener un sistema de alerta temprana confiable, que permita prevenir a sus habitantes en el caso de un desastre natural inminente.
La ubicación de Chile en este margen de placas tectónicas nos hace estar expuestos a la erupción de un volcán, en algún lugar del país, en cualquier momento.
[cita tipo=»destaque»]El fondo de este espectáculo es que el Estado ha transferido su responsabilidad como garante de la seguridad de los habitantes de este país a un software que no considera la validación con organismos competentes de la información sobre la cual se genera una alarma de desastre, ni las consecuencias potenciales de la emisión de dicha alarma. En su estado actual, pareciera que el Sistema de Alerta de Emergencia puede cometer errores al emitir una falsa alarma u omitir una alarma real. En cualquiera de los casos, debería haber personas responsables que asuman el costo de su inoperancia.[/cita]
Chile cuenta con un sistema de observación en línea de los principales volcanes y, por esto, seremos advertidos si, por ejemplo, el volcán San José, ubicado en el Cajón del Maipo, inicia una fase eruptiva y cuyos productos piroclásticos pudieran sepultar a la Región Metropolitana. Un sistema de alerta temprana debiera comunicar a los habitantes de Santiago del nivel de riesgo al que estaremos expuestos y las acciones inmediatas más efectivas.
La responsabilidad de monitorear la actividad de los volcanes radica en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería, que, a su vez, depende del Ministerio de Minería.
En Chile tiembla casi de manera continua. Prácticamente, todos los días se generan sismos de distinta magnitud en alguna región del país, pudiendo ocurrir un terremoto con consecuencias devastadoras en cualquier momento del año y en cualquier parte del territorio.
Para monitorear la actividad sísmica a lo largo del país, existe el Centro Sismológico Nacional (CSN), dependiente de la Universidad de Chile, cuya misión es “entregar datos e información sismológica oportuna a la Oficina Nacional de Emergencia, que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). El CSN también provee la información sísmica al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y a los servicios del Estado con competencia en los ámbitos de la prevención, mitigación y reducción de riesgo sísmico”.
La Onemi es el organismo técnico del Estado –creado por el Decreto Ley Nº 369 de 1974– a cargo de “planificar y coordinar los recursos públicos y privados, destinados a la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural o provocados por la acción humana, proporcionando a los ministerios, intendencias, gobernaciones, municipios y organismos de protección civil de nivel nacional, regional, provincial y comunal, modelos y planes de gestión permanente para la prevención y manejo de emergencias, desastres y catástrofes”.
Después del terremoto del año 2010, donde quedó en evidencia la incapacidad del Estado para alertar a la población sobre el desarrollo inminente de un tsunami que costó la vida de cientos de personas, el Gobierno mediante licitación pública adjudicó a la empresa Global Systems la implementación de un sistema que pudiera comunicar oportunamente a la población sobre una situación de peligro inminente. Desde el 2012 a la fecha, se han invertido más de $4.300 millones en la implementación de este sistema.
La evidencia es clara, el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) funcionó MAL, burdamente mal. Frente a un terremoto de magnitud 7,1 ocurrido en la Antártica, el sistema alertó de peligro de tsunami a personas ubicadas a más de 4.500 km de distancia, generó pánico en la población y, al ser una falsa alarma, desacreditó la eficacia del SAE.
Lo anterior significa que el SAE no cuenta con un algoritmo de verificación confiable de la información que se está emitiendo y significa que no cuenta con sistema técnico de validación de la información geocientífica, a partir de la cual se emite la alerta de tsunami. Significa también que el SAE, antes de emitir una alarma, no hace cruce de información entre entidades con competencias complementarias, como el CSN y el SHOA, para precisar la magnitud de la emergencia. Es decir, el SAE parece ser un sistema de emisión de información que funciona de manera semiautomática, que falló frente a un evento que no constituía riesgo alguno para millones de personas, dejando en evidencia la necesidad de su reformulación.
El mismo sistema es el que se emplearía para alertar sobre una erupción volcánica, la probabilidad de una avalancha, la expansión de un incendio forestal, la avenida de un flujo de detritos, el colapso de una represa o la salida de un curso fluvial. Cualquiera de estos eventos puede tener magnitudes catastróficas y merecen ser monitoreados para alertar a la población potencialmente afectada. Pero la evaluación y la comunicación del nivel de riesgo asociado, no puede descansar en un software que potencialmente emite comunicaciones de alerta absurdas y que no tenga la validación de los distintos organismos con competencias, sobre cada posible evento.
El fondo de este espectáculo es que el Estado ha transferido su responsabilidad como garante de la seguridad de los habitantes de este país a un software que no considera la validación con organismos competentes de la información sobre la cual se genera una alarma de desastre, ni las consecuencias potenciales de la emisión de dicha alarma. En su estado actual, pareciera que el Sistema de Alerta de Emergencia puede cometer errores al emitir una falsa alarma u omitir una alarma real. En cualquiera de los casos, debería haber personas responsables que asuman el costo de su inoperancia.
