Opinión
Desde que la pretensión argentina sobre la plataforma continental extendida en el Mar Austral y en la Antártica se destapara a comienzos del año pasado, he venido insistiendo, junto a otras personas, en la necesidad de abordar esta diferencia diplomática y jurídica con seriedad y responsabilidad. No olvidemos que los gobiernos argentinos vienen planificando e implementando –hace décadas– una estrategia para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, afectando con ello los intereses marítimos y antárticos chilenos, ante la total pasividad y descuido de las autoridades de nuestro país. Así fue como la reciente visita del presidente Alberto Fernández a nuestro país logró generar una polémica en materia de política bilateral, al suscribir una declaración conjunta con el Gobierno chileno. Esta declaración conjunta dejó un sabor amargo, un sabor a derrota. Si fuera argentino estaría aplaudiendo la conquista diplomática lograda por el presidente kirchnerista. Pero, como chileno que soy, me siento indignado.
La reciente visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, no pasó inadvertida ni indiferente para una gran mayoría de chilenos. No solo por su encuentro con los representantes locales de esa izquierda trasnochada y agrupada en el Grupo de Puebla, sino también porque logró generar una polémica en materia de política bilateral, al suscribir una declaración conjunta con el Gobierno chileno. Esta declaración conjunta, en lo que respecta a las cuestiones limítrofes pendientes entre ambos países, dejó un sabor amargo en nuestro país o quizás, más bien, un sabor a derrota.
Desde que la pretensión argentina sobre la plataforma continental extendida en el Mar Austral y en la Antártica se destapara a comienzos del año pasado, he venido insistiendo, junto a otras personas, en la necesidad de abordar esta diferencia diplomática y jurídica con seriedad y responsabilidad. No olvidemos que los gobiernos argentinos vienen planificando e implementando –hace décadas– una estrategia para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, afectando con ello los intereses marítimos y antárticos chilenos, ante la total pasividad y descuido de las autoridades de nuestro país. Si fuera argentino estaría aplaudiendo la conquista diplomática lograda por el presidente kirchnerista. Pero, como chileno que soy, me siento indignado.
Mientras las acciones diplomáticas y jurídicas argentinas avanzaban sin dificultad, la reacción de nuestro país consistió –históricamente– en enviar y tapizar a las autoridades transandinas con notas diplomáticas, de dudosa eficacia y, algunas de ellas, con evidentes errores u omisiones jurídicas. No hace falta ser abogado ni experto en estas lides, para darse cuenta de la ingenuidad de nuestra diplomacia. Peor aún, ante la ausencia de una estrategia chilena, la improvisación con que han actuado nuestras autoridades ante la incursión argentina, solo habla de la escasa prioridad que tiene este tema para nuestra política exterior. Una prueba: mientras Argentina avanzaba con todos los pasos necesarios para formalizar esta arremetida en el Mar Austral y la Antártica, ante los organismos competentes de la ONU, incluyendo los estudios técnicos, oceanográficos, batimétricos, entre otros, nuestro país hacía lo mismo pero ¡en Isla Pascua!, donde nadie disputaría ese territorio marítimo, descuidando por completo el Mar Austral.
Ahora nuevamente desaprovechamos la oportunidad para dar un mensaje más potente a las autoridades argentinas. No hace bien nuestra Cancillería en ocultar el verdadero problema con Argentina, consistente en que este último ha infringido flagrantemente el Tratado de Paz y Amistad (TPA) vigente entre ambos países, modificando unilateralmente un límite internacional marítimo (suelo y subsuelo marino) fijado por dicho tratado. Al hacerlo, desconoce un punto específico –denominado punto “F”– del TPA que fija el límite internacional. No hace falta recordar el esfuerzo, trabajo y coraje con que el Gobierno militar manejó y solucionó el Conflicto del Beagle, para que 40 años después el Gobierno transandino se dé el lujo de desconocerlo, ante la impavidez y desidia de los gobiernos chilenos que le siguieron.
No hay nada más grave, en las relaciones de vecindad, que desconocer y vulnerar de facto –y en forma unilateral– un límite internacional, definido bilateralmente en el TPA como “confín definitivo e inconmovible” entre ambos países. De esta manera, no se trata únicamente de un problema de plataforma continental extendida, ni en la Isla de Pascua ni en ninguna otra parte. Se trata, más bien, de que Chile no ha defendido como debe sus límites soberanos, al no exigir –a través de todas las acciones diplomáticas procedentes– la inmediata retractación de Argentina respecto de su ley y mapa correspondiente.
Hay muchas preguntas sobre esta controversia y el rol de nuestra Cancillería en los últimos gobiernos, que continúan sin respuesta. Por otra parte, la actual administración lleva tres años de su mandato y aún no se crea la oficina asesora del Ministerio de RR.EE. en materias de controversias internacionales, cuya implementación habría aportado a tener una mirada transversal y multisectorial, para abordar un conflicto que terminará resolviéndose ciertamente en alguna instancia de solución de controversias internacionales.
No podemos olvidar que la soberanía chilena sobre su territorio –continental, insular y marítimo, incluyendo su zona económica exclusiva y su plataforma continental– constituye una de las bases de la tradición, historia e institucionalidad de nuestra nación. La integridad territorial del país y la defensa de sus intereses soberanos y limítrofes, sean terrestres, aéreos o marítimos, deben quedar contemplados en la nueva Constitución, pues es algo que nos importa e involucra a todos los chilenos, independientemente del color político. Es un tema de Estado.
