PAÍS
Un oficio final fechado y despachado por la CGR el 28 de enero, contiene lapidarias conclusiones sobre el manejo que tuvo el exsubsecretario de Redes Asistenciales –y ahora candidato a la Convención Constitucional– respecto a las residencias sanitarias. Órdenes sin respaldo en documentos ni certeza real de la capacidad instalada, una estrategia caótica y descontrolada que incluyó a extranjeros como huéspedes fantasmas que salieron de Chile antes de la pandemia, son algunas de las conclusiones del ente fiscalizador. “De los 94 huéspedes extranjeros individualizados, en el listado se pudo verificar, con los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile, que en 56 casos los registros de la institución daban cuenta de que las personas informadas habían abandonado el país antes del período en el cual habrían hecho uso de las instalaciones del Hotel Clínico SpA”, reza el documento.
El 28 de enero, la Contraloría General de la República (CGR) entregó un oficio final con los primeros resultados de la auditoría a la implementación del sistema de residencias sanitarias, en el contexto del COVID- 19. Los resultados son concluyentes y demoledores, al determinar que desde el punto de vista administrativo y respecto de los datos reales de capacidad instalada, hubo una muy mala gestión desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales que Arturo Zúñiga dirigió desde julio de 2019 hasta noviembre de 2020, cuando dejó el cargo para postular como candidato a la Convención Constitucional por el distrito 9.
El equipo de la CGR investigó desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020. En este oficio final publicado están los datos de la contratación de cinco hoteles y, en uno de los casos, los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público.
La CGR menciona a un “exasesor del subsecretario” como la persona encargada por Zúñiga para implementar la estrategia de residencias sanitarias. Ese funcionario es Alexis Flores, que habló con los fiscalizadores y admitió “que le fue instruido verbalmente por el subsecretario de Redes Asistenciales, el coordinar la estrategia de residencias sanitarias y ponerla a disposición de los directores de los diversos servicios de salud, no habiendo quedado dichas funciones consignadas en algún documento sancionado por el servicio. Además, señaló no disponer de mayor información sobre los argumentos que sustentaron la intervención de la DIVAP en la estrategia”.
[cita tipo=»destaque»]Según la investigación de Contraloría, al menos hasta junio de 2020 nunca hubo claridad sobre la capacidad disponible en las residencias sanitarias. El informe consigna que “de las entrevistas y documentación analizada se advirtió que existieron confusiones sobre si la disponibilidad era de camas o habitaciones por residencias sanitarias, así como también no siempre había cabal conocimiento de los cupos libres. Los antecedentes, referidos a la cantidad de camas por región, residencias y disponibilidad eran manejados de manera manual por la SRA o mediante planillas en formato Excel, lo que no otorgaba seguridad sobre la completitud, integridad y preservación de los antecedentes e información”.[/cita]
La División de Atención Primaria (DIVAP) estuvo desde marzo del año pasado a cargo de Orlando Durán, un matrón militante UDI –de quien, como a todos los caídos en desgracia, ahora dicen en el partido que “nunca fue tan UDI”– que trabajó durante años ligado a la doctora Adriana Tapia, antigua gremialista del sector de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, la misma que ha promovido el futuro político de Zúñiga apenas salió del Gobierno.
Había afinidad entre Zúñiga y Durán, por eso se quedó en el puesto de Adriana Tapia cuando ella fue designada en otra división del Minsal.
Pero desde que estuvo a cargo de la DIVAP, Durán –que ya había pasado por el Minsal en 2012 durante la administración Piñera I– “se volvió loco, se le salió la cadena”, cuentan en el partido. Se hizo cargo de las contrataciones de residencias, en el equipo donde también estaba Alexis Flores, pero fue demasiado lejos y, a comienzos de junio del año pasado, el diario Interferencia reveló que contrató un hotel del que era socia su pareja, por $205 millones de pesos.
El informe de Contraloría determinó los detalles del negocio y apuntó a Redes Asistenciales, a cargo de Arturo Zúñiga, por la falta de control en el proceso general de residencias sanitarias.
“Tampoco se advirtió que dicha subsecretaría dispusiera de lineamientos que otorgaran una garantía razonable de que la ejecución de la estrategia se desarrollase de manera eficiente y eficaz, de tal forma que se preservaran los recursos frente a pérdidas por errores, mala gestión o irregularidades; se respetaran las reglamentaciones o directivas de la subsecretaría; y se elaboraran y mantuvieran datos fiables y oportunos de las operaciones asociadas”, reza el informe.
En el caso del Hotel Clínico SpA, que se contrató desde el 27 de marzo al 30 de junio de 2020, la falta de control es extraordinaria. De acuerdo a lo que consigna la auditoría, la DIVAP “no pudo acreditar ante este ente de control la existencia de las 40 habitaciones con baño privado contratadas en el inmueble de Mosqueto 552 y su correspondiente destinación de uso como residencia sanitaria, o que las instalaciones garantizaran las condiciones de aislamiento que se requerían, toda vez que el referido edificio tenía uso residencial”.
La CGR cuestionó la pertinencia de que la DIVAP se hiciera cargo de las residencias. Entre las funciones de esta división está coordinar con los equipos la estrategia de «Testeo, Trazabilidad y Aislamiento», uno de los aspectos más criticados sobre el control de la pandemia. Pero en su respuesta al informe, la Subsecretaría de Redes Asistenciales señala que debido a “la emergencia fue necesario acrecentar la red con establecimientos no hospitalarios”. Una respuesta que no resultó suficiente, ya que la Contraloría mantuvo la observación.
El informe consigna que, hasta junio de 2020, no constan los criterios o las definiciones para “el levantamiento de información y de un listado de hoteles” y tampoco “los instrumentos aplicados para verificar de manera uniforme y oportuna, la idoneidad técnica y sanitaria de los hoteles contratados, tales como inspecciones técnicas emanadas por la División de Atención Primaria”. En otras palabras, no hay registro fehaciente de nada y, por eso, la Contraloría investiga caso a caso en regiones cómo se hizo cada contrato.
La desesperación –cuentan un exasesor de Minsal– motivó la conducta de Zúñiga, quien “todos los días daba una instrucción distinta”. Hacia fines de mayo de 2020, ya había en La Moneda la intención de sacar a Redes Asistenciales del control sobre las residencias sanitarias. El entonces titular de la cartera, Jaime Mañalich, había hablado al Presidente, Sebastián Piñera, de una capacidad de 10 mil camas, pero en realidad –agrega el exasesor de Zúñiga– “con esfuerzo teníamos 2 mil, por eso a partir de ahí entró Pedro, Juan y Diego”.
El mismo exasesor acota que “Arturo (Zúñiga) controlaba todos los precios también”. El contrato con el hotel ligado a Durán se autorizó el 11 de mayo, con efecto retroactivo hasta el 27 de marzo. Por cada día de habitación se pagaron $44.900 sin IVA. El precio de los cinco hoteles revisados por la Contraloría varió entre los 33 mil y los 60 mil por noche la habitación.
Según la investigación de Contraloría, al menos hasta junio de 2020 nunca hubo claridad sobre la capacidad disponible en las residencias sanitarias. El informe consigna que “de las entrevistas y documentación analizada se advirtió que existieron confusiones sobre si la disponibilidad era de camas o habitaciones por residencias sanitarias, así como también no siempre había cabal conocimiento de los cupos libres. Los antecedentes, referidos a la cantidad de camas por región, residencias y disponibilidad eran manejados de manera manual por la SRA o mediante planillas en formato Excel, lo que no otorgaba seguridad sobre la completitud, integridad y preservación de los antecedentes e información”.
El caso del Hotel Clínico SpA –ligado a Orlando Durán– tiene los detalles más complicados y cuestionados a la gestión desde la Subsecretaria de Redes Asistenciales. El informe comprobó que en la lista de personas hospedadas aparecen extranjeros que salieron de Chile meses antes de la fecha en que está consignada su estadía en el hotel por motivos sanitarios. En la nómina con nombres tachados, hay personas que no registran movimientos migratorios desde 2015: “De los 94 huéspedes extranjeros individualizados, en el listado se pudo verificar, con los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile, que en 56 casos los registros de la institución daban cuenta de que las personas informadas habían abandonado el país antes del período en el cual habrían hecho uso de las instalaciones del Hotel Clínico SpA”, reza el documento de la Contraloría.
En el mismo sentido consigna que “de las 145 personas registradas, en 128 de ellas no consta su procedencia”. Luego que se descubriera el negocio con el Hotel Clínico SpA, que era representado por Alexandra González, a la vez funcionaria del Servicio de Salud Occidente, el actual ministro de Salud, Enrique Paris, desvinculó a Orlando Durán y Alexis Flores, mientras Arturo Zúñiga salió a repudiar lo que consideró un delito.
Pasó más inadvertido, hasta ahora, que La Moneda decidió encomendar la labor a otras personas ajenas al Ministerio de Salud, para apurar la capacidad instalada de residencias sanitarias. Así, en el Minsal afirman que el entonces asesor presidencial y exsubsecretario, Rodrigo Ubilla, pidió a María Paz Lagos, asesora de la Subsecretaría de Turismo, que estaba ya en contacto con el gremio hotelero, a Carlo Rojas del Servicio Agrícola y Ganadero, y a Javier Montero, del Ministerio de Economía, que se involucraran junto al equipo de Zúñiga en las contrataciones. Dentro de sus observaciones, la Contraloría cuestionó esta decisión, porque participaron en la búsqueda y selección de hoteles “sin que se advirtieran los fundamentos o mayores antecedentes que precisen tal intervención”.
La falta de control se nota en el esquema que armó Orlando Durán. Como la división a su cargo podía tomar las decisiones respecto de a quiénes contrataba, el funcionario –según testigos de la negociación– armó una contratación conjunta de cinco hoteles “para hacer caber el suyo”, de esa manera llevó a la jurisdicción central de la DIVAP el manejo de tres hoteles de la cadena RQ que estaban asignados al Servicio de Salud Oriente y uno, el RQ Santiago, al Servicio de Salud Occidente. Mientras que el Hotel Nippon, que también aparece en la nómina del informe del ente contralor, estaba asignado también al Servicio de Salud Occidente. Alexis Flores, quien ha negado trabajar con Durán, salió del Minsal después que se filtrara un correo suyo pidiendo apurar el pago al Hotel Nippon, cuyos propietarios reclamaron en diciembre que el Minsal no les había cancelado la deuda.
En los cinco contratos que la Contraloría –consignó en el informe–, el responsable de los pagos era Arturo Zúñiga en su calidad de subsecretario. Según se pudo establecer, estos acuerdos con cada uno de los hoteles era el siguiente: Hotel Nippon, del 24 de marzo al 30 de junio por un monto de 241 millones 746.120 pesos; el Hotel RQ Santiago del 23 de abril al 30 de junio por 225 millones 802.500 pesos; el RQ Tobalaba desde el 28 de abril al 30 de junio por la cantidad de 68 millones 544.000 pesos; el RQ Santa Magdalena desde el 1 de abril al 30 de junio por 211 millones 165.500 pesos y el Hotel Clínico SpA, desde el 27 de marzo al 30 de junio por la cifra de 205 millones 586.304 pesos.
