Opinión
Para buscar una solución al problema, es necesario que todas estas iniciativas se articulen de manera conjunta entre autoridades del nivel central, del nivel local y organizaciones. Es preciso terminar de una vez con el antagonismo Gobierno/Sociedad Civil, alentado por el propio Jefe de Extranjería. Todo esto con el fin de llevar a cabo una gestión responsable donde acciones tales como la expulsión no hacen más que profundizar el problema y representar, además de una política altamente mediática, una iniciativa de tipo ineficiente, puesto que la cantidad de éstas ni siquiera resuelve el problema en términos de política pública, más bien aumenta el conflicto y el rechazo hacia este “otro” construido como invasor.
Lo que está ocurriendo con la migración venezolana en la frontera no es más que otra evidencia de la inefectividad del gobierno en su intento de llevar a cabo una gestión migratoria segura y ordenada. La persistencia de iniciativas securitarias y restrictivas, además de la ausencia de políticas humanitarias, ha configurado una política migratoria sesgada y de carácter coyuntural. Todo lo cual se hace evidente en la actualidad, pero sin duda que es efecto de la acción y omisión de los diferentes gobiernos de la postdictadura que sólo se dedicaron a administrar la exclusión, teniendo como base el Decreto Ley 1094 creado en dictadura.
Siguiendo el planteamiento de Mármora, la migración en Chile se ha gestionado de manera coyuntural y bajo la lógica de un “pragmatismo ingenuo”, que ha implicado imponer lógicas burocrático-administrativas a una realidad cuya lógica de producción y reproducción proviene de la compleja trama de los procesos políticos y socioeconómicos.
La crisis humanitaria actual no sólo era previsible, sino que también era evitable. No resulta sorpresivo lo que está ocurriendo, sino que más bien lo que se evidencia en la frontera constituye un efecto de las políticas migratorias adoptadas desde abril de 2018 hasta la actualidad. La persistencia de imponer políticas migratorias basadas en una sola variable excluyente de otras consideraciones ha llevado al gobierno a caer –siguiendo a Mármora– en una “tentación absolutista” que, en el caso de Chile y del actual gobierno, se evidencia en el hecho de generar iniciativas basadas únicamente en el origen nacional.
En primer lugar, la Visa de Responsabilidad Democrática (suspendida en noviembre de 2020), además de representar un ingenuo intento de liderazgo y posicionamiento regional, evidenció la incapacidad de poder llevar a cabo un proceso ordenado y representó una abierta invitación a las personas de Venezuela, al mismo tiempo que se cerraba la frontera a la migración haitiana (a pesar de que en ese momento la venezolana era mayor en magnitud). En segundo lugar, la imposición de la Visa Consular de Turismo para nacionales de Venezuela en junio de 2019 coincidió con el momento en que el flujo venezolano comenzó a adquirir un marcado carácter humanitario y vulnerable.
Esto se evidencia, entre otras variables, a partir del incremento de los ingresos por fronteras terrestres en el norte de Chile. Al respecto, existe amplia evidencia sobre el cambio del patrón migratorio venezolano, que va desde una migración económica y política al inicio, para dar paso a una migración forzada y humanitaria. Es decir, el gobierno implementó las restricciones a la migración de carácter humanitario, lo cual puede evidenciarse en la actualidad a partir del hecho de que el Aeropuerto de Santiago sigue abierto para el ingreso de turistas, mientras las fronteras terrestres permanecen cerradas. Esto, además de generar una segmentación que impide que las personas más vulnerables puedan ingresar de manera regular a Chile; quienes sí pueden hacerlo, de todas formas deban esperar en promedio de seis a ocho meses para obtener la visa que les permita viajar (cuando logran obtenerla, ya que el otorgamiento de visados es una facultad discrecional de la autoridad migratoria). Por tanto, resulta inválido cualquier planteamiento que defienda la migración por vía de caminos legales, puesto que los tiempos y disposiciones de la gestión migratoria del gobierno se contraponen a las necesidades y urgencias de este tipo de migración de carácter humanitario.
El hecho concreto de que se encuentre cerrada la frontera determina anticipadamente la situación migratoria de las personas que ingresan por esos puntos. Por tanto, desconocer que la migración forzada rebasa las políticas de gestión fronteriza radica en que es el Estado el que produce a priori una situación migratoria irregular. Se evidencia así el pragmatismo ingenuo de creer que con una medida administrativa se detendrá un flujo migratorio de carácter involuntario.
En efecto, todas las personas venezolanas que ingresen al país (exceptuando a quienes llegan por Aeropuerto) ingresan a un flujo irregular. Del total de éstas, existe un subflujo que, a través de la autodenuncia, intenta regularizar su situación; mientras que otro grupo opta por continuar su flujo irregular. De tal forma, se está ante la existencia de dos flujos irregulares: uno que ingresa a la trama institucional en calidad de irregulares, y otro que se encuentra al margen de ésta y por tanto invisibilizado.
La situación compleja radica en el hecho que el Estado, a través de sus instituciones, está al tanto del flujo irregular dentro de los irregulares, convirtiéndose en un agente activo no sólo de la producción de la irregularidad, sino que también de su reproducción. Existe una acción por parte de la autoridad sanitaria, pero no en cuanto a la autoridad migratoria. A partir de omisiones de la potestad regulatoria permiten que las personas continúen su trayecto desde Colchane hasta su destino final en situación migratoria irregular, incluso luego de haber pasado por residencias y fronteras sanitarias. No existe una articulación entre la política sanitaria y la política migratoria, lo que genera como efecto la “problemática del día 15”, es decir, la persistencia de la situación migratoria irregular y de desprotección que viven las personas luego de terminar su período de cuarentena.
Toda esta situación ha representado un caldo de cultivo para un conjunto de reacciones nacionalistas que reivindican a la frontera como fortaleza policíaca y militar, y que equiparan la entrada de personas con el ingreso de armas y droga. La respuesta a este drama humanitario es de tipo militar, y es consecuencia de lo que se ha denominado como una política de “prevención por disuasión”. Los planteamientos del gobierno que abogan por una militarización de la respuesta ignoran que la migración forzada se vincula cada vez más con los efectos de los principios estructurantes de la globalización, lo que a su vez contrasta con las políticas migratorias y de fronteras adoptadas en el marco del nacionalismo metodológico y la ilusa idea de resolver fenómenos transnacionales a partir de políticas nacionales, mientras que ni los países ni la cooperación internacional ayudan a resolver las condiciones que generan refugiados. En consecuencia, las fronteras se militarizan para impedir su ingreso.
La política recién implementada por parte del gobierno chileno de prevención por disuasión a partir de la militarización de la frontera tiene sus orígenes en el año 1991, momento en el cual Estados Unidos erige el primer muro e implementa la Operación Blockade/Hold the Line en la franja El Paso-Ciudad Juárez. La estrategia consistió en prevenir la migración indocumentada disuadiendo a los migrantes mediante la presencia de agentes fronterizos. Como efecto, según Timothy Dunn, en 15 años, los fondos destinados a operaciones fronterizas aumentaron en un 1000 % y la contratación de agentes en un 354 %; pero paradójicamente las detenciones anuales pasaron de 1,6 millones a tan sólo 600 mil, debido a que la dificultad para cruzar estimuló la contratación de coyotes. Asimismo, en Europa tampoco han sido efectivas estas medidas para disminuir la migración indocumentada, sino que mas bien han expuesto a las personas a terribles violaciones al derecho a la vida. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la militarización de las fronteras no ha reducido el número de cruce de migrantes indocumentados y sí ha incrementado el número de muertes.
En conclusión, la política del gobierno, además de ser coyuntural y profundamente ingenua y violenta, no dará solución a la crisis humanitaria. Ante esto, y tomando como referencia el reciente fallo del Tribunal Constitucional respecto de la impugnación del artículo 3 del Proyecto de Ley de Migraciones referido a la igualdad ante la ley sin importar la situación migratoria, y complementando las medidas inmediatas esgrimidas por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, me permito esgrimir las siguientes propuestas y recomendaciones:
Es necesario que todas estas iniciativas se articulen de manera conjunta entre autoridades del nivel central, del nivel local y organizaciones. Es preciso terminar de una vez con el antagonismo Gobierno/Sociedad Civil, alentado por el propio Jefe de Extranjería. Todo esto con el fin de llevar a cabo una gestión responsable donde acciones tales como la expulsión no hacen más que profundizar el problema y representar, además de una política altamente mediática, una iniciativa de tipo ineficiente, puesto que la cantidad de éstas ni siquiera resuelve el problema en términos de política pública, más bien aumenta el conflicto y el rechazo hacia este “otro” construido como invasor.
