Opinión
La pandemia ha llevado a la pobreza y a la precarización a muchísimas familias en Chile, mientras que las mayores fortunas han seguido su camino fulgurante. Así por ejemplo, Iris Fontbona −viuda de Andrónico Luksic Abaroa− vio aumentado su patrimonio en más de un 100 %: desde US$ 10.800 millones en marzo del año pasado pasó a US$ 22.300 millones al 16 febrero último. El caso de Julio Ponce Lerou es aún más agresivo. Su fortuna creció en un 177 % el último año, pasando de US$ 1.700 millones a US$ 4.700 millones. Y el caso del Presidente de la República Sebastián Piñera no ha sido muy distinto. En el año de la peor crisis económica, su riqueza −la cuarta más grande del país− aumentó en US$ 300 millones. ¿Algunos de ellos se ha mostrado a favor de la idea de un impuesto a la riqueza como lo han planteado los magnates mundiales, agrupados en Patrióticos Millonarios? Hasta el momento, en Chile todos han guardado un celoso silencio.
“Patrióticos Millonarios” es una organización formada en Estados Unidos. No está relacionada con el asalto al Capitolio ni incluye entre sus filas a militares preocupados de China o Rusia. Este grupo reúne a magnates que piden que los más ricos, como ellos, contribuyan más a los recursos públicos. Y lo que solicitan en concreto es que las personas realmente ricas paguen un impuesto a la riqueza.
Y lo están demandando ahora, con mayor urgencia, para afrontar las precarias condiciones en que ha quedado una parte de la población de EE. UU. y porque una minoría como ellos sigue incrementando de manera notable sus ya grandes patrimonios. Nada muy diferente de lo que pasa en Chile: la pandemia ha llevado a la pobreza y a la precarización a muchísimas familias −las cifras de desempleo y empleo informal dan cuenta de ello−, mientras que las mayores fortunas han seguido su camino fulgurante.
El ranking de Forbes (The Real-Time Billionaires List-Forbes) que incluye a las mayores riquezas a nivel mundial, informa que la fortuna neta de Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic Abaroa, fundador del mayor grupo empresarial de Chile, ha aumentado en más de 100 %: desde US$ 10.800 millones en marzo del año pasado a US$ 22.300 millones en la actualidad (datos al 16 de febrero).
Mayor es el brillo de Julio Ponce, quien no se opaca a pesar de las investigaciones a SQM por haber financiado ilegalmente algunas campañas electorales y por el Caso Cascadas, el mayor escándalo financiero ocurrido en Chile. El mismo informe de Forbes informa que su patrimonio aumentó desde US$ 1.700 millones a US$ 4.700 millones. Un aumento de 177 % desde el comienzo de la pandemia y la crisis económica y social.
La cuarta fortuna del país corresponde al Presidente de la República, Sebastián Piñera, cuyas arcas también aumentaron en el mismo período. Su riqueza neta aumentó desde US$ 2.600 millones a US$ 2.900 millones por estos días.
Otros nombres que exhiben incrementos en sus fortunas corresponden a Roberto y Patricia Angelini, así como a Álvaro Saieh. En el caso de los controladores del grupo Angelini, su fortuna conjunta aumentó en 48 %, pasando desde US$ 2.300 millones a US$ 3.400 millones. Y en el caso de Saieh su patrimonio aumentó desde US$ 1.300 millones a US$ 1.600 millones.
Chile es un país de ingresos medios, pero extremadamente desigual donde el 1 % más rico concentra más del 25 % del ingreso nacional. Por ello, diputados de centro e izquierda propusieron en junio del año pasado un proyecto de ley que buscaba establecer un impuesto de 2,5 % al patrimonio bruto de los “superricos” de Chile, aplicable por una sola vez, para ayudar a las familias golpeadas por la crisis económica, social y sanitaria. Hasta ahora, ese proyecto no ha prosperado y no está en la agenda de Gobierno.
El economista Ramón López, integrante del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, elaboró junto a otros académicos de la Universidad de Chile una propuesta técnicamente más refinada, pero que iba en la misma dirección que formularon los diputados: un impuesto a todo patrimonio neto que fuera igual o superior a US$ 5 millones, donde “neto” quiere decir activos menos pasivos. El planteamiento consideraba dos fórmulas. La primera era una tasa de 1,5 % para patrimonios netos entre US$ 5 millones y US$ 100 millones, acompañada de una tasa de 3,5 % para patrimonios netos mayores a US$ 100 millones. La segunda opción es una tasa única de 2,5 % con un monto exento de US$ 5 millones.
Los multimillonarios chilenos han guardado silencio. Sólo se escuchó una breve frase de Alfonso Swett, cuando era presidente de la CPC, quien dijo “hay que meternos las manos al bolsillo y que duela”. Pero nada más. No se supo si proponía hacer donaciones, con el criterio de que los ricos saben mejor donde poner la plata que una democracia; o si aceptaba un impuesto a los superricos. En una actitud temerosa pero también altanera, el poder económico prefirió quedarse callado.
Ello contrasta vivamente con la actitud de casi cien multimillonarios de distintos países, que firmaron en julio del año pasado una carta pidiendo a sus gobiernos que les subieran los impuestos, para contribuir a reactivar la economía tras la pandemia. Claro, no todas las grandes fortunas mundiales estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) consideró que mayores impuestos son una afrenta al espíritu empresarial y al libre mercado. Eso no lo dijeron las grandes fortunas en Chile, pero llama la atención su silencio. Parece que están con Zuckerberg.
Pero, como lo señala la académica estadounidense Katharine Pistor, la opinión de Zuckerberg no toma en cuenta el hecho de que la riqueza acumulada es, en gran medida, un producto de la legislación y la protección que el Estado les otorga. La legislación chilena es particularmente protectora de la propiedad, del capital en general y, especialmente, de la riqueza financiera. Son esas leyes que permitieron la emergencia y consolidación de los grandes grupos económicos. Por tanto, éstos son más bien criaturas de la ley y no meros resultados del espíritu emprendedor. A lo anterior, hay que agregar la asesoría de las bien entrenadas y pagadas asesorías judiciales, que aseguran la protección del capital en los tribunales de justicia. Más aún, son estos mismos estudios de abogados que hacen lobby en el Gobierno y en el Congreso, logrando en muchas oportunidades, torcer a su favor las leyes y normativas que elevan la protección de la propiedad física, intangible y financiera, al tiempo que incrementan su flexibilidad.
En efecto, en Chile los grupos económicos se han organizado como sociedades de inversiones, holdings, fideicomisos, trusts y hasta “family office”. Usan decenas y hasta centenas de RUT, para generar empresas relacionadas y empresas fantasmas con pérdidas que permiten reducir impuestos. Estas formas jurídicas no son reguladas y como las empresas tienen como dueños a una maraña de otras empresas, la legislación chilena no permite identificar a los beneficiarios últimos o propietarios individuales. Esta extraordinaria flexibilidad de las formas jurídicas del capital es lo que explica, en definitiva, las elevadas cifras de evasión y elusión tributaria. La estimación de Michel Jorratt, académico, exdirector del SII y miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, es que la evasión tributaria en el IVA y en el impuesto a la renta se ubica entre 7,5 % y 7,9 % del PIB. Eso equivale a US$ 21 mil millones de dólares al año, una 1,5 veces el presupuesto del Ministerio de Educación.
La evasión es un delito y la elusión también lo es cuando se trata de “planificaciones tributarias agresivas”, en las cuales estudios de abogados y contadores asesoran empresas para colocar sus capitales en paraísos fiscales. En marzo del 2018 el gobierno se comprometió a fortalecer la norma antielusión. Hasta el momento no ha tomado ninguna iniciativa para reforzar la fiscalización que deben ejercer el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio de Aduanas. Por el contrario, en la práctica la debilitó y fue lo que permitió que los dueños de Penta hayan incorporado los gastos judiciales como gastos necesarios para producir renta. Éste fue el proyecto que impulsó Piñera, el mismo quien vio su riqueza aumentar en 12 % en los casi últimos 12 meses, mientras millones de chilenos han quedado en la pobreza y la precariedad.
El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible está analizando una propuesta de reforma tributaria, cuyo planteamiento central está enfocado en la reducción drástica de la evasión y elusión tributaria, así como en un fortalecimiento de las capacidades de fiscalización del SII y de Aduanas. También incluye un aumento de la progresividad del impuesto a la renta, un royalty a la explotación de recursos naturales y un impuesto al patrimonio a los superricos porque, como lo plantea Pistor: “si se justifica la riqueza, entonces también se justifica un impuesto a la riqueza”.
El objetivo es que la recaudación tributaria aumente en un equivalente al 5 % del PIB en un plazo de cinco años. ¿Por qué esta propuesta? Porque la recuperación de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia tomará años y porque el estallido social de octubre del 2019 planteó demandas muy sentidas en la población, tales como la reforma previsional y la reforma de la salud. Esto supone un aumento sustancial de gastos permanentes, los que deben ser financiados por ingresos fiscales permanentes. Como lo plantean los Patrióticos Millonarios, la reforma tributaria, lejos de representar una amenaza para el empresariado, persigue recuperar e incrementar la paz social, que es la condición sine qua non para mantener el atractivo de un país para la inversión.
