PAÍS
Durante la reunión que sostuvo ayer el Presidente de la República con las Fuerzas Armadas y las policías para analizar el tema de La Araucanía se acordó, en grandes líneas, buscar un acuerdo nacional contra la violencia. La parte que no se entiende es la responsabilidad de los jefes de la Defensa en lo que se refiere al orden público, ya que estos están efectivamente a cargo de ese tema, pero lo están bajo un Estado de Excepción por Catástrofe y no por un Estado de Sitio o un Estado de Excepción más complejo. En lo concreto, el Gobierno está incluyendo a los institutos armados en el problema, situación muy contraproducente por múltiples razones. En el caso de que se decida utilizar una solución militar, ello requiere -en primer lugar- de voluntad política, pero más importante aún, requiere de la validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy. Además, nuestras FF.AA. y policías no disponen de entrenamiento en contrainsurgencia, operaciones que para ser exitosas requieren del acompañamiento de acciones políticas, económicas y sociales. Por último, las Fuerzas Armadas no pueden actuar contra chilenos. A nivel mundial ya no se practica el uso de la fuerza militar para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho. Y no veo que sea el caso en Chile de ir contra esa práctica, a pesar de que tenemos un régimen de estados de excepción que lo podrían permitir. Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona. Lo realmente claro, a estas alturas, es que el problema no es solo delictual, como nos pretende hacer creer el Gobierno, ya que, si así fuera, sería fácil de resolver.
El lunes 22 de febrero el Presidente Sebastián Piñera citó a una reunión al ministro de Interior, al de Defensa, al Comandante en Jefe del Ejército, al General Director de Carabineros, al Director General de la PDI y al Jefe del Estado Mayor Conjunto. El objetivo: analizar la situación de violencia en La Araucanía, después de la publicación ese mismo día del video de la quema de la casa de la familia García en Lautaro. Se podría decir que fue la gota que rebalsó el vaso.
Desconocemos qué fue lo que se conversó en esa reunión, pero sí sabemos lo que se comunicó a su término. En grandes líneas se acordó buscar un acuerdo nacional contra la violencia y apurar la aprobación de leyes que ayudan a controlar y restablecer el Estado de Derecho. La parte que no se entiende bien es la responsabilidad de los jefes de la Defensa en lo que se refiere al orden público, ya que estos están efectivamente a cargo de ese tema, pero lo están bajo un Estado de Excepción por Catástrofe y no por un Estado de Sitio o un Estado de Excepción más complejo. En la práctica, lo que está haciendo el Gobierno es meter a las Fuerzas Armadas en el problema, y digo problema, porque no me queda claro que puedan aportar efectivamente a la solución del desmadre que existe en esa parte de Chile. Para aquellos que quieren a los institutos armados tomando el control, les expongo algunas razones por las cuales no me parece una buena razón:
1) Tener un claro diagnóstico: No está claro si el problema es de naturaleza política, militar o delictual, o una combinación de las anteriores. Tener esto claro permite escoger las soluciones correctas y no agravar más aún el problema.
2) Voluntad política y permiso de la opinión pública: En el caso de que decida utilizar una solución militar, ello requiere de voluntad política, pero más importante aún, requiere de la validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy.
3) Fuerzas Armadas o policías: Antes de usar las FF.AA. para un problema de seguridad pública existen las policías, las que a pesar del operativo fallido de Temucuicui, disponen de medios humanos y materiales suficientes para tomar el control de la zona, pero dicho eso, su empleo efectivo requiere de la misma voluntad política y de validación de la opinión pública, la que hasta ahora no ha sido clara en pedir el uso de la fuerza como solución. Ahora, con la información más clara de la que disponemos hoy en día, en cuanto al tipo de operaciones y actividades desarrolladas en la zona por grupos organizados que disponen de armamento propio de ejércitos, podría cambiar la percepción de los medios y los chilenos.
4) Entrenamiento y capacitación: Nuestras FF.AA. y policías no disponen de entrenamiento en operaciones de contrainsurgencia, el cual es necesario para un exitoso desarrollo de una operación militar efectiva. Lo anterior no es lo único necesario para el éxito de una operación que busque restablecer la soberanía y Estado de Derecho. Las operaciones exitosas de contrainsurgencia van acompañadas de acciones políticas, económicas y sociales que buscan ganar los corazones de la población local y eliminar las causas que generan o dan vida a realidades como las que tenemos en La Araucanía.
5) Inteligencia: Un tema no menor también es la disponibilidad de información, la que se obtiene por medios de inteligencia y de observación, y en ese sentido no estoy claro de que en el caso de La Araucanía dispongamos de esos elementos, los que son clave para el éxito de una operación de contrainsurgencia.
6) La experiencia comparada: En relación a los puntos anteriores la experiencia internacional es clara. El empleo de fuerzas militares, que no van acompañadas de planes más amplios que buscan eliminar las causas que dan origen a los problemas, están destinadas al fracaso. Los ejemplos sobran y solo por mencionar algunos emblemáticos como Vietnam, Iraq y Afganistán, las cuales a pesar de estar en manos del Ejército más poderoso del mundo fueron un absoluto fracaso, y en el caso de las últimas dos, sólo al cambiar el enfoque lograron relativos éxitos. En esta misma sección habrá algunos que dirán que el ejemplo de Colombia es un caso de éxito de empleo de fuerzas militares. Yo discrepo, ya que creo que la mantención de un conflicto de 60 años no se puede declarar un éxito a pesar de las capacidades y efectividad lograda por el ejército Colombiano con el paso de los años, y la existencia de voluntad política y apoyo de la opinión pública.
7) Uso de las Fuerzas Armadas contra Chilenos: Por último, a nivel mundial ya no se practica el uso de las fuerzas armadas para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho, y no veo que sea el caso en Chile de ir contra esa práctica, a pesar de que tenemos un régimen de estados de excepción que lo podrían permitir. Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona, el cual a esta altura me queda claro que no es solo delictual, como nos pretende hacer creer el Gobierno, ya que, si fuera así, sería fácil de resolver.
Insisto que lo más fácil es el uso de la fuerza contra la fuerza, pero estamos seguros de quién o quiénes, y ¿por qué lo están haciendo? El Gobierno debe actuar rápido en esta materia y no apostar todo al acuerdo nacional. Un acuerdo nacional exige un diagnóstico compartidos por todos y eso, a su vez, exige de inteligencia que no tenemos y de claridad en las causas. Lo que estamos viendo son los efectos de la violencia. Las causas siempre son más difíciles de encontrar, pero debemos trabajar en eso, y en lo inmediato, buscar con las comunidades mapuches la ayuda necesaria para terminar la violencia, ya que, si ello no ocurre pronto, estamos en riesgo de que se formen fuerzas de autodefensa que decidan tomar acción y no esperar más quemas de casas, campos, vehículos y equipamiento. Si eso sucede, estaremos al frente de una Colombia o una Irlanda.
Siempre hago las mismas pregunta para terminar. ¿Si usted fuera mapuche qué haría? ¿Cuánto de lo que ocurre es reivindicación y cuánto es violencia asociada a delitos y narcoterrorismo? ¿Por qué no vemos reclamos masivos del pueblo mapuche contra lo que ocurre? ¿Están ellos de acuerdo o no se atreven a representar su disconformidad? ¿Estamos dispuestos a darle autonomía al pueblo mapuche? Así como estas, puede haber muchas otras preguntas, las que debemos ser capaces de responder rápido si queremos resolver los problemas y más importante, la violencia.
