Opinión
Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas para reprimir al pueblo, pues volverían a ser la herramienta de la elite económica y política. Esto ya pasó en Chile. La respuesta del Estado a través de la fuerza solo agudizará el conflicto y lo extenderá a otros territorios. El llamado del Presidente Piñera a Carabineros, FFAA, y PDI muestra su insensatez e incapacidad de gobernar en el marco de un Estado democrático de derecho. La historia de sangre y abuso que caracteriza la conformación del Estado de Chile debe ser revisada, asumida y cuestionada para dar paso a un futuro donde podamos decidir entre todos cómo distribuir el poder y cómo gestionarlo de manera sustentable y justa. Llegó la hora en que los pueblos originarios y los ciudadanos y ciudadanas se harán parte de las instituciones que reconstruirán la estructura de poder. La redacción de la nueva Constitución, exigida por el 80% del voto popular, es una oportunidad que, como sociedad, no podemos dejar pasar.
No es primera vez que la historia de Chile se enfrenta a este escenario. La Escuela Santa María en Iquique en 1907, la matanza de Forrahue en 1912 o la masacre de Ranquil en 1934 ejemplifican otros momentos en los que la violencia estatal se impuso como respuesta a un pueblo que se organizaba y defendía. Otros presidentes ya lo han hecho y sabemos el resultado: no termina ni resuelve nada. Esto ya pasó.
Como colección de elefantes de cristalería, este acuerdo promete rebalsar la vitrina, caer al piso y tapar todo de vidrio.
Por cierto que el conflicto es difícil de resolver porque no existen los mecanismos democráticos ni legales para resolverlo. Pero además tenemos un Gobierno que está en crisis por sí solo. Y no solo el Gobierno, si no la institucionalidad del Estado en general está en crisis. Menos podrán resolver un conflicto arraigado en sus mismos orígenes.
El Estado chileno no puede seguir repitiendo esta conducta. La institucionalidad deslegitimada debe ser refundada por la Convención Constitucional.
El movimiento social que irrumpió el 18 de octubre de 2019 en Chile y que se mantuvo por meses en alza, demostró el reconocimiento de la lucha de los pueblos originarios.
El Gobierno de Sebastián Piñera ha demostrado no tener una real voluntad de resolver este problema: Ya convocó a un Acuerdo por la Paz en 2018, sin ejecutar al día de hoy ninguna de las acciones comprometidas por completo; el año 2019 intentó sin éxito una “consulta indígena” para acabar con las tierras comunitarias y entregárselas al mercado; el año pasado, la precaria institución que es CONADI, decidió sin consultar a sus consejeros el usar un 92% de su presupuesto para restitución de tierras en otros asuntos, y este año rebajó en un 19% su presupuesto. En medio de esta gestión se comprobaron numerosos montajes coordinados para criminalizar a los mapuche en lucha, incluyendo el comando Jungla y el intento de ocultar el asesinato de Camilo Catrillanca, sin que eso llevara a modificar el actuar de Carabineros y la policía.
La respuesta del Estado a través de la fuerza solo agudizará el conflicto y lo extenderá a otros territorios. La inclusión de las FF.AA. para el patrullaje en el Wallmapu es una de las expresiones de la crisis, de la ineficacia de la precaria inteligencia policial, de los oscuros manejos de ésta en la zona y del tipo de intereses económicos que están defendiendo. El llamado del Presidente Piñera a Carabineros, FFAA, y PDI es el llamado a las balas, lo que muestra su insensatez e incapacidad de gobernar en el marco de un Estado democrático de derecho, a lo cual por cierto fue convocado a través del mandato popular.
Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas para reprimir al pueblo, pues volverían a ser la herramienta de la elite económica y política. Hay que preguntarse qué se pretende con este uso de las Fuerzas Armadas. ¿Articular alguna versión remozada de la tristemente célebre doctrina de seguridad nacional, que busca y se dirige contra enemigos internos? ¿Seguir un camino parecido al que en su momento siguió Colombia, tolerando las guardias blancas de “autodefensa” que colaboran en las masacres de indígenas? La historia de sangre y abuso que caracteriza la conformación del Estado de Chile debe ser revisada, asumida y cuestionada para dar paso a un futuro donde podamos decidir entre todos cómo distribuir el poder y cómo gestionarlo de manera sustentable y justa.
Llegó la hora en que los pueblos originarios y los ciudadanos y ciudadanas se harán parte de las instituciones que reconstruirán la estructura de poder. La redacción de la nueva Constitución, exigida por el 80% del voto popular, es una oportunidad que, como sociedad, no podemos dejar pasar.
