A riesgo de parecer temerarios, decidimos comenzar el proceso de hacer un aporte más en esta necesaria explicación de la explosión social, cuyas consecuencias –ya palpables– todavía se están desenvolviendo y tienen el potencial de cambiar radicalmente el Chile en el que hemos vivido. Hemos hecho esto observando los resultados del modelo y buscando evaluar en la forma más objetiva posible sus beneficios y debilidades, desde la perspectiva de su impacto sobre la población en las dimensiones que más le importan: educación, salud, vivienda, seguridad, trabajo y remuneraciones. En cada una de ellas, revisaremos las que llamamos luces y sombras del modelo.
Se ha invertido mucho tiempo en analizar las razones del malestar social que explotó en las protestas violentas del 18 de octubre del año 2019 y que han llevado a un período de crisis que no se veía en nuestro país desde el año 1973. En esta búsqueda de explicaciones, se han escrito centenares de artículos y decenas de libros tratando de interpretar las raíces de este fenómeno; no es posible encontrar uno que lo explique en su globalidad, si bien todos hacen algún aporte que permite avanzar hacia ese entendimiento.
A riesgo de parecer temerarios, decidimos comenzar el proceso de hacer un aporte más en esta necesaria explicación de la explosión social, cuyas consecuencias –ya palpables– todavía se están desenvolviendo y tienen el potencial de cambiar radicalmente el Chile en el que hemos vivido. Hemos hecho esto observando los resultados del modelo y buscando evaluar en la forma más objetiva posible sus beneficios y debilidades, desde la perspectiva de su impacto sobre la población en las dimensiones que más le importan: educación, salud, vivienda, seguridad, trabajo y remuneraciones. En cada una de ellas, revisaremos las que llamamos luces y sombras del modelo.
En una siguiente etapa, intentaremos revisar las grandes demandas y el funcionamiento del modelo chileno de desarrollo, fundamentalmente en relación con la desigualdad y el sesgo favorable que tendría para beneficiar a los más pudientes en desmedro de una mayoría más desafortunada. Posteriormente, nos abocaremos a identificar responsabilidades, decisiones y omisiones de distintos actores en el manejo del país.
[cita tipo=»destaque»]En el presente, una familia de los dos quintiles más pobres de la población difícilmente puede esperar un cambio significativo en su condición. Tiene una situación de pobreza latente generada por una precariedad en el trabajo, relativamente bajas remuneraciones y, prácticamente, imposibilidad de mejorarlas por una escolaridad de poca duración y baja productividad; viviendo en barrios marginales, sumidos en condiciones de violencia ambiental, dominio de narcotraficantes y con precaria condición de asistencia sanitaria y escasa seguridad.[/cita]
Finalmente, intentaremos hacernos cargo de las diferentes soluciones planteadas por académicos y políticos para sortear esta encrucijada, con las esperanzas puestas fundamentalmente en la construcción de una nueva Constitución. A la luz de la información recogida, daremos una opinión respecto de las bondades y las debilidades de estas demandas. Pretendemos alcanzar los objetivos propuestos en varias columnas. Estas, finalmente, se podrán estructurar en un documento que esperamos –ojalá– sea leído por los constituyentes y otros grupos sociales, que encuentren en él un aporte para entender mejor nuestra evolución económica y social durante los últimos 30 años.
Chile ha sido un ejemplo casi milagroso de desarrollo económico y social para el mundo, desde el punto de vista de las cifras económicas y de varias dimensiones sociales en los últimos 30 años. Sin embargo, esto no se tradujo en una percepción favorable de los chilenos sobre el modelo de desarrollo. Si bien en el período 2010-2020 el progreso se ralentizó, esto provino de causas más bien globales, que no permiten desechar la hipótesis del éxito económico nacional.
¿Qué ocurrió para que al final de este extraordinario ciclo Chile terminara en una convulsión social, que sumó al país a una crisis institucional de proporciones y cuyos efectos todavía se sienten? Esto tomó la forma de violentísimas protestas y de marchas, que llevaron a millones de personas a la calle a protestar en contra del mismo modelo que había traído tanto progreso en las señaladas cifras al país.
Poco tiempo después, en una concurrida votación, los chilenos decidieron un cambio constitucional. La Constitución fue señalada por sus detractores como la responsable de articular un modelo que, en lo esencial, beneficiaba a unos pocos en desmedro de una mayoría que tenía escasas posibilidades de acceder a los beneficios de una elite privilegiada.
He aquí la paradoja chilena: un país que creció aceleradamente, mejorando significativamente todos los indicadores usados tradicionalmente para medir la situación individual, se encontró con el rechazo de una mayoría aplastante de sus habitantes –cerca de un 80% de la población– a la Constitución que sustenta el modelo, demandando una nueva; los 30 años de prosperidad resultaron insuficientes para la población. ¿Cómo explicarlo?
Evidentemente, la profusión de indicadores que dan cuenta del milagro chileno no permiten por sí mismos explicar el malestar de la población. La primera y obvia pregunta es: ¿están todos los indicadores relevantes dentro de estas cifras?
La búsqueda de otros indicadores permite encontrar varias sombras. Desde el año 1990 hasta el año 2010, la economía se expandió a una tasa promedio de 5,3 % anual, pero durante la última década solo a un 3,3 % (desde 2014 a un magro 2 % anual); junto con ello, la generación de empleos cayó y las múltiples oportunidades de consumo fueron crecientemente financiadas con un mayor endeudamiento, dentro del cual los créditos para estudiar carreras universitarias generaron un peso importante en cerca del 12 % de las familias chilenas.
La política de vivienda tuvo un espectacular pero incompleto desarrollo. Mientras el objetivo era el de construir la mayor cantidad de viviendas sociales posible, logrado con bastante éxito, los nuevos barrios se ubicaron frecuentemente en la periferia, con malos servicios públicos, sin áreas verdes y con muy poca seguridad. El resultado fue el alejamiento de estas viviendas de los centros de trabajo, sumando altos tiempos de traslado. La violencia ha sido principalmente originada por pandillas y narcotraficantes, que tomaron el control de estos nuevos barrios. El fuerte aumento que ha tenido el precio real de la vivienda en los últimos diez años, por otra parte, ha disipado las posibilidades de moverse a otros barrios más centrales y seguros.
La política de salud pública ha anotado éxitos como las GES y una eficiencia sobre el promedio (vista recientemente en la vacunación masiva que se está llevando a cabo). Sin embargo, altos tiempos de espera y falta de recursos han hecho que la atención no mejore sustantivamente, en el contexto de menor tolerancia a la desigualdad económica en la provisión de este servicio y la expectativa de mayor cobertura de enfermedades graves.
La política de educación aumentó su cobertura fuertemente durante el período y más recientemente, en la educación terciaria ―un 76% de los que rindieron la PDT fueron seleccionados en alguna institución en el presente año―. La educación primaria ha aumentado sostenidamente su calidad, pero aún se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE. En el caso de la educación superior, varias de sus instituciones no han cumplido con las mayores oportunidades que perseguían las sacrificadas familias de los estudiantes, quienes al egresar de las mismas no alcanzan los cargos, los sueldos ni las oportunidades que pensaban podían lograr, mientras que las deudas asociadas al costo de los estudios deben pagarse por años, a veces condenando a los deudores a vivir en los límites de sus posibilidades.
En el presente, una familia de los dos quintiles más pobres de la población difícilmente puede esperar un cambio significativo en su condición. Tiene una situación de pobreza latente generada por una precariedad en el trabajo, relativamente bajas remuneraciones y, prácticamente, imposibilidad de mejorarlas por una escolaridad de poca duración y baja productividad; viviendo en barrios marginales, sumidos en condiciones de violencia ambiental, dominio de narcotraficantes y con precaria condición de asistencia sanitaria y escasa seguridad.
A pesar de que las políticas públicas focalizadas en los segmentos más pobres de Chile llevan décadas de esfuerzo, los progresos logrados no han permitido modificar significativamente las condiciones centrales que determinan esa situación de vulnerabilidad para un importante grupo de compatriotas. Esto, pese a que los avances que muestran las cifras en estas dimensiones en los últimos 30 años son contundentes.
Otros relevantes problemas sociales que golpean en forma particular a estos quintiles, prácticamente sin posibilidad de recibir ayudas de terceros, se encuentran en temas como embarazos precoces, alcoholismo y drogadicción, depresión, violencia intrafamiliar, robos y hurtos, los cuales no experimentaron mejorías (salvo los indicadores de violencia intrafamiliar, producto de leyes más severas en contra de esos delitos). Uno de los peores pecados sociales, la protección de niños desamparados, vivió durante la mayoría de este período de crisis en crisis.
En las próximas columnas de esta serie buscaremos analizar paso a paso cada dimensión relevante del modelo, en sus luces y sus sombras.