Wrongful Conception: no es una cuestión moral

La semana pasada leí una columna escrita por el Sr. Hernán Corral, dando su opinión –bastante fuera de lugar, por cierto– sobre el caso de las mujeres chilenas que quedaron embarazadas por planificar con un lote defectuoso de pastillas anticonceptivas proveídas por el Estado y sobre la acción de responsabilidad civil, que la Corporación Miles adelanta en nombre de muchas de ellas en busca de reparación.

Como mujer de fe católica, creo que tales argumentos son fundamentalistas y no tienen otra intención que desestimar los derechos fundamentales de quienes han sido gravemente afectadas, tras verse obligadas a adelantar un embarazo que activamente estaban intentando evitar o postergar. Claramente, la visión del Sr. Corral refleja las estructuras patriarcales de la Iglesia que no solo llevan siglos oprimiéndonos, sino que son obsoletas y necesitan transformación urgente.

El señor Corral habla sobre la “moralidad de la anticoncepción por métodos artificiales”, citando encíclicas papales y se olvida de que, desde la emisión de la Humanae Vitae, la comunidad católica ha manifestado desacuerdo con la idea de que la única función del sexo es la procreación. La Comisión Pontificia para el Control de la Natalidad que se llevó a cabo en los años 60 le recomendó a la Iglesia, con una aplastante mayoría, aceptar la píldora anticonceptiva como un método de planificación.

[cita tipo=»destaque»]Considerar la maternidad como un mandato y no una decisión implica un peligro para vivir una vida digna, como es el caso de las mujeres chilenas afectadas por las pastillas anticonceptivas defectuosas. Negarles el derecho a pedir reparación y justicia por violar su autonomía las despoja de su humanidad, además de exponerlas a un riesgo aún mayor y agravar su situación. Absurdo es que, además, se haga esto bajo la equivocada idea de que un feto es una persona y tiene más dignidad que las mujeres.[/cita]

Cosa distinta es que el Papa Pablo VI haya decidido ponerse del lado de la minoría emitiendo Humanae Vitae para prohibir todas las formas de anticoncepción, en un afán por preservar la autoridad de la Iglesia, pues lo contrario sería admitir que esta había estado equivocada y sin la guía del Espíritu Santo por las últimas décadas. Sin embargo, como esta norma no reflejaba las perspectivas de la comunidad católica, la mayoría de los sacerdotes y obispos empezaron a aconsejar a las parejas que usaran su propia conciencia, para decidir si querían planificar con métodos anticonceptivos o no.

Hoy por hoy, querer imponer una moralidad a la planificación familiar desde la estrecha y arcaica visión de una minoría católica, cuando además recientes estadísticas muestran que más del 90% de las personas católicas hemos usado algún método anticonceptivo en algún momento de nuestras vidas y que más del 80% estamos de acuerdo con que las mujeres deben tener derecho a decidir si quieren ser madres o no, está completamente fuera de lugar.

Siempre hay una doble moral en este tipo de posturas, que gira alrededor de las mujeres y que deja en evidencia el sello del patriarcado: controlar los cuerpos de las mujeres. Porque no son nuestros, sino que le pertenecen al sistema y deben estar a su servicio. Esto se hace aún más evidente cuando el señor Corral sugiere que proveer anticonceptivos de forma gratuita es un error en un país como Chile, cuya “tasa de natalidad va en franco descenso”, como si nuestros cuerpos fueran máquinas de reproducción, algo así como un instrumento para el funcionamiento de una sociedad que no nos pertenece.

Una lógica perversa es aquella que considera objetos a las mujeres, máquinas de mano de obra. Aquella que no las considera sujetas de derechos que deben ser indemnizadas por un daño que se les ha causado, obligándoles a cargar sobre sus cuerpos y por el resto de sus vidas con una decisión que no tomaron.

Estas ideas tienen sus raíces en la creencia de la Iglesia católica de que las mujeres no son iguales a los hombres. La Iglesia enseña, en cambio, que los hombres y las mujeres tienen roles complementarios, es decir, que Dios diseñó a los hombres para liderar y tomar la iniciativa, mientras que las mujeres están diseñadas para el servicio y la crianza. Dicha enseñanza está basada en la genitalidad y es una idea que lleva a nuestra jerarquía, que es completamente masculina, a sentir un profundo temor por el poder y liderazgo de las mujeres. Les da miedo que las mujeres tengamos total control sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, pues así podremos alcanzar libertades económicas, profesionales y personales poderosas, que la Iglesia y quienes defienden sus ideas patriarcales no quieren que tengamos.

Además, prohibir o satanizar la anticoncepción es un asunto que tiene enormes implicaciones para la salud global y para la salud pública. La anticoncepción también se trata de una cuestión de justicia reproductiva, que no es más que el derecho humano de decidir sobre nuestra sexualidad, nuestro género y nuestra reproducción. Esto solo puede lograrse cuando todas las mujeres y niñas tengamos poder y recursos económicos, sociales y políticos suficientes para tomar decisiones saludables para nuestras vidas.

Las mujeres y las familias deberían tener el derecho a controlar en qué momento y cuántas hijas/hijos tener, de manera que solo puedan tener tanta descendencia como puedan alimentar y educar. Esto, por supuesto, también va en línea con las enseñanzas católicas de justicia social y maternidad/paternidad responsable. Para que dicha justicia se materialice, también debe haber reconocimiento y reparación de daño.

No es una cuestión moral ni religiosa. Mucho menos se trata de ponerle precio a la vida de un feto, sino de cuantificar el perjuicio que se le ha ocasionado a las mujeres afectadas –que sí son personas sujetas de derechos– al entorpecer sus proyectos de vida, coartar su libertad, sus oportunidades económicas y profesionales, y al generar daños psicoemocionales profundos por una anticoncepción fallida, responsabilidad del Estado y de la empresa farmacéutica correspondiente. Pensar que la anticoncepción y la decisión de ser o no madre es una cuestión moral y no de justicia social y de salud pública es egoísta, individualista y patriarcal.

Además, señor Corral, una mujer que decide acogerse a un programa de planificación familiar de manera consciente y responsable para recibir anticonceptivos con la firme convicción de no quedar embarazada, es una mujer que está ejerciendo su conciencia. Ir en contra de esto es ir en contra de una de las enseñanzas al centro de la doctrina de la Iglesia: el respeto por la conciencia individual.

Considerar la maternidad como un mandato y no una decisión implica un peligro para vivir una vida digna, como es el caso de las mujeres chilenas afectadas por las pastillas anticonceptivas defectuosas. Negarles el derecho a pedir reparación y justicia por violar su autonomía las despoja de su humanidad, además de exponerlas a un riesgo aún mayor y agravar su situación. Absurdo es que, además, se haga esto bajo la equivocada idea de que un feto es una persona y tiene más dignidad que las mujeres.

La misma jerarquía de la Iglesia ya ha rechazado esta idea en la Declaración Sobre el Aborto de 1974, donde el Vaticano reconoció que no sabe cuándo el feto se convierte en persona. Por lo tanto, señor Corral, sus argumentos son violentos, misóginos y absolutamente inaceptables y estoy segura de que no representan la conciencia ni la visión de la mayoría de las personas católicas de Chile, ni del mundo.

Ya basta de posicionar a las mujeres en sus narrativas basadas en la genitalidad. Basta de representarnos como seres incapaces de reconocer lo que es justo y lo que no. Basta de seguir discursos y dogmas religiosos fundamentalistas que determinan realidades con base en fantasías, desconociendo realidades concretas. Basta de doble moral. Si tanto les preocupa la vida y su valor, abran paso para trabajar en generar políticas públicas que dignifiquen la vida de quienes ya habitan este mundo en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad desgarradoras.