Opinión
En este largo periodo se han debido suspender o posponer todas aquellas actuaciones judiciales que, por su naturaleza, no se pueden llevar a cabo de manera telemática sin afectar el debido proceso. Poner al día todos estos juicios y materias es un imperativo del Estado de Chile, que debe garantizar el oportuno acceso a la justicia. Detrás de las cifras hay, por ejemplo, personas privadas de libertad que esperan ser juzgadas en plazos razonables.
La saturación de algunos tribunales y juzgados indudablemente se ha acrecentado, dadas las postergaciones impuestas por el Estado de Excepción Constitucional por la pandemia.
Los cálculos que hace la Dirección de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, específicamente tomando como referencia el flujo normal de los años anteriores versus el presente año, permiten estimar que el retardo equivale a 18 meses. En tribunales penales hay un atraso de 10.200 audiencias; en juzgados de garantía, 288.000; en familia, 128.000, y 94.000 en los laborales, no existiendo aún la cifra relativa a los juzgados civiles. Por cierto, a medida que pasan los días, estos preocupantes números siguen aumentando.
La realidad chilena no difiere mayormente de la de muchos países que registran una acumulación de causas postergadas, imposible de poner al día sin una inyección de financiamiento estatal destinado básicamente a la sobredotación de jueces. En otras palabras, la dotación actual no es suficiente para superar el retraso derivado de las restricciones sanitarias durante este largo período.
[cita tipo=»destaque»]La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, que me corresponde presidir, está llana a colaborar en lo que se requiera, pero por cierto esta es una materia que corresponde al Ejecutivo, el que debe enviar el proyecto de ley y asegurar los recursos. El aplazamiento de esta gestión sería el peor escenario. La sobredotación de jueces es la única alternativa para evitar un colapso, que de no abordarlo ahora no tendrá precedentes.[/cita]
Todos los ajustes y esfuerzos que los poderes del Estado están haciendo, entre los que se consigna el actual apoyo que jueces de otras especialidades están brindando a los tribunales de familia; el proyecto de ley actualmente en el Senado que viene a organizar todo el sistema de justicia una vez levantado el Estado de Catástrofe –Boletín 13.752-07–; las mesas de trabajo integradas por los gremios, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, sin duda colaboran para “ponerse al día”, pero en ningún caso son la solución.
En definitiva, este conjunto de iniciativas en el marco de la gestión, organización y tecnologización que se han dispuesto para la reactivación de la actividad judicial, son completamente insuficientes.
En entrevista reciente, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, ha advertido esta necesidad, señalando que “la dotación actual de jueces a lo mejor no va a ser capaz de solucionar todo lo que se nos viene encima”, sin precisar la manera en que se resolverá.
Como gremio creemos que este proceso debe hacerse del modo que establece nuestro ordenamiento jurídico, a través del envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley de fácil despacho en el que se disponga –por un período acotado– el nombramiento de jueces “transitorios”, juezas y jueces que se abocarán a la tarea de poner al día el trabajo acumulado y que, en caso de no poseer la suficiente competencia jurídica de especificidad, deberán ser capacitados previamente.
A nuestro entender, cualquier forma distinta del conducto regular para implementar esta sobredotación estaría contraviniendo el mecanismo vigente en nuestro país de nombramientos judiciales. Sería lamentable que la Corte Suprema solucionara esta materia haciendo uso de sus facultades discrecionales, dictando un auto acordado.
Juezas y jueces han trabajado de manera interrumpida desde el comienzo del Estado de Excepción, respetando los protocolos de teletrabajo como la mayoría de los servicios públicos de nuestro país. En este largo periodo se han debido suspender o posponer todas aquellas actuaciones judiciales que, por su naturaleza, no se pueden llevar a cabo de manera telemática sin afectar el debido proceso. Poner al día todos estos juicios y materias es un imperativo del Estado de Chile, que debe garantizar el oportuno acceso a la justicia. Detrás de las cifras hay, por ejemplo, personas privadas de libertad que esperan ser juzgadas en plazos razonables.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, que me corresponde presidir, está llana a colaborar en lo que se requiera, pero por cierto esta es una materia que corresponde al Ejecutivo, el que debe enviar el proyecto de ley y asegurar los recursos. El aplazamiento de esta gestión sería el peor escenario. La sobredotación de jueces es la única alternativa para evitar un colapso, que de no abordarlo ahora no tendrá precedentes.
