Opinión
Desde que asumió el actual Gobierno, como oposición planteamos la necesidad de avanzar en una reforma integral de salud y que sentara las bases de un sistema universal para toda la población. En ese marco, cuando se acordó que el proyecto de ley sobre Fonasa ingresara por el Senado, era en el entendido que se tramitara de manera conjunta con el proyecto de Ley de Isapres, ya que ambas iniciativas abordan el “Plan de Salud Universal” (PSU). Sin embargo, eso no se concretó y el texto de La Moneda no tiene ninguna propuesta respecto al sistema privado de salud.
Cerca del final de su período, el Gobierno ha empeñado buena parte de sus esfuerzos en amarrar en el largo plazo algunos puntos que considera cruciales. Es el caso de la reforma previsional, en que se la juega por mantener el sistema privado de capitalización individual. Y en materia de salud, busca conservar el sistema mixto de Isapre y Fonasa, es decir, una salud para los que pueden pagarla y otra para los que no cuentan con los recursos.
En ese contexto, la presión que varios actores han ejercido las últimas semanas para que el Congreso apoye –casi sin objeción– el proyecto del Gobierno denominado “Mejor FONASA”, se ha hecho sentir con fuerza.
Pero nuestra respuesta ha sido clara. En el marco de una pandemia, que ha dejado dolorosas consecuencias, y de un sistema de salud agotado y precarizado, la ciudadanía no entendería que sus legisladores aprobáramos una normativa que no se hace cargo de los problemas que aquejan al sector público y privado de salud y que, a todas luces, es totalmente insuficiente. Por eso, hemos votado en contra de la idea de legislar el proyecto del Gobierno que regula a Fonasa.
[cita tipo=»destaque»]La mayor debilidad de la iniciativa del Gobierno es que no avanza en universalidad, es decir, que entregue más prestaciones a más personas. Lejos de aquello, la propuesta del Ejecutivo no es solidaria y podría terminar en que la instauración del Plan de Salud Universal genere una reducción en las coberturas que entrega el sistema actualmente.[/cita]
La ciudadanía se ha movilizado por el derecho a una salud digna, igualitaria y de calidad. Con la pandemia, esto ha pasado a tener todavía más sentido, tanto en su urgencia como en su relevancia.
Soy un convencido de que la nueva Constitución abrirá la puerta para que la salud sea considerada un derecho y no un bien de consumo como opera hoy, en que quienes tienen más recursos pueden optar a una salud de calidad, rápida y oportuna, mientras los que tienen carencias deben conformarse con engrosar largas listas de espera por una atención médica o una cirugía.
No soy partidario de la lógica propuesta por el Ejecutivo que privilegia la idea de un Fonasa en competencia con las Isapres y donde el énfasis está puesto en la compra de servicios a prestadores privados, lo cual terminará de manera inevitable desarticulando la red asistencial pública.
Desde que asumió el actual Gobierno, como oposición planteamos la necesidad de avanzar en una reforma integral de salud y que sentara las bases de un sistema universal para toda la población. En ese marco, cuando se acordó que el proyecto de ley sobre Fonasa ingresara por el Senado, era en el entendido que se tramitara de manera conjunta con el proyecto de Ley de Isapres, ya que ambas iniciativas abordan el “Plan de Salud Universal” (PSU). Sin embargo, eso no se concretó y el texto de La Moneda no tiene ninguna propuesta respecto al sistema privado de salud.
Así, la mayor debilidad de la iniciativa del Gobierno es que no avanza en universalidad, es decir, que entregue más prestaciones a más personas. Lejos de aquello, la propuesta del Ejecutivo no es solidaria y podría terminar en que la instauración del Plan de Salud Universal genere una reducción en las coberturas que entrega el sistema actualmente.
A esto podemos sumar que no contempla un sistema que proteja a las personas con un tope máximo anual de gasto por beneficiario o familia. Tampoco considera un Fondo Mancomunado de Salud, que funcione sobre la base de aportes solidarios del sistema público y privado para financiar prestaciones universales y públicas de salud, como por ejemplo la donación de órganos.
En síntesis, lejos de avanzar en el fortalecimiento del sistema público de salud para dotarlo de mayores recursos, dotación y equipamiento, lo disminuye al punto que lo desdibuja en su rol para brindar salud de calidad a las personas.
Si el Gobierno de verdad quiere avanzar en una reforma efectiva, tiene que abrir el diálogo y espacio de participación a los principales actores involucrados y, por sobre todo, definir una ruta que no arrastré al Congreso a un rechazo rotundo. Solo pedimos una reforma más solidaria, universal y equitativa. No es tan difícil de entender.
