EDITORIAL
El Gobierno demoró mucho la decisión de postergar los comicios. Y si no existen garantías para las nuevas fechas ahora propuestas, en mayo, no hay que descartar la opción de mirar otras alternativas. La legitimidad en el uso del poder democrático por parte de los gobernantes se mueve entre los derechos individuales y el bienestar de los ciudadanos, y la forma y oportunidad en que las autoridades usan sus competencias. Tomar decisiones difíciles por el bien público es el deber de quienes gobiernan. Y sin perjuicio de que toda decisión pública tenga una dimensión político-legal y otra de fundamento técnico, inseparables entre sí, es deber del gobernante adoptarla, teniendo como especial consideración el bienestar de los ciudadanos.
La preocupante situación de salubridad pública que vive el país por el aumento de contagios de COVID-19, obliga a decisiones de emergencia. Una de ellas es la postergación de las elecciones de los días 10 y 11 de abril para cinco semanas más, y zanjar todas las aristas que se derivan de esta decisión, como determinar el curso institucional de los interinazgos en alcaldías y concejos municipales, y las condiciones de la ampliación o suspensión del plazo de las campañas electorales en curso.
El Gobierno demoró mucho la decisión de postergar los comicios, pese a que gran parte de las fuerzas oficialistas y de la oposición, además de los expertos sanitarios, le pedían aplazarlas para cuidar la salud de la población.
[cita tipo=»destaque»]Si no existen garantías para mayo, no hay que descartar la opción de mirar otras alternativas de fechas. Postergar dos o tres meses la elección de alcaldes y concejales, y reiniciar el ciclo de 4 años a partir de la elección a mediados de agosto, por ejemplo, no tendría mayor complejidad. Como tampoco elegir en esa fecha a los constituyentes y gobernadores regionales, pues estos son cargos nuevos, unos por única vez, los constituyentes, y los gobernadores por primera vez. Así, las elecciones parlamentarias y la presidencial, no se tocan.[/cita]
Ahora está sobre la mesa la alternativa –anunciada por el Presidente, Sebastián Piñera, el domingo en la noche– de que las elecciones se realicen los días 15 y 16 de mayo, pero el punto clave es saber qué hará el Gobierno estas cinco semanas para evitar que en esas nuevas fechas la situación sanitaria no sea igual o más compleja que la existente hoy.
No es un tema menor, porque si no se resuelve adecuadamente eso, el esfuerzo de postergar los comicios habrá sido en vano y el temor de una baja participación ciudadana por miedo al contagio, que puede empañar la legitimidad del proceso constituyente, resultará similar al de estos días.
El tema será parte relevante de la discusión en el Congreso durante la tramitación de la reforma constitucional que permitirá correr la fecha de las elecciones. Es de esperar que no sea solo un gallito político más y que de ese debate surjan garantías efectivas, tanto económicas como sanitarias, que permitan a la ciudadanía sortear esta segunda ola de la pandemia y resguardar un proceso eleccionario tan relevante para el futuro del país.
Si no hay garantías para mayo, no hay que descartar la opción de mirar otras alternativas de fechas. Postergar dos o tres meses la elección de alcaldes y concejales, y reiniciar el ciclo de 4 años a partir de la elección a mediados de agosto, por ejemplo, no tendría mayor complejidad. Como tampoco elegir en esa fecha a los constituyentes y gobernadores regionales, pues estos son cargos nuevos, unos por única vez, los constituyentes, y los gobernadores por primera vez. Así, las elecciones parlamentarias y la presidencial, no se tocan.
La negativa que podría surgir tiene que ver con los intereses corporativos, ya sea de candidatos (que han gastado mucho dinero, que tienen impedimentos administrativos o laborales, u otro largo etcétera) o de partidos políticos, por sus cálculos electorales. En el caso del Gobierno, quizás su esperanza de sobrerrepresentar a su sector en la Convención Constitucional.
La legitimidad en el uso del poder democrático por parte de los gobernantes se mueve entre los derechos individuales y el bienestar de los ciudadanos, y la forma y oportunidad en que las autoridades usan sus competencias. Tomar decisiones difíciles por el bien público es el deber de quienes gobiernan. Y sin perjuicio de que toda decisión pública tenga una dimensión político-legal y otra de fundamento técnico, inseparables entre sí, es deber del gobernante adoptarla, teniendo como especial consideración el bienestar de los ciudadanos.
