Opinión
La evidencia nos revela la real magnitud del daño educacional ejercido en el mundo por el cierre de jardines infantiles y planteles escolares, así como también la triste realidad respecto a lo profundamente asimétricos y desiguales que son tales daños, al afectar sobre todo a los menores que provienen de familias vulnerables y a las mujeres con menor educación. Sincerar quién está soportando la dura carga de la crisis y qué la impulsa es fundamental para rediseñar nuestras políticas y tomar la decisión de reabrir –de manera inteligente– los jardines infantiles. Resulta inverosímil que, en un país supuestamente tan preocupado por la desigualdad y por las luchas de las reivindicaciones feministas, esta evidencia haya sido ignorada por gran parte de los sectores progresistas del país. Como ejemplo, hace solo días el diputado Rodrigo Pérez (PPD), junto a otros parlamentarios de oposición, presentaron un proyecto de ley para que los colegios, jardines y salas cunas solo puedan funcionar desde la fase 4. Pareciera ser que a muchos políticos progresistas les importa muy poco la desigualdad y casi nada las mujeres y niños, por mucho que hayan rasgado vestiduras en Twitter o en la nueva “plaza Dignidad”.
“El daño provocado a los aprendizajes, al desarrollo cognitivo y socioemocional y a la salud mental de decenas de millones de niños por el cierre de jardines infantiles y planteles escolares […] es algo que no hemos dimensionado en su total magnitud”. Así lo reconoció Beatriz Von Appen, directora de la Fundación Choshuenco, que vela por la calidad de la educación inicial de niños que viven en situación de vulnerabilidad en Chile. Dichas palabras son pertinentes en estos momentos en que ya hemos superado un año de pandemia y, por lo tanto, resulta clave dimensionar el daño que los cierres y las cuarentenas han generado en la educación de los niños chilenos, sobre todo en aquellos más vulnerables. Los resultados son desalentadores, evidenciando un impacto negativo en la educación.
En un estudio realizado para los Países Bajos, Engzell, Frey y Verhagen (2021), han evidenciado un retroceso en el aprendizaje equivalente a un quinto de todo un año escolar, a pesar de que los cierres de los colegios en esa nación han sido de los más breves del mundo (tan solo 8 semanas), y encima –según el informe PISA– es uno de los países donde los padres dan mayor apoyo educacional a sus hijos. Además, cabe destacar que dicho daño ocurrió pese a que dicho país es uno de aquellos con la tasa más alta de penetración de internet y de comunicación digital del mundo. Es decir, la magnitud del daño en Holanda fue alta pese a que: 1) Los cierres de los centros educacionales fueron breves, 2) tienen a los padres que más apoyan a sus hijos y 3) es uno de los países con la más alta penetración de internet en los hogares.
Más preocupante aún, Engzell y sus coautores (2021) evidenciaron que el daño de dichas políticas de cierre es profundamente asimétrico, afectando sobremanera a los más necesitados. De hecho, las pérdidas educacionales estimadas “fueron de hasta un 60% mayores entre los estudiantes de hogares con menos educación, lo que confirma las preocupaciones sobre el impacto desigual de la pandemia en los niños y las familias”. Los autores concluyen que el daño cognitivo bien podría ser más permanente de lo que se cree: “Al investigar los mecanismos, encontramos que la mayor parte del efecto refleja el impacto acumulativo del conocimiento aprendido en lugar de influencias transitorias en el día de la prueba. […] Los hallazgos implican que los estudiantes progresaron poco o reportaron ningún progreso mientras aprendían desde casa y sugieren pérdidas aún mayores en países con infraestructura más débil o cierres de escuelas más prolongados”. En otros países empieza a surgir evidencia similar, sincerando el daño que se le ha generado al futuro educacional de los jóvenes en general y el asimétrico perjuicio a los niños que provienen de familias vulnerables en particular. Si bien la evidencia por el momento es incipiente, la mayoría de los estudios ha concluido lo siguiente: “Los resultados son aleccionadores: incluso en el ‘mejor de los casos’ de un breve cierre y una buena infraestructura para el aprendizaje remoto, los estudiantes aprendieron poco o nada desde casa” (Engzell, et al., 2020).
Sólo queda extrapolar dicho impacto y conjeturar la magnitud del daño generado al futuro de los niños en otros países, como Chile, que poseen infraestructura digital desigual y condiciones familiares-educacionales bastante menos favorables. De hecho, un estudio realizado por el Centro de Estudios Longitudinales UC, ha determinado que el impacto de los cierres de los jardines infantiles en Chile ha sido de 3,5 veces superior al estimado por los estudios realizados en los Países Bajos. Es decir, es probable que el país haya experimentado un daño equivalente a un retroceso en la escolaridad de las madres de casi cinco años (entendiéndose como el impacto que un año adicional de escolaridad de una madre genera en el desarrollo cognitivo de un niño).
Otro aspecto que se debe sincerar para cuantificar la magnitud del daño de esta política pública es el impacto que los cierres han tenido sobre la participación laboral de las mujeres. En un estudio realizado por el FMI, Fabrizio, Gomes y Tavares (2021), han evidenciado que esta recesión –producto de los cierres de los colegios y de los negocios– ha generado una “she-cession” o recesión femenina. Esto, debido a que se confirmó un severo aumento en la brecha de género relacionada con la ocupación laboral de las mujeres.
Lo lamentable de estos resultados es que los autores notan que hasta un 45% de dicho aumento en la brecha de género se puede explicar directamente por los cierres de los colegios y jardines infantiles. Ya que, de nuevo, el daño producido por el cierre de colegios es profundamente asimétrico, afectando sobremanera a las mujeres de escasos recursos y aquellas con menor educación. En palabras de los propios autores: “El hallazgo principal es que las mujeres con menos educación y con niños pequeños fueron las más afectadas durante los primeros nueve meses de la crisis pandémica”.
La evidencia sugiere un impacto tan profundo, tanto en las mujeres como en los niños, que sin duda demorará años, si no décadas, en revertirse. Peor aún, es incluso plausible que el daño hasta ahora ejercido, tanto al desarrollo cognitivo y socioemocional de millones de niños en el país como a las posibilidades laborales y económicas de miles de mujeres que se han visto afectadas por los cierres de los jardines, genere efectos perniciosos permanentes en todos ellos.
En síntesis, la evidencia nos revela tanto la real magnitud del daño educacional ejercido en el mundo, así como también la triste realidad respecto a lo profundamente asimétricos y desiguales que son tales daños, al afectar sobre todo a los menores que provienen de familias vulnerables y a las mujeres con menor educación. Sincerar quién está soportando la dura carga de la crisis y qué la impulsa (los cierres de los centros educacionales) es fundamental para rediseñar nuestras políticas y tomar la decisión de reabrir –de manera inteligente– los jardines infantiles.
Resulta inverosímil que, en un país supuestamente tan preocupado por la desigualdad y por las luchas de las reivindicaciones feministas, esta evidencia haya sido ignorada por gran parte de los sectores progresistas del país. Como ejemplo, hace solo días el diputado Rodrigo Pérez (PPD), junto a otros parlamentarios de oposición, presentaron un proyecto de ley para que los colegios, jardines y salas cunas solo puedan funcionar desde la fase 4. Pareciera ser que a muchos políticos progresistas les importa muy poco la desigualdad y casi nada las mujeres y niños, por mucho que hayan rasgado vestiduras en Twitter o en la nueva “plaza Dignidad”.
