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Hace más de 40 años que las arenas fósiles del campo dunar de Concón están en peligro. En plena dictadura, la Caja de Empleados Particulares vendió, en una opaca transacción y en cómodas cuotas, el terreno a la empresa Egeco –fundada por el emblemático ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic, y el vicepresidente de la Corfo de Pinochet, Francisco Soza–. El boom del desarrollo inmobiliario hizo que la plusvalía del terreno escalara a los cielos y, para evitar un descontrol mayor, en el Gobierno de Patricio Aylwin se declaró la zona como Santuario de la Naturaleza. Sin embargo, en una decisión grisácea, el ministro de Educación de la época, Jorge Arrate, nunca publicó el decreto en el Diario Oficial, por lo que la destrucción de las dunas continuó. Posteriormente, en una medida «sui generis», se restableció la conservación, pero se dejó libre del estatus de protección justo a las hectáreas de propiedad de Reconsa, la inmobiliaria que manejan los hijos de los fundadores de la empresa que adquirió los terrenos: el DC Edmundo Pérez Yoma y Juan Ignacio Soza. Una reciente querella contra el titular de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón, que concedió los permisos, y la decisión de la Fiscalía de acoger la solicitud de los querellantes para revisar las cuentas corrientes de los dueños de la firma, del jefe de la DOM y del alcalde de la comuna, Óscar Sumonte, amenaza con abrir una caja de Pandora, especialmente luego que el director de Obras Municipales decidiera romper el silencio y acusar razones políticas para favorecer a Reconsa, con la consecuente destrucción del santuario, cuyo origen geológico data del Periodo Cuaternario.
El conjunto de dunas estables, que datan del periodo Cuaternario que se inicia hace 2,6 millones de años, se ubican en una terraza marina entre la comuna de Concón y la localidad de Reñaca y hace más de 40 años que corre peligro por la expansión inmobiliaria. En estas últimas décadas se ha logrado proteger dos áreas, mediante la declaración de Santuarios de la Naturaleza: los sectores de Concón y de Viña del Mar, separados entre sí por una franja de terreno de suelo urbano.
Tras una serie de litigios iniciados por la comunidad contra la Sociedad Urbanizadora Reñaca-Concón (Reconsa), propietaria del paño de terrenos que quedó extrañamente liberado del estatus de protección, pese a formar parte del mismo ecosistema dunar, finalmente la Corte Suprema ordenó paralizar el proyecto inmobiliario Reconsa, que se encontraba en pleno desarrollo y con un avance del 90 %. Asimismo, se le conminó a ingresar el proyecto de loteo y urbanización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
De forma paralela, el año pasado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió formular cargos a Reconsa por diversos incumplimientos en materia ambiental, por cuanto se encontraría ejecutando, al margen del SEIA, un proyecto de urbanización y loteo en el área protegida Santuario de la Naturaleza 7 “Campo Dunar de la Punta de Concón” y que ha afectado a las dunas adyacentes.
Con estos procesos en curso, el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur, que en conjunto componen el movimiento de protección ambiental Duna Viva, solicitaron al alcalde de Concón, Óscar Sumonte, invalidar el permiso de edificación que emitió el director de Obras Municipales, Julio Leigh, a fines de la década de los 90 y que permitió a la inmobiliaria iniciar el desarrollo de su proyecto, dado que las obras se encontraban fuera de las zonas protegidas. Mediante una resolución, Sumonte ordenó invalidar el permiso, pero como la sentencia de la Suprema que fundamenta la solicitud es contra la construcción y no contra el permiso que lo autorizó, el jefe de la Dirección de Obras Municipales (DOM) se negó a hacerlo, lo que le valió un sumario, al tiempo que la comunidad interpuso una querella criminal en su contra por denegación de servicio y abuso de particulares. En la querella, se solicitó un serie de diligencias, entre las que destaca revisar las cuentas corrientes del director de la DOM, del alcalde Sumonte y de los dueños de Reconsa, ante la presunción de delitos de corrupción. Diligencias que fueron acogidas en su totalidad por el fiscal de Viña del Mar, Pablo Bravo.
En esta parte, la causa –que desde un inicio estuvo transida de gestiones oficiosas y presiones provenientes del mundo político– vuelven a teñirse por las arenas grises de la política, tras revelarse por parte del director de la DOM que en esta maraña hubo presiones y conflictos de intereses evidentes, de los cuales la autoridades comunales hicieron vista gorda y que, finalmente, la responsabilidad en la destrucción de parte del campo dunar es política.
La empresa propietaria de los terrenos del campo dunar fue fundada como Egeco (Empresa General de Construcción) por dos socios: Edmundo Pérez Zujovic y Francisco Soza Cousiño. El primero fue el asesinado exministro del Interior de Eduardo Frei Montalva y el segundo uno de los fundadores de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y vicepresidente de Corfo en la dictadura de Pinochet. Los sucesores son sus respectivos hijos: el exministro Edmundo Pérez Yoma –quien participa en la sociedad Montemar a través de Constructora CEP (Constructora Edmundo Pérez)– y Juan Ignacio Soza Donoso –quien es el gerente general de la firma–.
Además de Pérez Yoma, quien durante 1993 había sido secretario ejecutivo de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también está ligado a la compañía otro exministro DC: Carlos Figueroa Serrano, quien fue subsecretario ejecutivo de la campaña del No en el plebiscito de octubre de 1988.
Fue Soza Cousiño el que anticipó el desarrollo inmobiliario de la zona. En 1979, la constructora compró el paño de las dunas a la Caja de Empleados Particulares en cómodas cuotas al Estado, las que no pagaron en plazo, acumulándose sendas multas que fueron condonadas.
El 5 de agosto de 1993, el Ministerio de Educación encabezado por Jorge Arrate, junto al Presidente de la República de la época, Patricio Aylwin, por Decreto Supremo n.º 481, declararon Santuario de la Naturaleza 44 hectáreas del Campo Dunar de la Punta de Concón. Este decreto jamás fue publicado en el Diario Oficial, por lo que en los hechos nunca entró en vigencia y la zona no fue protegida.
En marzo del año siguiente, dos días antes que Edmundo Pérez Yoma asumiera como titular de la cartera de Defensa, se resolvió otro decreto, el 106. La orden reduce el Santuario de la Naturaleza a 12 hectáreas. De ellas, 9,7 hectáreas pertenecen a la Comuna de Concón, y 2,3 a la Comuna de Viña del Mar, quedando protegido solo el sector de la duna mayor. Ante la preocupación de la comunidad, en 2006 se amplió la protección a 21,8 hectáreas, de las cuales 2,3 corresponden a la comuna de Viña del Mar y 19,5 a la comuna de Concón. Entre suma y resta, sin embargo, quedaron 31 hectáreas de propiedad de Reconsa sin proteger.
La modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) que fue promulgado en 2006, no introdujo normas a aquella zona, identificada como H-7, y esa parte del campo dunar siguió sin límites de densidad ni de alturas –tal como regía con el PRC de Viña del Mar–, por lo que permitió que se iniciaran las obras, con la consecuente destrucción de las dunas.
El mayor y más reciente triunfo sobre la protección del campo dunar se dio luego que los magistrados de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Ángela Vivanco, determinaron de forma unánime que «es posible afirmar (…) que toda obra, programa o actividad próxima a un área protegida susceptible de ser afectada por ésta, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de instrumento de revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental».
Con este fallo, y entendiendo que el permiso de edificación que emitió la Dirección de Obras Municipales era inválido y ante la negativa del jefe de la entidad, Julio Leigh, de acatar una instrucción del alcalde en que le ordenaba emitir una nueva resolución DOM para invalidar el permiso de construcción, la comunidad –a través del abogado Gabriel Muñoz– presentó un querella contra Leigh y los que resulten responsables, solicitando al Ministerio Público que se cite a declarar al director de Obras Municipales, al alcalde de Concón, así como a Juan Ignacio Soza y Felipe Soza, exconcejal de la comuna.
Al mismo tiempo, se ordenó oficiar a diversas instituciones bancarias, con el fin de que remitan los números de cuenta y productos contratados con dicha institución, tales como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuenta vista, fondos mutuos, depósitos a plazo, etc. Ello, con el fin de poder establecer sus relaciones patrimoniales.
Ante esta querella, la defensa de Leigh decidió dar un golpe de timón y romper el silencio. Él, como subordinado –sostiene su abogada defensora, Jeanette Bruna–, siempre se mantuvo en silencio, pero decidió romperlo para dejar en claro a la comunidad que la DOM solo acata decisiones municipales que son siempre políticas.
Y es este punto en el que la defensa del director saca a colación que, en el tiempo en que se decretaron las nuevas zonas de protección y se dejó libre de ese estatus a un total de 31 hectáreas de propiedad de Reconsa, uno de los concejales era Felipe Soza, hermano del gerente general de la inmobiliaria, y uno de los que se oponía con vehemencia a la protección del santuario. «Aunque eran otros tiempos, es evidente que aquí había conflicto de intereses, y en el municipio no se hizo nada», sostiene Bruna.
La defensa de Leigh –funcionario que está a punto de jubilar– asegura que el responsable de las autorizaciones fue finalmente el alcalde y que su defendido es el chivo expiatorio de decisiones tomadas a la luz de consideraciones políticas. «Si hay delitos, estos están prescritos, pero es importante que se sepa la verdad sobre cómo se tomaron estas decisiones. No fue casual que las dunas quedaran desprotegidas», asevera la abogada.
Para Gabriel Muñoz, abogado del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, estas declaraciones podrían abrir un caja de Pandora para dar luces sobre la «relación espuria» entre el poder económico y las autoridades.
«Estamos convencidos de que las declaraciones del director de Obras Municipales, en calidad de querellado en esta causa, son de tal gravedad que apuntan a la punta del iceberg de una madeja de casos de corrupción tan emblemáticos como el caso Penta y una relación espuria entre la inmobiliaria Reconsa, la Dirección de Obras y las más altas autoridades del municipio», señaló Muñoz.
