Seguir subsidiando las plantaciones forestales… ¿hasta cuándo?

«En estas nuevas plantaciones madereras, no cantan los pájaros.
Nada tienen que ver los bosques naturales aniquilados,
con estos ejércitos de árboles todos iguales»

Eduardo Galeano, Uselo y tírelo. El mundo del fin del milenio, 1994

Nuestra legislación define como bosque a un “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5 mil metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. De acuerdo a esa definición, un puñado de árboles plantados a cierta distancia, de cierta altura, cubriendo cierta superficie y de cierto ancho, sería un bosque. Aunque difícilmente alguien que mira una plantación de manzanos o de paltos diría que eso es un bosque. Y cada vez son menos los que ven un bosque cuando se trata de las plantaciones de monocultivos forestales.

[cita tipo=»destaque»]Es por esta razón que, atendiendo a la persistencia en el tiempo de estas iniciativas de Conaf y de Corfo, hemos hecho una presentación ante la Contraloría General de la República, solicitándole determinar si estas actividades y acciones administrativas se ajustan o no a derecho. A nosotros nos parece que la actividad forestal con especies exóticas no debiera seguir siendo financiada por el Estado, como si siguiéramos en 1974. Y consideramos, por cierto, que los proyectos industriales de explotación forestal, en cualquiera de sus etapas, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para medir sus evidentes impactos.[/cita]

En Chile se han financiado las plantaciones forestales desde 1974. En un principio, este incentivo buscaba detener la erosión de los suelos desnudos. Sin embargo, a poco andar, se consideraron como una oportunidad para obtener rentabilidad de la tierra a partir del estímulo económico del Estado. Este incentivo consiguió que se eliminaran miles de hectáreas de bosque y matorral nativos, para instalar en ellas monocultivos de plantaciones forestales de especies exóticas. Tal estímulo, entonces, fue un incentivo perverso, ya que tuvo un resultado contrario a los intereses que decía promover.

El DL n.° 701 que bonificó las plantaciones forestales y su manejo entre 1974 y 2017, expiró al no renovarse el año 2012. Sin embargo, desde el año 2016 a la fecha, han existido diversas iniciativas de Conaf –en algunos casos en alianza con Corfo– para continuar financiando las actividades que bonificaba el mencionado decreto. Entre estas iniciativas se encuentran licitaciones, convenios, fondos de inversión, programas y planes. Sin embargo, actualmente no existe un instrumento legal que, formal y expresamente, permita continuar financiando tales actividades.

Pese a esta importante inversión de recursos fiscales en el sector forestal, es evidente que los planes de manejo de Conaf han resultado insuficientes al momento de evaluar, evitar, mitigar, compensar y reparar los impactos ambientales y sociales generados por las plantaciones forestales de especies exóticas en los territorios. Menos aún son capaces de advertir los desafíos a los que nos enfrentamos con el cambio climático, como, por ejemplo, que en ciertos climas las plantaciones de árboles de crecimiento rápido han disminuido la disponibilidad hídrica y la recarga de acuíferos, generando conflictos entre las plantaciones forestales y otros usos del agua.

Es por esta razón que, atendiendo a la persistencia en el tiempo de estas iniciativas de Conaf y de Corfo, hemos hecho una presentación ante la Contraloría General de la República, solicitándole determinar si estas actividades y acciones administrativas se ajustan o no a derecho. A nosotros nos parece que la actividad forestal con especies exóticas no debiera seguir siendo financiada por el Estado, como si siguiéramos en 1974. Y consideramos, por cierto, que los proyectos industriales de explotación forestal, en cualquiera de sus etapas, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para medir sus evidentes impactos.

Este es un debate antiguo, pero que siempre ha encontrado resistencia, dentro y fuera del Estado. Sin embargo, la discusión de una nueva Constitución y la necesidad de construir un nuevo pacto social que redefina un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, debiera tener también efectos sobre esta materia, considerada por muchos como un “pilar del modelo”, un pilar impuesto sin democracia, sin Parlamento y, por supuesto, sin ciudadanía.