Opinión
Chile encabezó la negociación consciente de que los avances eran insuficientes y bajo la convicción de que el multilateralismo y la colaboración eran indispensables para lidiar con retos comunes como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la escasez hídrica y la contaminación. Impulsó modalidades inéditas de negociación donde destacaron la transparencia y la participación de todo interesado. Pero deshonró el mandato regional conferido de continuar liderando y conduciendo este proceso en su calidad de copresidente.
Este 22 de abril, Latinoamérica y el Caribe celebran el Día de la Tierra con la entrada en vigor del acuerdo regional para la aplicación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.
En estos tiempos de pandemia global, constituye incluso un mayor éxito que se hayan logrado rápidamente las firmas necesarias, luego del depósito de México y Argentina, para contar con el primer tratado (vinculante) ambiental de la región. Este tratado, impulsado por Chile y con Cepal como secretaría, es sin duda imprescindible y prioritario ante la actual crisis ambiental y climática, que seguirá exacerbando el deterioro de valiosos ecosistemas y la desigualdad y exclusión en nuestras sociedades.
Chile requiere de un modelo ético y solidario de desarrollo, que enfrente la desconfianza imperante en la ciudadanía y acoja su legítima demanda de ser protagonista en las decisiones que le permitan una vida digna en un ambiente sano.
[cita tipo=»destaque»]La comunidad nacional e internacional espera que la próxima administración chilena rectifique su incomprensible ausencia y demuestre un compromiso robusto con el medio ambiente y los derechos humanos. Bajo el eje de justicia ambiental, Chile debe tener una política de Estado ambiental: debemos adherir al Acuerdo de Escazú, participar en su primera Conferencia de las Partes y realizar, en forma participativa, un estudio de brechas respecto a sus estándares, así como un decidido plan de implementación.[/cita]
El Acuerdo de Escazú brinda herramientas concretas para fortalecer nuestra democracia, reconociendo que la transparencia, la rendición de cuentas, el diálogo y la paz social son esenciales para el medio ambiente, el desarrollo sostenible y para los derechos fundamentales de las actuales y venideras generaciones. A su vez, contempla principios como la buena fe, la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, la progresividad y no regresión, la prevención ambiental y el principio pro-persona.
Persigue, además, superar las inequidades, colocando un especial foco en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y es el único tratado en el mundo con disposiciones específicas en favor de las defensoras y los defensores de derechos humanos ambientales que se encuentran hoy atacados, amenazados y amedrentados.
Chile encabezó la negociación consciente de que los avances eran insuficientes y bajo la convicción de que el multilateralismo y la colaboración eran indispensables para lidiar con retos comunes como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la escasez hídrica y la contaminación. Impulsó modalidades inéditas de negociación donde destacaron la transparencia y la participación de todo interesado. Pero deshonró el mandato regional conferido de continuar liderando y conduciendo este proceso en su calidad de copresidente.
La comunidad nacional e internacional espera que la próxima administración chilena rectifique su incomprensible ausencia y demuestre un compromiso robusto con el medio ambiente y los derechos humanos. Bajo el eje de justicia ambiental, Chile debe tener una política de Estado ambiental: debemos adherir al Acuerdo de Escazú, participar en su primera Conferencia de las Partes y realizar, en forma participativa, un estudio de brechas respecto a sus estándares, así como un decidido plan de implementación.
Le daremos la bienvenida al Acuerdo de Escazú que se merece y nos merecemos.
