Opinión
El Presidente de la República conducía en rumbo de colisión con el Congreso Nacional y ni lo mencionó el domingo en la noche al anunciar su proyecto de ley alternativo. Lo actuado por el TC logró un espacio de estabilización y evitó el choque, pero se requiere aprovechar ese espacio, lo que solo se definirá en las próximas horas. Si es que hay voluntad mayoritaria de entendimiento.
Un significativo respiro obtuvo la democracia con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar el requerimiento del Gobierno de declarar inconstitucional la ley del tercer retiro, aprobada por amplia mayoría en el Congreso. El Presidente, quien había intentado detener lo actuado por el Congreso, anunció unas horas después la dictación del decreto de promulgación respectivo y decidió dar por terminada esa escaramuza de poder, que solo por su voluntad amenazaba demoler por dentro lo poco que queda de su Gobierno.
Es evidente que, si bien los fundamentos jurídicos del TC aún no se conocen, pues la sentencia completa quedó en redacción y será entregada formalmente en un par de días, el resultado de la votación fue suficiente para producir la decisión de no escalar en el proceso.
[cita tipo=»destaque»]Un término anticipado, agudizaría el giro de crisis institucional profunda que desde hace poco ha tomado la democracia chilena. En ello, el nudo no está solo en la divergencia política encarnizada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el manejo de la crisis económica y social del país. Se trata también de las obsolescencias institucionales del Estado de Chile, cuya estructura fue diseñada para una administración autócrata, y las demandas de la ciudadanía hoy son de una democracia de derechos iguales y garantizados. Por eso la necesidad de una nueva Constitución.[/cita]
Esta vuelta a la cordura institucional, para muchos inesperada, resulta un alivio frente a la acumulación de tensiones que experimenta el país y, en parte importante, constituye un envión energético en los asuntos de Gobierno. El diálogo político, que entre poderes prácticamente no existe como intercambio y colaboración, sino solo como controversia, queda en evidencia que puede existir si hay una mayor voluntad. A su vez, muchas instituciones cercanas a los ciudadanos, como son las de salud primaria, los municipios o el sistema escolar, se encuentran exhaustas, pero pueden ser aliviadas en el mediano plazo, si de lo actuado se siguen acuerdos.
Pero lo ocurrido no será permanente ni gratis, pues, si bien el desenlace de la coyuntura parece positivo, hay en los hechos un fuerte último llamado de atención sobre la evidencia de que el país se mueve en el borde de su estabilidad. Y que se requiere de un macizo plan de sostenimiento social y económico, que incluya de manera articulada y responsable todas las variables en juego, principalmente la dimensión humana, porque ya no se trata solo de dinero, sino de dignidad y de gobernabilidad. Y esta última requiere de una preocupación microsocial, incluso a nivel de barrios, para estar asegurada.
El Presidente de la República conducía en rumbo de colisión con el Congreso Nacional y ni lo mencionó el domingo en la noche al anunciar su proyecto de ley alternativo. Lo actuado por el TC logró un espacio de estabilización y evitó el choque, pero se requiere aprovechar ese espacio, lo que solo se definirá en las próximas horas. Si es que hay voluntad mayoritaria de entendimiento.
Faltan solo 10 meses para que termine este período presidencial y, por muy mal que lo esté haciendo el actual Mandatario, cuestión que ya es un saber común, no parece razonable que se intente a estas alturas acortar su mandato, por cualquier vía. Ello solo empeoraría el ambiente de convivencia, pondría en duda las elecciones que vienen y, sobre todo, el proceso para elaborar una nueva Constitución, el hito político más importante de las últimas décadas.
Un término anticipado, agudizaría el giro de crisis institucional profunda que desde hace poco ha tomado la democracia chilena. En ello, el nudo no está solo en la divergencia política encarnizada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el manejo de la crisis económica y social del país. Se trata también de las obsolescencias institucionales del Estado de Chile, cuya estructura fue diseñada para una administración autócrata, y las demandas de la ciudadanía hoy son de una democracia de derechos iguales y garantizados. Por eso la necesidad de una nueva Constitución.
El Gobierno cedió, lo que al final es positivo, y ello permitirá el tercer retiro de 10% desde las AFP, que era una condición indispensable para producir acercamiento y diálogo entre Presidente y Congreso. Da lo mismo cómo fue logrado, porque el tiempo político y las soluciones son cada vez más estrechos.
Lograda la distensión, tal vez sea el momento para intentar un gran acuerdo de gobernabilidad frente a la emergencia que vive Chile, con tres pilares básicos. Primero, un plan de emergencia económica con una Renta Básica Universal por los meses que sean necesarios, junto con otras medidas económicas que apoyen la recuperación de puestos de trabajo y la reactivación; en segundo lugar, con un reforzamiento masivo del plan sanitario contra la pandemia; y, en tercer lugar, un acuerdo de normalización institucional para la democracia, que cumpla el itinerario de las elecciones y la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Todo ello, por el período presidencial que resta, hasta el cambio de mando el 11 de marzo de 2022.
