Opinión
Todos, tanto laicos, ateos como creyentes –incluidos incluso los terrenales economistas–, deberíamos estar profundamente preocupados ante lo que ha estado aconteciendo en nuestro país desde el 18-O respecto a las amenazas a la libertad religiosa. Como lo indica la declaración vaticana Dignitatis Humanae, debemos defender esta libertad civil esencial y condenar tajantemente la violencia que la amenaza en Chile, ya que ella es uno de los pilares fundamentales de la dignidad humana.
Se ha publicado recién una pésima noticia para el país, la que, sin embargo, ha pasado inadvertida en nuestra polarizada y sobrecargada agenda política: Chile por primera vez fue clasificado en un “grupo de observación”, que advierte sobre las amenazas religiosas debido a la constante quema de iglesias durante la crisis social. Esta problemática realidad ha sido alertada en el nuevo informe sobre libertad religiosa en el mundo, publicado por la fundación alemana Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN). La ACN genera este reporte respecto de la libertad religiosa en el mundo desde 1999. Por primera vez desde que se tienen mediciones, desde dicho año, Chile aparece como un país en donde la libertad religiosa se ve amenazada y vulnerada.
Por primera vez desde el retorno de la democracia, Chile ha retrocedido en materias de sus libertades de conciencia, de expresión y religiosas. Según el informe, esta es la primera vez que el país aparece en aquella lista de países en los cuales las creencias religiosas y sus prácticas se están viendo amenazadas. Desde el 18-O, el estudio contabiliza al menos 59 iglesias saqueadas, destruidas, quemadas, vandalizadas, etcétera. Cincuenta y tres de ellas católicas y seis evangélicas.
[cita tipo=»destaque»]Chile pareciera haber rápidamente involucionado, a punta de una ciudadanía barbárica e irrespetuosa de las libertades más básicas, para colocarse dentro de aquel trágico grupo de países con Estados débiles o fallidos. Efectivamente, no por nada el Fund for Peace, en su reciente informe del Ranking de Estados Fallidos 2020, señala que: “El país que más empeoró en el Índice de Estados Frágiles de 2020 es Chile, un cambio notable para un país que había estado demostrando mejoras constantes (…) Sin embargo, las recientes protestas por la desigualdad económica y social (…) destacaron las vulnerabilidades subyacentes”.[/cita]
Entre los actos de violencia que señala el estudio se cuentan incendios, saqueos, profanaciones, interrupción de servicios religiosos y daños en puertas y verjas de iglesias. De hecho, para “conmemorar” el primer “aniversario” de las protestas ocurridas desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre del 2020, manifestantes incendiaron dos iglesias emblemáticas de Santiago. La primera en arder fue la iglesia de San Francisco de Borja, posteriormente quemaron la Iglesia de la Asunción, que es uno de los templos más antiguos de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad.
En resumen, y como lo ha señalado María de los Ángeles Covarrubias, presidenta de la ACN en el país: “Chile se encuentra en el grupo llamado ‘de observación’, categoría en que se ubican las naciones en las que se han manifestado factores de reciente aparición y que preocupan, porque podrían conducir luego a una degradación de la libertad de religión”. Es interesante mencionar que los otros países de Iberoamérica que se encuentran en esta triste realidad son Guatemala, Haití, Honduras y México.
Chile pareciera haber rápidamente involucionado, a punta de una ciudadanía barbárica e irrespetuosa de las libertades más básicas, para colocarse dentro de aquel trágico grupo de países con Estados débiles o fallidos. Efectivamente, no por nada el Fund for Peace, en su reciente informe del Ranking de Estados Fallidos 2020, señala que: “El país que más empeoró en el Índice de Estados Frágiles de 2020 es Chile, un cambio notable para un país que había estado demostrando mejoras constantes (…) Sin embargo, las recientes protestas por la desigualdad económica y social (…) destacaron las vulnerabilidades subyacentes”.
Nos encontramos en la deplorable realidad de que no solo hemos retrocedido de forma considerable en materia de nuestras libertades económicas, sino que, más preocupante aún, ahora estamos retrocediendo (desde el 18-O) respecto a nuestras libertades más fundamentales, como la religiosa y de conciencia. Lo paradójico de la situación chilena es que las amenazas violentas contra las libertades religiosas no provienen de un ataque organizado por parte del aparato estatal (como ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua), sino que dichas libertades se están viendo amenazadas por la intolerancia y la barbarie de nuestros mismos compatriotas, que descargan su ira y su cólera contra iglesias, púlpitos, estatuas y, finalmente, contra nuestras propias libertades.
Un ataque, en definitiva, a nosotros mismos y a lo que queda de nuestra carcomida conciencia. Como lúcidamente lo reconociera Ortega y Gasset: “Quemar, pues, conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas”.
Ya los primeros liberales como John Locke y Adam Smith, advertían la importancia de la libertad religiosa para sustentar un sistema social pacífico que protegiera no solo nuestro cuerpo y nuestro bolsillo, sino que también nuestra conciencia y la esencia más trascendental de lo que implica ser un ser humano. Además, el Premio Nobel de Economía Douglas North ha argumentado que la ampliación de las libertades civiles y la libertad política, en general, conducen al crecimiento económico y a la prosperidad de los países (North, Wallis y Weingast, 2009). No obstante, un subconjunto de dichas libertades civiles –las religiosas y de conciencia– a menudo se omiten en tales discusiones.
Un reciente estudio ha venido a subsanar esa mirada reductivista para con las libertades civiles, argumentando que las libertades religiosas realmente tienen efectos positivos en el bienestar material y social de los países (Gill y Owen, 2017). Así, la libertad de culto y su protección tienen consecuencias positivas para el crecimiento económico, cultural y social de los países.
El estudio de Gill y Owen (2017) señala tres lecciones fundamentales que deberíamos tomar seriamente en consideración: primero, que la libertad religiosa promueve la diversidad cultural, la seguridad y la prosperidad. Segundo, que la libertad religiosa atrae a ciudadanos y empresarios que fomentan el crecimiento económico. Tercero, que la tolerancia y la libertad religiosa fomentan las interacciones económicas y culturales pacíficas al disminuir las barreras culturales, enriqueciendo las arcas fiscales de los países.
En definitiva, todos, tanto laicos, ateos como creyentes –incluidos incluso los terrenales economistas–, deberíamos estar profundamente preocupados ante lo que ha estado aconteciendo en nuestro país desde el 18-O respecto a las amenazas a la libertad religiosa. Como lo indica la declaración vaticana Dignitatis Humanae, debemos defender esta libertad civil esencial y condenar tajantemente la violencia que la amenaza en Chile, ya que ella es uno de los pilares fundamentales de la dignidad humana.
Asimismo, la defensa de la libertad religiosa contribuye también al florecimiento social, económico y cultural. La historia y el análisis económico nos proporcionan evidencia de que la tolerancia y la libertad religiosa mejoran el bienestar social en muchos ámbitos, incluidos el crecimiento económico y la gobernabilidad democrática. Dicha tolerancia también fomenta mayor respeto y mejores interacciones sociales al disminuir las fronteras culturales, recordándonos nuestra humanidad y trascendencia compartida. En estos tiempos tan oscuros por los cuales pasa el país, haríamos bien en prestar atención a dichas lecciones y recordar nuestra extraviada humanidad y trascendencia compartida.
