PAÍS
El 23 de octubre del 2017 fue el clímax del terremoto al interior del Partido Socialista en torno a lo que se denominó la “narcopolítica”, cuando su Tribunal Supremo decidió expulsar al actual alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los lazos de funcionarios de su confianza con bandas de narcotráfico. Todo decantó en una solicitud reciente de formalización realizada por la Fiscalía por los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. A pesar de eso y de la distancia que el mundo político ha querido tomar respecto de él y sus cercanos, aún le quedan «tropas leales», conformadas por «devotos» subordinados que han entregado aportes a su campaña por la reelección. La mayoría de ellos son funcionarios del municipio o excolaboradores, quienes aparecen aportando –al menos en el papel– incluso la mitad de sus sueldos.
Cerca de $20 millones ha recibido como aportes de campaña el alcalde de San Ramón que va a la reelección, Miguel Ángel Aguilera, según los datos del Servicio Electoral (Servel). De ellos, cerca de $4 millones son por concepto de aportes sin publicidad, y $223.690 corresponden a anticipos fiscales. Pero el grueso son aportes con publicidad, es decir, con el nombre de los donantes, y que corresponde a $15.716.500.
Aunque no son muchos los que no tienen inconvenientes en verse relacionados con el jefe comunal y las colectividades han intentado tomar la mayor distancia posible con su figura, por lo que sus redes de hoy no son tan firmes como las de hace unos años, Aguilera sigue teniendo sus tropas más leales, entre ellos, los actuales y exfuncionarios del municipio. Son ellos los que casi en su totalidad han aportado a su campaña. En algunos casos, estos agradecidos funcionarios han aportado –al menos en el papel– incluso la mitad de su sueldo.
Hasta ahora, la mayor donación la ha realizado Samir Miranda Abdo, secretario comunal de planificación del municipio de San Ramón, quien en 4 depósitos ingresó a su campaña un total de $2.800.000. Lo sigue Mónica Aguilera Sanhueza, su hermana, e integrante del Comité Central del PS, quien ya le ha traspasado, en 5 ingresos, un total de $2.100.000.
La lista sigue e incluye a su asesor de comunicaciones –y exasesor de Pedro Brown, exdiputado de Amplitud–, Aldo Ortiz Flores, con $1.000.000, cuando su sueldo es de $1.249.906; Juan Antonio Martínez Avilés, director de Desarrollo Comunitario, con $1.000.000; Sebastián Toledo Ibarra, que realiza funciones profesionales en la Dirección de Administrador Municipal, con $1.000.000 –prácticamente la mitad de sus ingresos–; Mercedes López Zapata, coordinadora del Departamento Social Comunal, con $600.000; Diego Orellana Pavez, trabajador a honorarios del área de comunicaciones, con $500.000; Gabriel Peralta, director del Centro de Salud Familiar Modelo, con $500.000; Juan Andrés Vera, que realiza labores a honorarios de apoyo de difusión del programa Participación Ciudadana, con $500.000; y Susana Ortiz Demarco, secretaria ejecutiva, con $400.000.
Otros aportes son de David José Orellana, coordinador de consumos básicos e inventario, con $200.000; Lorena Baeza Zúñiga, personal administrativo del municipio, que aportó también $200.000; Ximena Fierro Morales, administrativa del Cesfam La Bandera, con $100.000; Melissa González Garrido, secretaria, con $100.000; Catalina Reyes Pardo, docente de la escuela Karelmapu; Franco Ramírez Caro, que realiza labores informáticas, con $100.000; e Ignacio Faúndez Correa, de Apoyo a Gestión de Fondos Propios, con $16.500.
Se suman asimismo aportes de exfuncionarios, como María Constanza Celis, que realizó labores como auxiliar de educación, con $100.000; Jessica Ramírez Sepúlveda, quien aparece en los registros como extrabajadora administrativa de educación, con $200.000; Rodrigo Riquelme Morales, exgestor en calidad de salud, con $200.000; Juan Robles Cerda, exadministrativo, con $100.000; y Miguel Rocha Castro, exjefe administrativo de educación, con $800.000.
Pese a que fue expulsado del Partido Socialista y varios en la colectividad han tratado de mantenerse alejados de su figura, Aguilera sigue cultivando relaciones en el partido. Además de su hermana Mónica, tiene entre sus aportantes a Natalia Rodríguez González, quien integra el Comité Regional Metropolitano del PS, y que donó $500.000 a la campaña, junto a su hermana Juana, quien agregó $750.000.
En dicha colectividad insistieron en que están cuadrados tras el candidato de Unidad Constituyente en la comuna, el DC Gustavo Toro. La tienda en esta pasada renunció a la opción de seguir al mando de la comuna, que ha estado bajo la administración de Aguilera por nueve años, y determinó que no levantaría un candidato propio, facilitándole el camino al jefe comunal, que sigue incomodando a su expartido. Algunos en el PS creen que la influencia del alcalde en la militancia socialista local seguirá intacta, a pesar de las resoluciones oficiales.
Pero no solo en el PS mantiene influencia y cercanos. También en el PPD tiene a un estrecho colaborador: Víctor Fernández Vera, integrante de la directiva nacional de la colectividad y administrativo de la Municipalidad de San Ramón. Para la campaña de Aguilera aportó $250.000. Pero, además, ha reforzado en terreno las actividades del alcalde.
El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, enfatizó que en el partido no hay libertad de acción, y que en el último Consejo Nacional hubo un voto político claro de que los candidatos del PPD son los propios y los de Unidad Constituyente. “Se obliga a los miembros del partido a actuar de manera estructurada por aquellos candidatos. Y en San Ramón, muy claramente, nuestro candidato es Gustavo Toro. Quien incumple los acuerdos del Consejo Nacional está en una falta y cualquier persona lo puede denunciar ante el Tribunal Supremo”, sostuvo.
El Mostrador intentó tener una versión del alcalde Aguilera, sin embargo, no obtuvo una respuesta sobre el tema. Sin embargo, el actual concejal y candidato de la DC a la alcaldía, Gustavo Toro, consideró «cuestionable que personas que ganan un millón de pesos estén donando la misma cantidad o más, como Aldo Ortiz». Esto, porque son muchos los funcionarios que han aportado montos que significan la mitad o más de sus remuneraciones, lo que –a su juicio– genera dudas. Toro agregó que muchos de esos funcionarios, a pesar de tener responsabilidad en el municipio como tal, están trabajando fuertemente en la campaña del actual jefe comunal, debido a que son cercanos a él, y muchos tienen a sus familiares en funciones municipales.
Por lo anterior, Toro aseguró que una alternativa es solicitar mayores detalles al Servel, incluso no descartando iniciar acciones legales para esclarecer si es que existe alguna anomalía, marcado esto además por la publicación de Ciper, donde se dio cuenta de irregularidades en el trabajo que funcionarios realizaban en un call center de su campaña, con alteración de horarios.
En este contexto, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, hizo hincapié en que Chile no ha logrado remontar la crisis de confianza que se instaló tras los escándalos del financiamiento a la política. «Por ello, es extremadamente riesgoso exponer a la política y a los municipios a situaciones que generan y profundizan la desconfianza. En particular en instituciones que han demostrado ser centrales, por ejemplo, en el marco de la pandemia”, sostuvo.
“Así como existe un límite al gasto electoral, que ha contribuido a emparejar la cancha de la participación electoral, es necesario observar de dónde provienen esos aportes», para que los ciudadanos premien o castiguen a sus candidatos en su desempeño en el ámbito público, según De la Fuente.
