Chile y una nueva Constitución: entre la ira y la esperanza

El viernes 25 de octubre de 2019, manifestaciones multitudinarias y pacíficas de la ciudadanía, con jóvenes, niños y familias enteras cantando y bailando en las calles de las ciudades del país, evidenciaron que el estallido social en Chile, de solo siete días antes, con bastante violencia, no fue otra cosa que la erupción de un profundo malestar social y rabia por la desigualdad y abusos del sistema. Y que el país pedía cambios a gritos.

Ese malestar y esa rabia, que rebasaron todos los controles sociales, y que tuvieron en muchos casos una violencia irracional e incontrolable, constituyeron también –hilando más fino– una expresión de rechazo a la elite y su conducción política y económica del país. Y, sobre todo, a las rígidas y extremadamente ortodoxas reglas del juego económico, que de manera sistemática ofenden los derechos y la dignidad de la gente, desde hace décadas.

[cita tipo=»destaque»]Pero hay que estar alertas, porque esto no ocurre en un ambiente de reflexión profunda sobre el nuevo pacto constitucional, sino en un ambiente político crispado por el manejo de la coyuntura, con un Poder Ejecutivo que tiene una aprobación de menos del 10% y que está en sus últimos meses de mandato, y con un debate presidencial con muchos precandidatos, que parecieran no percibir la transición institucional que experimentará el país. Tampoco se tiene presente que, cualquiera sea quien gane, su administración será –por el proceso constituyente en curso– inevitablemente más de facilitación de gobernabilidad que de realizaciones.[/cita]

Lo actuado por la ciudadanía ese día y en muchas otras jornadas posteriores, fue un claro mandato político al Gobierno, al Congreso y a la clase política en general, para que terminaran con la ceguera que los había puesto, por más de 30 años, de espaldas a la realidad de la mayoría del país. Todo esto, en momentos en que aún no habían llegado a Chile los estragos de la pandemia sanitaria del COVID-19.

A la sorpresa y preocupación que produjeron las movilizaciones a lo largo y ancho del país, especialmente las masivas del 25 de octubre de 2019, las mayores en la historia del país, se debe el acuerdo político de unos días después, el 15 de noviembre, que estableció un itinerario de cambios institucionales con acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional. Este acuerdo incluyó la redacción de una nueva Constitución Política.

La amplia movilización del 25 de octubre de 2019 fue una orden y un mandato, de convicción democrática, que obligaba a esos acuerdos. La contundencia de la manifestación popular por el cambio convenció a gran parte de la elite –hasta entonces sorda y porfiada– que el itinerario hacia una nueva Constitución Política requería de una ruta cierta, con fechas y condiciones, para enmendar el camino.

Desde entonces hasta ahora, dialogar no ha sido fácil. Si bien es difícil abstraerse de la comodidad de los juegos palaciegos en la política, mucho más lo es limitar los intereses individuales mediante acuerdos que ponen el interés colectivo como prioridad. En medio de una crisis, siempre hay alguien que cree que puede ganar a río revuelto. En el tiempo transcurrido desde entonces, un año y medio, y aplacado el ambiente de “guerra imaginaria” del Gobierno, finalmente se ha llegado al hito más importante de los cambios resueltos: la elección popular de los miembros de la Asamblea Constituyente, denominada Convención Constitucional. Primera vez en más de 200 años de vida independiente, que en nuestro país se redactará una Constitución Política con participación directa del soberano: el pueblo de Chile.

Pero hay que estar alertas, porque esto no ocurre en un ambiente de reflexión profunda sobre el nuevo pacto constitucional, sino en un ambiente político crispado por el manejo de la coyuntura, con un Poder Ejecutivo que tiene una aprobación de menos del 10% y que está en sus últimos meses de mandato, y con un debate presidencial con muchos precandidatos, que parecieran no percibir la transición institucional que experimentará el país. Tampoco se tiene presente que, cualquiera sea quien gane, su administración será –por el proceso constituyente en curso– inevitablemente más de facilitación de gobernabilidad que de realizaciones.

El poco diálogo existente no parece ser entre gobernantes y políticos, sino entre contadores y demagogos.
En adelante, el debate constituyente debe ser más profundo, con más espesor, porque estaremos construyendo las bases de la V República de la Historia de Chile. Una República democrática y social de derechos, y con más participación de la ciudadanía. Con una mirada puesta en el desarrollo humano, la equidad, la igualdad de género, el respeto de niños y ancianos, con garantía de derechos, una República de la dignidad y el respeto, donde las instituciones sirvan a los ciudadanos antes que humillarlos en su condición de tales. Una República donde se respeta la naturaleza y donde los mandatarios son transparentes y asumen su responsabilidad por sus actos. Una República de instituciones sólidas, legítimas y de poderes cooperadores entre sí.

Es muy posible que nos cueste su formulación. Por las generaciones de los mayores, ancladas en convicciones cerradas sobre mundos utópicos y (equivocadamente) perfectos, muchas veces sin conciencia ni valorización de las libertades e individualidad emotiva; y por las nuevas generaciones, obnubiladas en la individualidad, sin conciencia del otro excepto para competir, con poca vocación por lo colectivo y los bienes públicos.

Ni tanto ni tan poco, “sino todo mezclado”, como dijo un viejo poeta caribeño. Y “al pan yo no le pido que me enseñe sino que no me falte”, dijo otro, chileno. Y entre la ira y la esperanza, debemos hacernos agricultores de un país mejor y empuñar este fin de semana, no un arado, tampoco un arma destructiva, sino un simple lápiz y con este volver a cultivar la democracia. No somos rehenes ni de los abusos de la economía ni del poder político autocrático. Somos ciudadanos libres y podemos decidir.