NUEVA CONSTITUCIÓN
Más allá de cualquier consideración ideológica, la actual conformación de la Convención Constitucional, que redactará la Carta Magna que ha de marcar el rumbo del país para las próximas décadas, tiene un marcado carácter ambientalista: 108 de los 155 representantes de la Convención declaran, como principio democrático clave, establecer el agua como un derecho humano y plantean la regulación o, directamente, el término de los derechos de aprovechamiento en manos de privados. Adicionalmente, más de un tercio de los constituyentes independientes son declarados defensores ambientales en sus respectivos territorios. Analistas anticipan que, entre los temas que se debatirán intensamente en el reglamento de la instancia, estará el mecanismo de inhabilidad para resolver conflictos de intereses, toda vez que, del total de convencionales, al menos 12 estarían en tal situación, por poseer derechos de aprovechamiento de aguas, a través de propiedad directa, de familiares o de participación en empresas. De estos, 11 pertenecen a partidos políticos. Cinco de Renovación Nacional, tres de la UDI, dos del PPD y uno de la DC.
En el contexto del estallido social, que marcó el comienzo de la transformación política y cultural de Chile, dentro de las cientos de demandas sociales que se hicieron escuchar en forma de cantos, gritos, pancartas y rayados en las murallas a lo largo de todo el país, el derecho humano al agua, el derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación y el fin al extractivismo, como una medida urgente para avanzar hacia un modelo económico sustentable, fueron de las más sentidas y las que con mayor fuerza se plantearon al calor de las protestas. Las demandas estaban precedidas por las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví, así como la tragedia de las zonas de sacrificio, por la crisis ambiental de la salmonicultura, por la injusticia en la disponibilidad de agua en zonas de escasez hídrica, unido todo ello a la amenaza del cambio climático y la negativa del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a firmar el Tratado de Escazú, que –entre otros puntos– brindaba un estatus de protección a los «defensores» ambientales.
En ese marco político se llevó a cabo el plebiscito el 25 de octubre de 2020, el que junto con aprobar la redacción de una nueva Constitución, selló luego la composición de la Convención, por una abrumadora mayoría, con representantes elegidos en un 100% por votación popular. Conocidos ya los 155 convencionales constituyentes electos, tras las megaelecciones del pasado fin de semana, más de un tercio de los independientes son declarados defensores ambientales en sus respectivos territorios y más del 70% del total de la Convención estará compuesta por representantes que declaran, como principio democrático, declarar el agua como un derecho humano, al tiempo que plantean la regulación o, directamente, el término de los derechos de aprovechamiento en manos de privados.
Visto así, la Convención Constitucional que tendrá la responsabilidad de redactar la nueva Carta Magna que ha de marcar el rumbo del país para las próximas décadas, más que cualquier otra consideración ideológica, posee un marcado carácter ecológico.
Pamela Figueroa, del Observatorio Nueva Constitución, a la luz de los resultados conocidos este domingo, concluye que hay una clara proporcionalidad entre la cantidad de independientes que se postularon y los que efectivamente resultaron electos, y existe una más estrecha correspondencia, entre las principales propuestas planteadas por el universo de los candidatos, con los valores y principios que defienden por parte de los representantes que comenzarán a redactar la Constitución.
«Muchas de las características que nosotros observamos se reprodujeron en la Convención. Nosotros vimos que el 61% de los candidatos era independiente y un porcentaje similar es el que termina siendo electo. Contabilizando a los independientes que van en listas de independientes o en las listas de partido, de alguna manera eso se reflejó», señala. Y respecto de la síntesis de los programas analizados por el Observatorio, Figueroa agrega que hay claramente temas que se reflejan, como por ejemplo el principio ecológico y feminista. «El mensaje de esas candidaturas llegó a la ciudadanía y eso va a estar ahí expresado en la nueva Constitución», subraya.
Esta proporcionalidad de programas ecológicos entre las candidaturas y los constituyentes electos también fue observada por Greenpeace en el marco de la campaña #sueltelagua. En tal sentido, Josefina Correa, directora política de Greenpeace Chile, explica que, tras las revisión de los 1.275 candidatos a constituyentes, el 74% de ellos planteó el agua como un elemento central y ahora, tras las elecciones, se confirma que el «72% de los 155 convencionales electos menciona el agua en sus programas».
En términos absolutos, 109 de los 155 constituyentes electos menciona en sus programas al agua, a efectos de modificar el modelo de gestión del vital recurso. De todos los constituyentes que se refieren al agua en sus programas, solo uno de ellos se manifiesta por defender la propiedad privada de la misma. Se trata de María Teresa Marinovic, del partido de ultraderecha Republicanos.
«Lo ambiental y la demanda por el agua, y su priorización a la vida y no en la economía, se convirtieron en un discurso obligado para quienes aspiraban a ser representantes. En el fondo, la composición refleja una demanda ciudadana muy sentida», analiza la directora política de Greenpeace.
Es más, este sentido hacia la conservación y la seguridad hídrica quedó claramente reflejado también en la elección de gobernadores de la Región de Valparaíso, donde Rodrigo Mundaca, emblemático defensor ambiental de Modatima, ganó en primera vuelta por un abrumadora mayoría.
Lo expresado en la elección de gobernadores de la Región de Valparaíso, también se vio reflejado en la composición de la Convención Constitucional, en donde más de un tercio de lo convencionales independientes son declarados defensores ambientales en sus territorios.
Este es el caso de Constanza San Juan, activista ambiental contra Pascua Lama y vocera de la Asamblea por el Agua de Huasco; Marco Arellano, ambientalista que logró parar la planta de aguas servidas en Quilicura; Rodrigo Rojas, activista por el derecho ambiental, igualitario y participativo; Francisco Caamaño –quien resultó como el más votado de la Lista del Pueblo–, divulgador ambiental; Cristina Dorador, científica y activista antiextractivismo; Dayyana González, activista ambiental; Ivanna Olivares, activista ambiental contra Minera Pelambres y presidenta de la comunidad diaguita Taucán; José Martín, activista ambiental; María Trinidad Castillo, profesora de biología y activista por la sustentabilidad; Gloria Alvarado, que promueve una Constitución ecológica; Alvin Saldaña, antiextractivista, defensor ambiental del Movimiento por las Aguas y los Territorios; Camila Zará, quien aboga por fortalecer el derecho ambiental; Cristóbal Andrade, activista ambiental; Elsa Labraña, ecofeminista; Francisca Arauna, promotora del agua como derecho humano; Bastián Labbe, defensor ambiental por Santuario de la Naturaleza en Hualpén; y César Uribe, activista ambiental.
Para Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, «la ciudadanía definió constituyentes con este perfil, porque claramente existe un mayor nivel de conciencia ciudadana respecto a la problemática medioambiental, a la carencia de recursos básicos como el agua y la necesidad de que nuestra Constitución garantice esos recursos a las personas».
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en la actualidad existen 126 conflictos socioambientales, de los cuales 69 están activos, 33 permanecen latentes y 24 están cerrados. Los conflictos están presentes en todas las regiones del país, pero la región con más casos es la de Valparaíso con 21 conflictos, seguida de la Región de Los Ríos con 14, Los Lagos con 12 y Atacama con 11 conflictos socioambientales.
Ezio Costa, director ejecutivo de ONG Fima y profesor de la Universidad de Chile, valora como una «tremenda noticia» la integración de ambientalistas en la Convención Constitucional. «Las y los activistas ambientales en todo Chile son personas generosas que dedican parte importante de sus vidas a proteger lo común, muchas veces sufriendo costos muy importantes, amenazas y otros», destaca. «Las temáticas ambientales son de las más conflictivas a nivel nacional, por lo mismo. En cada territorio existe algún conflicto ambiental y sus patrones son muy similares: abuso de posiciones jurídicamente relevantes, en perjuicio del bien común y de los valores comunitarios».
Pamela Figueroa, del Observatorio Nueva Constitución, opina que en la discusión del reglamento de la Convención Constitucional se darán los primeros debates intensos, siendo uno de los temas a discutir el mecanismo por el cual se va a garantizar la transparencia, especialmente en lo relativo a los conflictos de intereses. Uno de estos mecanismos, en opinión de la directora política de Greenpeace, debiera ser la inhabilidad obligatoria para aquellos que tengan propiedad directa en derechos de aprovechamiento de aguas.
Camilo Mansilla, geógrafo de la Universidad Católica y colaborador de Modatima, elaboró una lista con los candidatos a constituyentes que presentaban conflictos de intereses por tener de forma directa, o a través de empresas donde participan o de familiares, derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea consuntivos (que se consumen) o no consuntivos (que se devuelven a los cauces). De ese universo, fueron elegidos 12 representantes que tendrían conflictos de intereses respecto del agua. De estos, 11 son militantes de partidos políticos tradicionales y uno fue elegido como independiente.
Según esta lista, se trataría de cinco constituyentes de Renovación Nacional: Harry Jürgensen Caesar, Luis Mayol Bouchon, Angélica Tepper Kolossa, Bernardo Fontaine Talavera y Manuel José Ossandón Lira. Tres serían de la UDI: Marcela Cubillos Sigall, Alfredo Moreno Echeverría y Martín Arrau García-Huidobro. Dos del PPD: Eduardo Castillo Vigouroux y Felipe Harboe Bascuñán. También, Fuad Chahin de la DC.
«La ley de la Nueva Constitución, 21.200, indica que los convencionales constituyentes estarán afectos a la ‘Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses’, por lo que en el reglamento deben fijarse las inhabilidades para discusiones de la propiedad del agua (privada, pública, comunitaria, etc.), de modo tal que predomine el interés general por sobre los intereses particulares de los convencionales», opina Mancilla.
