Opinión
La presión política y ciudadana que se ha observado en estas últimas semanas por una Renta Básica Universal de “Emergencia” se basa en una necesidad por aumentar montos, coberturas y duración de las medidas de apoyo; por disminuir los requisitos de acceso y por eliminar las condicionalidades. Sin embargo, es fundamental aclarar que una propuesta real de Renta Básica Universal (RBU), dista mucho de lo que hoy está siendo conversado. La RBU es una propuesta que lleva décadas en discusión y al día de hoy existe una vasta literatura que reflexiona académica y políticamente en esta medida. En paralelo, se ha desarrollado a nivel mundial una gama de experiencias piloto, que han permitido advertir posibilidades y dificultades en su implementación. A modo general, y en una versión purista, una RBU consiste en un ingreso permanente, universal, incondicional, individual, suficiente y con estatus de derecho (Standing, 2018). En este sentido, es fundamental entender que el adjetivo “Emergencia” de la propuesta levantada hasta hoy por parlamentarios de oposición, la hace muy distinta a lo que en términos globales se entiende por una Renta Básica Universal.
Las demandas que emergieron durante el estallido social en 2019 revelaron, en particular, una inconformidad ciudadana con las formas focalizadas e individualizantes de servicio, protección y seguridad social. Esto ha conducido a un debate en torno a la continuidad del modelo actual de Estado subsidiario y a la consolidación de sistemas de clasificación socioeconómica para la entrega de una asistencia social precaria y servicios sociales de baja calidad. En marzo del 2020, justo cuando se veía venir una segunda oleada de protestas, se desata en Chile la crisis sanitaria por el COVID-19. Es decir, Chile debió enfrentar esta crisis en crisis.
La crisis sanitaria y las medidas para controlarla han tenido efectos socioeconómicos gravísimos en las vidas de los chilenos y las chilenas. Baja radical en los ingresos, crisis alimentaria, aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, viejos y jóvenes, hombres y mujeres. Hasta la fecha, las acciones gubernamentales para hacerle frente, además de insuficientes, han sido inorgánicas, coyunturales, condicionadas a la evolución del contagio y sospechosas de la real situación de precariedad de los hogares.
Ante esto, a nivel parlamentario, se han logrado acuerdos impensados previo al estallido de octubre 2019, que han permitido romper limitaciones constitucionales para que la ciudadanía acceda de manera universal e incondicional a recursos en la emergencia. Ejemplo de esto han sido los emblemáticos tres retiros del 10% de los fondos individuales de capitalización para la seguridad social gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aun cuando los retiros del 10% han sido definidos como medidas “extraordinarias”, justificándose en la insuficiencia de las medidas tomadas por el propio Gobierno, es un hito político a doble nivel. Por un lado, porque anclado en la demanda social, ratifica la posibilidad de quebrar políticamente barreras de la Constitución del 80. Pero, por otro lado y de modo más general, corre el límite de lo posible con relación a sopesar el valor e importancia de contar con políticas universalistas, no focalizadas.
Por su parte, las medidas implementadas por el Gobierno de Sebastián Piñera han sido de carácter asistencial y se han basado en un modelo de focalización de transferencias monetarias directas (“paquetes de ayudas”): Bono COVID-19, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), reajuste al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), Bono Clase Media, Subsidio Protege 2021, entre otros. Este conjunto de medidas se despliega acoplado a un modelo de condicionalidad, que tiene una larga historia en el país y que en los últimos años se ha convertido en un referente internacional. Sin embargo, el exitismo tecnocrático de la focalización, hoy se ve fuertemente cuestionado.
A las demandas ciudadanas de poner fin al modelo de protección social individualizante y precario, alejado de las reales necesidades de las personas, se vino ahora a sumar el descrédito al sistema de focalización en el marco de la pandemia. Según se pudo observar, entre abril y junio del 2020, las necesidades sociales y económicas de los hogares como consecuencia de la pandemia, no estaban siendo advertidas por el Registro Social de Hogares, principal sistema de focalización. La vulnerabilidad o vulnerabilidades que el sistema tecnológico estaba programado para identificar no lograba dar respuesta o ajustarse a la realidad post-COVID-19, ya que la información se actualiza de manera tardía y variable según las bases de datos de los servicios que lo insuman (mensual, semestral o anual).
Desde entonces, el Gobierno impulsa medidas que, prometiendo ampliar coberturas, las restringe por la vía de la focalización y condicionalidad. Esto ha desencadenado una ola de críticas al Ejecutivo por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos (oficialistas y de oposición), fortaleciéndose lentamente una demanda por medidas de corte más universal.
La presión política y ciudadana que se ha observado en estas últimas semanas por una Renta Básica Universal de “Emergencia” se basa en una necesidad por aumentar montos, coberturas y duración de las medidas de apoyo; por disminuir los requisitos de acceso y por eliminar las condicionalidades. Sin embargo, es fundamental aclarar que una propuesta real de Renta Básica Universal (RBU), dista mucho de lo que hoy está siendo conversado.
La RBU es una propuesta que lleva décadas en discusión y al día de hoy existe una vasta literatura que reflexiona académica y políticamente en esta medida. En paralelo, se ha desarrollado a nivel mundial una gama de experiencias piloto, que han permitido advertir posibilidades y dificultades en su implementación. A modo general, y en una versión purista, una RBU consiste en un ingreso permanente, universal, incondicional, individual, suficiente y con estatus de derecho (Standing, 2018). En este sentido, es fundamental entender que el adjetivo “Emergencia” de la propuesta levantada hasta hoy por parlamentarios de oposición, la hace muy distinta a lo que en términos globales se entiende por una Renta Básica Universal. En otras palabras, si bien no quita que pueda ser el primer paso, debe entenderse solo como una medida de “emergencia”.
Las crisis entonces han allanado el camino para que propuestas más ambiciosas, que implican una reforma profunda en la forma de entender el Estado Social y aún más la organización del trabajo, la economía, los cuidados, etc., adquieran protagonismo. En otras palabras, se advierte que hoy se está poniendo en relación una demanda social, económica y sanitaria, asociada a la urgencia, con una demanda política, de carácter estructural, dirigida a poner término al legado normativo y al proyecto de desarrollo neoliberal de la dictadura. En particular, tenemos la oportunidad de ser testigos de cómo el modelo de política social chileno se podría deshacer de dos de sus principales pilares: la hiperfocalización y la condicionalidad.
En este sentido, es importante impulsar un debate sobre alternativas para revisar el modelo de los Estados Sociales actuales, la protección social y la provisión del bienestar, intentando, tal como hasta ahora hemos visto que somos capaces, correr el límite de lo posible en materia social. De ser así, podremos decir que, paradójicamente, la desesperación de la emergencia pandémica y el desencanto ciudadano que reclama que la dignidad se haga costumbre, se habrán convertido en una oportunidad.
